El cambio de sede social, una “medida preventiva” sin efectos en el empleo

Colonial, MRW, Abertis, Adeslas y VidaCaixa, Torraspapel y Cellnex se sumaron este lunes a la lista de grandes compañías que cambian su domicilio social ante una posible independencia de Cataluña. Planeta y Cola Cao lo harán si esa declaración se produce. El indudable impacto de estas decisiones en la imagen de la economía catalana contrasta con el bajo coste que suponen para las empresas y el nulo efecto que implicarán para su operativa. “En la práctica, el cambio no tiene más que efectos técnico-administrativos, de documentación”, aseguran fuentes financieras. De hecho, dejan claro que no habrá repercusión alguna en las plantillas, “el traslado de algún empleado, pero poco significativo, residual en entidades que, como ocurre con Caixabank, cuentan con más de 30.000 trabajadores”.

También consideran que será “residual” el efecto del cambio de sede en la factura fiscal de estas empresas. “Las torres de Caixabank en la Diagonal de Barcelona seguirán allí y continuarán pagando [al Ayuntamiento] los mismos impuestos de bienes inmuebles o de basuras, por ejemplo”, detallan las citadas fuentes. El traslado no implica la apertura de nuevas oficinas en otras ciudades o comunidades autónomas, puesto que las compañías mueven su sede social a lugares donde ya están presentes. El impuesto de sociedades, que supone el grueso de esa factura, es un tributo estatal, que recauda la Agencia Tributaria, por lo que su importe no variará. Sólo lo harán los impuestos autonómicos y municipales –impuesto de actividades económicas, de transmisiones patrimoniales–. Pero esa alteración será “ínfima”, añaden. Además, por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, por ejemplo, sólo tributan en este momento las reducciones de capital y las disoluciones societarias. Y la mayoría de estas empresas han anunciado su cambio de sede con carácter temporal, “en tanto se mantenga la situación” en Cataluña, como es el caso de Gas Natural. Por lo que es previsible que no lleguen a verse en la tesitura de tener que ejecutar ninguna de esas operaciones.

De hecho, el cambio de domicilio social sólo supone una modificación de los estatutos de la empresa y su comunicación al Registro Mercantil y la CNMV, explica Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense. También que, a partir de ahora, la junta general de accionistas deberá celebrarse en el nuevo término municipal donde haya quedado establecida la sede social. Pero no necesariamente, sólo si así lo indican los estatutos de la compañía. En realidad, podría celebrarse en cualquier otra ciudad, explican las fuentes financieras consultadas por infoLibre. Incluso los consejos de administración pueden celebrarse por videoconferencia. “No es ningún drama”, insisten.

César Giner Parreño, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, defiende además que el decreto del Gobierno que facilita a las empresas la mudanza inmediata “no priva a los accionistas de su capacidad de decisión”. La norma permite que sea el consejo de administración, y no la junta de accionistas, el que apruebe el cambio de sede. “Si el traslado fuera internacional, sí tendría consecuencias para los accionistas o implicaciones fiscales, pero siendo dentro del territorio nacional, no se les hurta nada”, destaca Fernández Torres.

“Protegemos los intereses de inversores y clientes”

“Con el cambio de domicilio social las empresas lanzan un mensaje claro a los inversores y accionistas: protegemos sus intereses”, resume Giner Parreño. “Una medida preventiva”, la definen las fuentes financieras citadas. “Los bancos están diciendo a clientes, inversores y empleados: ‘Sigo tutelado por el BCE”. Y por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta los 100.000 euros por cuenta. Es lo que Moody’s ha subrayado este lunes calificando de “positivo” el traslado de sede social de Caixabank y Banco Sabadell, porque clientes y acreedores “continuarán bajo el marco legal de España y la Unión Europea si Cataluña se independiza”. Aunque la agencia de calificación también considera que la probabilidad de que eso ocurra es “baja”, sí pronostica que continuarán las tensiones políticas y que éstas pueden causar “volatilidad en la financiación y en la actividad empresarial”. Pero no “efectos materiales inmediatos” en otros bancos españoles.

Lo cierto es que las fuentes financieras consultadas por este periódico admiten que las entidades catalanas han perdido “bastantes” depósitos, aunque matizan que no en un volumen “significativo en términos de liquidez”. “No ha sido alarmante”, concluye.

En la sesión de este lunes en Bolsa, CaixaBank se ha revalorizado un 1,47%, hasta alcanzar los 4,14 euros por acción, lo que acerca su cotización al nivel que tenía antes del 1-O. Las acciones del banco llegaron a caer por debajo de los cuatro euros, tras acumular un recorte del 7,78% en sólo tres días. BancoSabadell ha subido un 0,91%, hasta 1,67 euros, tras haber perdido un 9,9% antes del 1 de octubre.

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La gran patronal catalana reaccionó a última hora del lunes a la marcha de empresas de Cataluña que puede conducir incluso a la “insolvencia económica” de la comunidad autónoma, según advierte en un comunicado emitido tras celebrar su comité ejecutivo una reunión extraordinaria. Foment del Treball asegura que a las grandes compañías las están siguiendo también “centenares de empresas de menor tamaño, que podrían ser miles”. La organización empresarial asegura que se están “suspendiendo nuevas inversiones” y que “las reservas turísticas se han reducido en un 50%”, mientras “numerosos clientes de fondos de inversión trasladan sus cuentas fuera de Cataluña”. “Sin empresas no hay país y perderlas nos empobrece”, resume el comunicado.

De esta respuesta de las empresas Foment del Treball culpa al “incierto camino elegido por fuerzas políticas con una estrecha mayoría en el Parlament, que a su juicio ha traspasado las fronteras de la ilegalidad llevando al país hacia el descrédito nacional e internacional”.