SegurCaixa rescinde la póliza de seguros con el Parlament ante el aumento del riesgo

SegurCaixa Adeslas, aseguradora participada por Mutua Madrileña y La Caixa, ha rescindido la póliza de seguro de responsabilidad civil que tenía con el Parlamento catalán al haber cambiado las condiciones del contrato por un agravamiento del riesgo de la situación en Cataluña a la luz de los últimos acontecimientos, informaron a Europa Press en fuentes próximas a la compañía.

La aseguradora ha tomado nota de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por el Parlamento catalán, lo que, a su juicio, supone un cambio en las condiciones de la póliza que no es asumible.

SegurCaixa Adeslas ha comunicado la rescisión de la póliza mediante una carta remitida al Parlament y que ha sido difundida en la mesa de la cámara.

El consejo de administración de SegurCaixa Adeslas aprobó el pasado 9 de octubre el traslado de su sede social de Barcelona a Madrid. La empresa está integrada en el grupo empresarial de Mutua Madrileña desde 2011 y su nueva sede social, tras el acuerdo adoptado por su consejo, se ubicará en la Torre de Cristal de Mutua Madrileña, situada en el Paseo de la Castellana de Madrid, donde desde hace varios años ya se ubican las oficinas principales de la empresa y la mayor parte de las áreas de gestión.

SegurCaixa Adelas, cuyo presidente ejecutivo es Javier Mira, quien también es director general de Mutua Madrileña, es a través de la marca Adeslas la aseguradora española líder en salud, con un 25% de cuota de mercado a nivel nacional. Cuenta con el mayor cuadro médico de España (alrededor de 43.000 profesionales) y más de 3,6 millones de clientes en este ramo.

El Parlament estudiará su relación con la empresa

El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Lluís Guinó, ha calificado este martes de "injustificable" la decisión de SegurCaixa Adeslas y ha avisado de que la cámara estudiará su relación con la empresa.

En declaraciones a los medios en el Parlament, ha dicho que se trata de una decisión "claramente política" y en ningún caso jurídica, y ha recordado que la compañía ha decidido recientemente trasladar su sede social a Madrid.

Ha defendido que, "desde un punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido" el argumento que ha dado la compañía para rescindir el contrato, puesto que se ha referido al riesgo que supone la ley de transitoriedad jurídica, que ya ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y que no ha entrado en vigor en ningún momento.

Guinó lamenta que la compañía haya decidido "unilateralmente resolver el contrato porque ha considerado que las circunstancias han cambiado" desde que se firmó el contrato, y ha asegurado que por el momento el Parlament no da por válida esta justificación y cuenta con que la empresa sigue ofreciendo cobertura.

"No reconocemos los efectos de la decisión porque no tiene fundamento jurídico; entendemos que está vigente y que, si hay un incidente, deberá responder", y por ello la Mesa ha pedido un informe jurídico para poder abordar la situación de la compañía.

En caso de que finalmente no se "rectifique o renegocie" el contrato, el Parlament estudiará a medio plazo cambiar todos sus seguros a otras compañías: a corto plazo, contratará a otra entidad que cubra el vacío que se ha generado en el ámbito de responsabilidad civil.

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No descarta acciones judiciales

Tampoco descarta emprender "acciones judiciales" contra la decisión de la compañía, puesto que se ha hecho de manera unilateral y sin avisar, ha criticado.

"Si una empresa no quiere asegurar al Parlament, hay multitud de compañías que seguramente estarán encantadas de trabajar con el Parlament", ha sentenciado Guinó.