Dos exresponsables de la Associació Catalana de Municipis admiten que saquearon la entidad para rebajar sus condenas

El exsecretario general de la Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Matas y el exjefe de servicios jurídicos de la entidad Francesc Xavier Solà, antiguos dirigentes de CDC, han reconocido que saquearon sobre un millón de euros de la asociación y han aceptado una pena de 23 meses de cárcel, que al ser inferior a dos años podría servirles para no ir a prisión.

En la sentencia, que llega tras un pacto de conformidad entre la Fiscalía y la defensa que evitó el juicio, la Audiencia de Barcelona les ha condenado también a tres años de inhabilitación; todo ello por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental y con el atenunante de reparación de daño al haber devuelto al dinero.

Matas, que fue secretario general de la ACM de 1999 a 2011, tenía el control de la caja de la entidad —que se nutre sobre todo de fondos públicos— porque aunque teóricamente estaba sometido a los órganos colegiados y representativos, en realidad actuaba sin trabas: el comité ejecutivo se limitaba a aprobar la propuesta de presupuesto "genérica y sin detalle" que él presentaba.

Por su parte, Solà ejerció de jefe de los servicios jurídicos desde 2000 hasta julio del 2007, año en que concurrió a las elecciones municipales de Vic (Barcelona) en la lista de CDC y fue designado primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo.

Con el control total de las contrataciones y gastos de la ACM, Matas lo que hizo para lucrarse fue interponer sociedades que controlaba él mismo —Parés i Solé y Tresserres Imatges Corporatives— en la contratación y facturación de determinados servicios para la entidad municipalista.

Estos servicios o bien eran prestados por terceros proveedores, pero su precio se incrementaba ilícitamente al frente de la ACM, o bien eran total y completamente falsos, todo ello para beneficio económico del propio Matas, siempre según la sentencia de conformidad.

Por su parte, Solà se sumó a Matas en esta mecánica en un proyecto muy determinado sirviéndose de la sociedad Esports i Lleure controlada por él, y con igual ánimo de lucro.

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Destino de los fondos

Matas invirtió el dinero desviado de la ACM en adquirir un significativo patrimonio inmobiliario —un apartamento en L'Escala (Girona), un piso en Vic y una vivienda unifamiliar en Centelles (Barcelona)— y en "la compra de vehículos de gama alta para su exclusivo disfrute", recoge el fallo.

Por su parte, Solà utilizó los fondos desviados de la entidad municipalista para pagar el precio de una segunda residencia en Cadaquès (Girona), según él mismo ha reconocido en la sentencia de conformidad.