La disolución del partido de la oposición marca el final de la democracia en Camboya

Hun Sen, el hombre fuerte de Camboya desde 1985, ya lo había pronosticado a finales de octubre. Estaba seguro en “un 99%” de que el Tribunal Supremo, que preside una persona cercana a él, ordenaría la disolución del principal partido de la oposición camboyana. Ahora ya es una realidad. El pasado jueves 16 de noviembre, la Justicia camboyana ordenó la disolución del Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP), acusado de traición. Esta decisión supone el culmen de una campaña de represión de la oposición que dio comienzo en agosto.

Con la disolución del CNRP, Hun Sen elimina al único partido que podría haberle arrebatado la victoria en las elecciones generales de julio de 2018. “El primer ministro parece que temía perder las elecciones y ha recurrido a la opción nuclear para destruir a la oposición”, señala Brad Adams, director para Asia de la ONG Human Rights Watch.

Como consecuencia de esta decisión, las competencias de los representantes locales y nacionales del CNRP van a ser redistribuidas entre otros partidos –Partido del Pueblo Camboyano incluido, el CPP de Hun Sen– a menos que estos cargos electos pasen a engrosar las filas del Gobierno. De momento, sólo un diputado ha aceptado esta oferta. En la Asamblea Nacional, los escaños de los diputados en su mayoría recaerán en el partido realista Funcinpec, que obtuvo menos del 4% de los votos en las últimas elecciones legislativas, mientras que el partido del primer ministro recuperará la casi totalidad de los cargos locales. El Tribunal Supremo también ha inhabilitado por un periodo de cinco años a 118 miembros de la oposición.

Para los analistas de la vida política camboyana, la disolución del CNRP no ha sido ninguna sorpresa. En febrero, y después en julio de 2017, se introdujeron enmiendas a la ley de partidos políticos, incluyendo con ellas la posibilidad de acabar con un partido “que conspira con criminales” o “que amenaza la seguridad nacional”. A Kem Sokha, presidente del CNRP, detenido desde el 3 de septiembre, se le acusa de traición por mencionar, en un encuentro con la diáspora camboyana, los consejos recibidos de especialistas norteamericanos, dirigidos a favorecer una alternancia democrática en Camboya. Más de la mitad de los diputados del partido en la oposición tienen, en estos momentos, la condición de refugiados en el extranjero, donde algunos han iniciado la petición de asilo. El expresidente del CNRP, Sam Rainsy, en el exilio en París desde 2015, ya fue condenado en rebeldía en 2016 por “difamación”.

La Justicia camboyana es conocida por su falta de independencia frente al poder, según ha documentado, en un informe reciente, la Comisión Internacional de los Juristas. El presidente del Tribunal Supremo, Dith Munthy, hombre próximo a Hun Sen, desde los 80 forma parte del comité permanente del CPP, una de las más altas instancias del partido en el Gobierno.

El CNRP, fundado en 2012, nace de la fusión entre el Partido de los Derechos Humanos, dirigido por Kem Sokha, y el Partido de Sam Rainsy, dos formaciones cuyos dirigentes están vinculados al funcionamiento democrático de las instituciones, rechazando comprometerse con el Gobierno de Hun Sen.

Sam Rainsy, exministro de Finanzas entre 1993 y 1994, apartado del Gobierno por sus posicionamiento demasiado firme en la lucha contra la corrupción entonces endémica, cultivó durante mucho tiempo su imagen de paladín del liberalismo político y del Estado de Derecho en muchas embajadas occidentales, azuzando el sentimiento antivietnamita en sus intervenciones con la población camboyana. Por su parte, Kem Sokha ha dirigido el Centro camboyano para los Derechos Humanos, financiado inicialmente por el International Republican Institute, una organización americana próxima al Partido Republicano, antes de fundar el Partido de los Derechos Humanos.

El CNRP se constituyó tras los buenos resultados electorales registrados por la alianza de estos dos partidos en las elecciones locales de 2012. Pese a los casos de fraude, denunciados sobre todo por la ONG Human Rights Watch, se encuentra muy cerca, en los resultados de las elecciones legislativas de 2013 y de las elecciones locales de 2017, del partido en el poder, hasta el punto de convertirse en una amenaza para el CPP, cuya reputación entre la población se encuentra mermada por la corrupción y el clientelismo. Tal y como apunta Sebastián Strangio, periodista y autor de Hun Sen’s Cambodia (La Camboya de Hun Sen, Yale University Press), estas victorias deben enmarcarse en el cambio demográfico del electorado camboyanos: más de un tercio de los electores tienen menos de 30 años y, por tanto, son menos permeables a la fórmula política que dio el éxito al CPP, basado en la promesa de estabilidad política y en el acceso a los servicios básicos, en un país agotado por el régimen de los jemeres rojos y la guerra civil posterior.

Un primer ministro en el poder desde hace más de 30 años

Hun Sen, exjefe de los jemeres que desertó a Vietnam antes de que el país pusiera fin al régimen del terror de Pol Pot, es uno de los jefes de Gobierno de más edad del mundo y ya lleva más de 32 años en el poder. Tras llegar con el Ejército vietnamita en 1979 como ministro de Asuntos Extranjeros, poco a poco se hizo con el régimen de Hanoi. Marcado por el rechazo de los países occidentales a reconocer el régimen de los vietnamitas –los jemeres rojos representaron a Camboya en la ONU hasta finales de los 80–, a menudo recuerda que Estados Unidos, que apoyó un golpe de Estado y que realizó bombardeos masivos en el país, al margen de la guerra de Vietnam, no le puede dar lecciones.

El hombre fuerte de Camboya, de 65 años, anunció que pretendía permanecer otros 10 años más en el poder. Adepto a la estrategia del palo y de la zanahoria, ha logrado permanecer en el Gobierno gracias a una amplia red clientelar, amenazando regularmente al país con una guerra civil en caso de alternancia. En 1997, materializaba un golpe de fuerza en Phnom Penh. Las tropas fieles a Hun Sen redujeron a la facción realista con la que debían compartir el poder, torturaron y ejecutaron a varios responsables militares rivales y efectuaron saqueos. Desde que se convirtió en primer ministro, el país ha conocido diferentes oleadas de asesinatos de opositores, el último el del analista político Kem Ley, abatido en julio de 2016 delante de una gasolinera de Phnom Penh. Ninguno de estos asesinatos ha sido objeto nunca de una investigación independiente en profundidad, tal como recuerda Amnistía Internacional en su último informe anual.

Los medios de comunicación independientes y la sociedad civil camboyana, especialmente dinámicas, dada la relativa libertad de la que gozan hasta ahora, comparado con sus países vecinos del Sureste de Asia, pagan las consecuencias de la actual campaña de represión. El Cambodia Daily, uno de los dos grandes diarios en lengua inglesa del país, sacaba su última edición a comienzos de septiembre, después de 24 años. Un mes antes, el Gobierno le había reclamado, de buenas a primeras, 6,3 millones de dólares, en concepto de impuestos impagados, sin que mediase auditoría previa alguna de las autoridades fiscales. Días después, más de una docena de radios independientes perdía la licencia para emitir; a finales de agosto, los empleados norteamericanos del National Democratic Institute eran expulsados; a mediados de septiembre, dos empleados de Mother Nature, una asociación que lucha contra la explotación ilegal de recursos, eran detenidos y la ONG, disuelta; el Comfrel, un colectivo de organizaciones que trabajan por la democratización de Camboya, era considerado coconspirador durante la audiencia en el Tribunal Supremo.

Discurso antiamericano y acercamiento a China

La actual deriva autoritaria ha estado marcada por referencias constantes a un complot orquestado por Estados Unidos para acabar con el régimen. Después del arresto del presidente del CNRP, Hun Sen declaraba que “detrás de Kem Sokha siempre se encuentra la misma mano, la de Norteamérica”. Las acusaciones de complot, que motivaron su detención, se basan en el vídeo de una conferencia dada en 2013, en la que el líder opositor dijo haber recibido el apoyo de Estados Unidos para formar una oposición democrática. Afirmó, en resumen, que le habían animado a crear el Centro Camboyano por los Derechos Humanos, fundado en 2002. El régimen se ha referido, en numerosas ocasiones, a la existencia de conspiración para llevar a cabo una “revolución de color” en Camboya, pasando por alto que estas revoluciones se han caracterizado por movilizaciones masivas de ciudadanos contra regímenes corruptos y autoritarios. A mediados de septiembre, un portavoz del Gobierno anunciaba la creación de un think thank chino-camboyano para estudiar las causas de las revoluciones de color y emitir recomendaciones para prevenirlos.

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Camboya, recientemente, ha experimentado un acercamiento a China en el panorama internacional. Según Chheang Vanharith, investigador asociado en el Instituto de Estudios de Asia del Sudeste, con sede en Singapur, la atracción de Camboya por China se “explica por el apoyo chino a las élites camboyanas para contrarrestar las presiones de Estados Unidos y de sus aliados relacionados con la democracia. Camboya se beneficia también del poderío económico chino, que ahora es el principal donante e inversor en el reino”. Los países miembros de la OCDE (entre los que no se encuentra China) han reducido sensiblemente la ayuda al desarrollo con destino a Camboya desde 2015.

Si bien el reino camboyano nunca ha sido verdaderamente con un Estado de derecho, numerosos analistas políticos consideraban el pasado viernes que asistimos al fin “de la democracia” en Camboya. Según el director adjunto de Human Rights Watch para Asia, Phil Robertson, se trata de un “asesinato político de los Acuerdos de París” de 1991, que pusieron fin a la guerra civil y supusieron el comienzo de la experiencia democrática camboyana.

Traducción: Mariola Moreno