El trámite del cupo vasco abre el frente de la financiación autonómica en plena crisis territorial del Estado

En plena tormenta soberanista en Cataluña, con la autonomía catalana intervenida y elecciones autonómicas a la vista, la renovación del cupo vasco ha agotado la paciencia de las comunidades autónomas socialistas que se sienten más perjudicadas por el vigente modelo de financiación autonómica. Y amenaza con abrir nuevas grietas en la cada vez vez más debilitada estructura territorial del Estado.

El Pleno del Congreso aprobará este jueves los proyectos de ley de renovación del concierto económico con Euskadi y del cupo vasco negociados por el Gobierno del PP y la Lehendakaritza del PNV. Una votación normalmente rutinaria, de no ser por el enfado con el que varias comunidades han recibido la noticia, hartas de esperar que el Ejecutivo abra la negociación de la financiación autonómica.

Esta vez, además, y en contra de lo que hasta ahora era habitual, dos partidos relevantes (Ciudadanos, socio indispensable del PP para gobernar, y Compromís, con responsabilidades ejecutivas en la Comunitat Valenciana) rechazarán el régimen foral, lo que, pese a que el modelo sigue contando con un amplio respaldo parlamentario (PP, PSOE, Unidos Podemos y PNV) abre la puerta a un debate hasta ahora inédito en el Congreso en torno a la excepción fiscal de Euskadi y Navarra, los únicos territorios que recaudan primero sus impuestos y negocian después qué porcentaje ceden al conjunto del Estado.

Tras su aprobación, la Cámara baja enviará ambos proyectos al Senado, donde se debatirán y aprobarán definitivamente en el Pleno de la próxima semana, previsiblemente el miércoles, según confirmaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

La última vez que el Congreso avaló la financiación especial del País Vasco fue en 2014, cuando se renovó la Ley del Concierto. En aquella ocasión sólo fueron siete los diputados que votaron en contra, esto es, un 2% del hemiciclo: los cinco de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y dos del PP —entre ellos el entonces portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso—, aunque en su caso fue por error.

El partido de Albert Rivera, en plena campaña electoral en Cataluña, fue el primero en anunciar su rechazo y avanzó que presentaría sendas enmiendas para tratar de tumbarlos, por considerar que “alimentan el agravio comparativo” con las comunidades de régimen común. Sin embargo, la “especial naturaleza” del concierto y el cupo vascos, resultado de una negociación bilateral, hace que el Congreso no pueda introducir modificaciones: solo se puede aprobarlos o rechazarlos.

¿Los motivos de Ciudadanos? Las "implicaciones increíbles" que, sostienen, el cálculo del cupo tendrá “en los bolsillos y los impuestos de los españoles”. Rivera reclama un debate en el Congreso sobre “todo lo que [el cupo] drena del resto de las comunidades y de los servicios públicos” en virtud de un acuerdo suscrito “en un cuarto oscuro” por el PP, el PSOE y el PNV para el quinquenio 2017-2021. El pacto, sostiene el líder de Ciudadanos, implica tratar a Euskadi como una región pobre pese a tener el segundo PIB per cápita más alto de España, resulta “injusto, insolidario y opaco” y es el resultado de un “cambio de cromos” del bipartidismo con el nacionalismo vasco.

En contra de lo que el cupo prevé para los próximos años, no del modelo en sí, también votará esta vez Compromís. Lo hará como acto de “rebeldía” contra el Gobierno, porque le parece “indecente” que el Ejecutivo prime a Euskadi frente a territorios “maltratados”, como la Comunitat Valenciana, sólo para garantizarse un apoyo a los Presupuestos y asegurarse, por tanto, “una año más en La Moncloa”.

La ley quinquenal del cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones. La cifra base del cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio lo que en realidad entregue el País Vasco al resto de España variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.

Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo de la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.

Finalmente, las dos partes pactaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.

El compromiso de Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a que ambas leyes estarán aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, tal y como pactó Rajoy en su día con el Gobierno vasco del PNV.

Claro que Montoro también se había comprometido con las demás comunidades a reformar este año el modelo de financiación autonómica y no parece que vaya a darse tanta prisa como con Euskadi. Este miércoles el ministro de Hacienda declaró en el Congreso que sería "ideal" que los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que espera llevar al Congreso “cuanto antes”, contuvieran “los términos fundamentales” del nuevo modelo. Fue apenas unas horas después de que su departamento asumiese que no iba a ser posible cerrar la reforma del sistema antes de finales de año y de remitir su negociación, además de al diálogo con las comunidades, a la comisión de evaluación del modelo territorial recientemente constituida en el Congreso a instancias del PSOE.

La negociación autonómica es, de hecho, el único tema que el PP parece interesado en incluir en la agenda de esa comisión, que casualmente echa a andar este jueves y en la que los socialistas pretendían abrir un diálogo sobre el encaje de Cataluña en España que sirviese de salida a la crisis soberanista y estableciese una hoja de ruta viable para la reforma la Constitución.

Para que las líneas básicas del nuevo modelo se incluyan en los Presupuestos de 2018, el Gobierno necesita, en palabras del ministro, que “en estas semanas” se lleve a cabo “un trabajo en términos políticos”.

Este viernes está previsto que las comunidades autónomas entreguen sus alegaciones al informe elaborado por expertos que se presentó en verano. Pero el anuncio de que el cupo vasco ya estaba listo ha desatado la indignación de algunas comunidades, hartas de esperar a que Montoro abra la negociación del nuevo modelo.

La primera en estallar fue presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que exigió al Gobierno que lleve una propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades tengan la seguridad y la garantía de que no van a entrar en una nueva prórroga. Díaz se mostró molesta con la decisión del Gobierno de solucionar la financiación vasca sin atender la de las demás comunidades. “Lo razonable en este momento es que ambos marcos fueran de manera paralela, la financiación autonómica y el cupo vasco”, señaló.

La siguió el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, según el cual, aunque el cupo vasco "no va en contra de los intereses de la Comunitat", su deber es “defender con uñas y dientes” que haya un nuevo modelo de financiación “antes de fin de año”, tal y como se comprometió a hacer Rajoy en la última Conferencia de Presidentes. En la misma línea se pronunciaron los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.

El Ejecutivo de Puig, que gobierna en coalición con Compromís, ha propuesto al Gobierno que, si no va a ser capaz de acordar un nuevo modelo, al menos le condone la deuda derivada de la infrafinanciación de los últimos años, que cifra en 20.000 millones, lo que daría “oxígeno” a la administración valenciana.

La también socialista Francina Armengol, presidenta de Baleares, ha guardado silencio. En los últimos meses, su gobierno trabaja de manera bilateral con el Ejecutivo de Rajoy en un régimen especial fiscal para las islas, similar al que tiene ya Canarias y que Hacienda se ha comprometido a remitir al Congreso en breve. El objetivo es compensar la peculiaridad insular de esta comunidad autónoma y que tenga “reflejo presupuestario” al menos desde 2019.

Sánchez trata de controlar la situación

En todo caso, el enfado ha adquirido tal proporción que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tuvo que llamar a todos sus presidentes autonómicos para justificar el respaldo socialista al cupo, cerrar filas y tratar de fijar una posición común. Todo el PSOE exigirá que antes del 31 de diciembre el Gobierno presente una propuesta de revisión del modelo.

La dirección del PSOE hace también suyo el malestar de sus presidentes y asume que le hubiera gustado que la propuesta del Gobierno hubiera llegado antes que el nuevo cupo vasco pactado entre el Gobierno de Rajoy y el Ejecutivo vasco. No obstante, “no podemos bloquearlo", advierten desde Ferraz fuentes citadas por Europa Press, en respuesta a las voces del partido que, en privado, se quejan de que Sánchez no haya aprovechado la negociación del cupo y de los Presupuestos Generales del Estado para forzar a Rajoy a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica.

Llegados a este punto, en Ferraz nadie defiende ni siquiera amagar con no apoyar el cupo vasco, porque supondría abrir un frente en Euskadi equivalente a la recogida de firmas contra el Estatut de Cataluña, uno de los ingredientes que están en el origen de la actual crisis soberanista catalana.

El cupo vasco ya había sido cuestionado este año por parte de las comunidades que se sienten más perjudicadas. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y portavoz del Consell, Mónica Oltra, advirtió en mayo de que “el cupo vasco es como un misterio de Fátima, falta de transparencia en cómo se distribuye el dinero, nadie sabe muy bien cómo se calcula, está como en una nebulosa” y “los ciudadanos tenemos derecho a saber qué criterios se aplican a la hora de distribuir el dinero” y “por qué una comunidad autónoma puede tener 2.500 euros más por habitantes que otra”.

El pasado lunes, Pedro Sánchez exigió al Gobierno que "cumpla con sus compromisos" y le tendió la mano para sentarse y abrir un proceso de negociación sobre esta cuestión.

Con la financiación autonómica en el horizonte y en medio del Pleno del Congreso que debe aprobar la ley del cupo vasco, fuentes de Moncloa rechazaron este miércoles que el Gobierno esté dispuesto a negociar un pacto fiscal con Cataluña, algo que, según subrayan, es "constitucionalmente imposible".

PP, PNV y Unidos Podemos, partidarios de aprobar el acuerdo entre los gobiernos de Rajoy y Urkullu, han acusado a Ciudadanos de "populismo" y de "oportunismo”. Y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, acusó a Ciudadanos de “abanderar una cruzada contra el Concierto y el cupo”.

Los conciertos económicos vasco y navarro se basan en los derechos históricos reconocidos a los territorios forales –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– y que fue aprobado en su forma actual en mayo de 1981, cuando todavía gobernaba UCD.

Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años y que negocian los gobiernos del País Vasco y Navarra y el Gobierno central, ambas comunidades autónomas recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–.

Después, pagan un porcentaje de los gastos al Estado, lo que se conoce como el cupo, para que éste financie las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública. Ese porcentaje es el 6,24%, la contribución del País Vasco al PIB nacional, y del 1,6% en el caso de Navarra.

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También contribuyen al Fondo de Compensación Interterritorial en ese porcentaje, pero no a los otros fondos de solidaridad entre comunidades autónomas: los de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Competitividad y de Cooperación.

Por lo que se refiere al modelo vigente de financiación de las demás comunidades, un estudio del Institut d’Economia de Barcelona, con cifras de 2014, sostiene que las más beneficiadas por los actuales mecanismos de nivelación del sistema son Cantabria y La Rioja, que ya antes de aplicarse estos fondos se encuentran por encima de la media en cuanto a recursos. 

La más perjudicada, según la misma fuente, es la Comunitat Valenciana, que termina con menos recursos después de utilizar los fondos de solidaridad autonómica y ya antes está por debajo de la media. Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades más ricas, son también las que más recursos pierden. Canarias los duplica gracias a los mecanismos de nivelación, y Extremadura los aumenta un 56%. Andalucía los incrementa un 17%.