El número dos de Cospedal ignoró a los empresarios que en septiembre le denunciaron por carta las irregularidades en los contratos de la Armada

Un grupo de pequeñas y medianas empresas envió el pasado 1 de septiembre una carta al secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, en la que le pedían una entrevista para entregarle toda la información que poseen sobre posibles irregularidades en la adjudicación de los suministros de uniformes –ropa y calzado– de la Armada. En la carta, a la que ha tenido acceso infoLibre, las empresas denunciaban la “adjudicación indiscriminada” de expedientes de vestuario al grupo Iturri, propiedad de una tía del responsable de la Dirección de Abastecimiento y Transporte, el general Jesús Franco Suanzes, responsable de la concesión de los contratos.

El documento tuvo entrada en el registro de Defensa el 4 de septiembre. Pero el secretario de Estado no contestó a los remitentes. Por consiguiente, enviaron una segunda carta el pasado día 20 de noviembre, reiterando su solicitud de entrevista y sus reclamaciones. Las empresas, proveedoras de Defensa, denuncian su “indefensión” ante la existencia de una “relación familiar y directa” del general Franco con la empresa Iturri, así como una “relación personal” entre este grupo sevillano y el coronel Javier Bellas Dublang, segundo de la Dirección de Abastecimiento y Transporte.

También critican el elevado número de contratos negociados sin publicidad que este departamento adjudica “a precios no competitivos”. Así que informan a Agustín Conde de que han enviado toda la documentación en su poder a la Fiscalía Anticorrupción, toda vez que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha rechazado sus recursos.

infoLibre ha preguntado a Defensa por el destino de la carta enviada por este grupo de sus proveedores y por qué no se les concedió audiencia. El ministerio indica que este tipo de denuncias se envían a la Fiscalía Militar, pero que no puede precisar qué ocurrió con ésta en concreto porque recibe miles de ellas. Tampoco aclaró por qué no se recibió a los denunciantes.

Primero ante el Tribunal de Recursos, luego al fiscal

Como ha desvelado este periódico, la Fiscalía Anticorrupción está investigando las adjudicaciones de uniformes de la Dirección de Abastecimiento de la Armada. De las 28 licitaciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado –que sólo se retrotrae hasta septiembre de 2015 para contratos de ropa y calzado de la Armada–, 11 han sido adjudicadas a Iturri en solitario o en UTE con otras tres empresas: El Siglo 1870, Fecsa y Gauzón. Del total, 20 son contratos negociados sin publicidad. Además, el grupo ha conseguido otras cinco adjudicaciones en pertrechos, camiones contraincendios y equipos de protección. En lo que va de año, la Armada ha concedido a Iturri, sólo en ropa y calzado, adjudicaciones por al menos 1,33 millones de euros, más otros 604.460 euros en 2016, según los datos obtenidos en la Plataforma de Contratación del Estado.

El grupo Iturri, uno de los mayores fabricantes de equipos y material militar de España, los preside María Luisa Franco Revilla. La empresa fue fundada en 1947 en Sevilla por Juan Iturri Gisbert, que se casó en 1960 con María Luisa Franco Revilla, hija del entonces teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo. A su vez, el teniente general era primo del dictador Francisco Franco, además de su ayuda de cámara durante años. Alcanzó notoriedad en 1976, una vez muerto el Generalísimo, cuando Planeta publicó sus memorias, Mis conversaciones privadas con Franco, en las que dejaba escapar un “espantoso resentimiento” hacia su primo y su esposa, Carmen Polo, según publicó entonces en El País el historiador Ricardo de la Cierva.

Desde 2015, el director de Abastecimiento y Transporte de la Armada es el general Jesús Franco Suanzes, cuyo abuelo fue Hermenegildo Franco Salgado-Araujo, hermano del ayuda de cámara del dictador. Es decir, el padre del general y María Luisa Franco Revilla son primos. Fuentes de la Armada aseguran que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. “En este caso, sería el cuarto grado, por lo que es legal”, precisan. 

Las empresas que han denunciado las supuestas adjudicaciones irregulares las recurrieron antes ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre las supuestas irregularidades citaban que la Armada fracciona los contratos –divide en varios concursos un mismo suministro para reducir su importe y adjudicarlo a dedo como contrato menor o negociado sin publicidad, una práctica prohibida por la ley–. 

En los dos últimos años, la Armada licitó 14 contratos de vestuario por el procedimiento negociado sin publicidad y por importes que apenas rebajaban en unos euros el máximo permitido para esta figura contractual: 60.000 euros. Son la mitad de los contratos de ropa y calzado que sacó a concurso la Dirección de Abastecimiento y Transporte desde septiembre de 2015. En un caso el importe fue de 59.999 euros, mientras que en siete contratos ascendía a 59.991,74 euros. En otro sólo se rebajaba en 4,13 euros el máximo permitido.

En los contratos negociados sin publicidad, considerados una figura excepcional en la legislación española, no es necesario formar una mesa de contratación. El órgano contratante elige el adjudicatario entre un mínimo de tres candidatos a los que la Administración “invita” a presentar ofertas; es decir, no puede concurrir cualquier empresario interesado, sino sólo los invitados. 

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Los proveedores denunciantes también advertían en sus recursos de las múltiples modificaciones que la Armada hace en los pliegos de condiciones, para cambiar los requisitos técnicos de los uniformes. Y acusaban a la fuerza naval de pedir prendas sólo certificadas por Iturri, tanto en España como en el extranjero o, en el caso de que sean otros los adjudicatarios, se les imponen para conseguir las certificaciones unos plazos imposibles de cumplir por la premura de tiempo.

Todos los recursos fueron desestimados por el TARC, pero en ninguno de los casos el tribunal entró a estudiar “las cuestiones de fondo” de las adjudicaciones: los rechazó por “extemporáneos” o por haber sido presentados fuera de plazo.