Fiscalía General Estado

Asociaciones de fiscales le piden que defienda su independencia

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar.

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Las asociaciones de fiscales han pedido al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, propuesto por el Ejecutivo como nuevo fiscal general del Estado, que establezca como una prioridad la defensa de la independencia y autonomía del Ministerio Público.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, ha explicado que uno de los objetivos fundamentales que existe ahora en la carrera fiscal es lograr "autonomía" respecto del poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia y ha pedido que se abogue por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"Lo que va a determinar en definitiva el éxito de Sánchez Melgar o no como fiscal general del Estado es qué postulados tenga y si realmente se pone al frente", ha detallado Fernández, quien considera que la elección de este magistrado de Tribunal Supremo como sucesor de José Manuel Maza, tras su repentino fallecimiento en Buenos Aires, supone optar por la "continuidad", al ser ambos de corte conservadora.

Por ello considera que el Ministerio Fiscal mantendrá la misma línea de actuación en lo que respecta a las causas judiciales sobre la deriva independentista de Cataluña, en sintonía con la postura mantenida por la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que además ha precisado que "lo primero que tiene que hacer el jurista es conocer las inquietudes y necesidades de la carrera".

"Son muchas las cuestiones que hay que abordar desde el punto de vista de los medios personales", ha explicado Dexeus en declaraciones a Europa Press, que ha pedido que estudie en profundidad proyectos de gran calado como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, ha reivindicado que la gestión de formación de fiscales dependa "exclusivamente" de este órgano y que puede resolver el propio sector los concursos de traslados de fiscales.

El portavoz de la Asociación Profesional de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha dicho por su parte que les parece un candidato "perfectamente idóneo", si bien ha lamentado que el Gobierno haya perdido la oportunidad de consensuar la propuesta del magistrado del Tribunal Supremo.

No obstante, ha precisado que no existe objeción alguna hacia Sánchez Melgar y que lo que le gustaría es que fuera un candidato "completamente independiente" que defendiera la autonomía del Ministerio Fiscal "frente a todo, incluido el Gobierno". "Tendremos que profundizar acerca de dotarnos de una estructura para que la ciudadanía tenga garantías de que el Ministerio Fiscal puede llevar la instrucción de las causas con total independencia", ha sentenciado.

No da "credibilidad" al Ministerio Público

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) considera que proponer al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado es una "oportunidad perdida", al no ser un miembro de la carrera fiscal. A su juicio, la elección anunciada este viernes por el Gobierno no beneficia ni a la "credibilidad" y ni al "respeto" al Ministerio Público.

Así lo ha dicho su portavoz en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que una "persona de consenso" entre la mayoría de fuerzas parlamentarias, fiscal y, preferiblemente mujer, hubiese sido la mejor opción para poner al mando de la Fiscalía General del Estado.

"Dentro de la carrera fiscal hay personas de gran valía y que hubiese suscitado el consenso", ha dicho y ha añadido que en "los últimos días" el Gobierno había anunciado la búsqueda de este acuerdo para proponer al que será el sustituto del fallecido José Manuel Maza.

Destacan su experiencia

El resto de asociaciones judiciales sí que han valorado como una "buena noticia" el hecho de que Sánchez Melgar  haya sido propuesto por el Gobierno para estar al frente del Ministerio Público, debido a su experiencia a lo largo de toda su carrera, en la que ingresó en 1983.

Para el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, el elegido está "plenamente capacitado para ejercer las labores" de máximo representante de los fiscales. No obstante, ha recalcado que es una "decisión política" en la que no se puede entrar porque "constitucionalmente lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo".

Por su parte, la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha avalado su experiencia en la jurisdicción penal "especialmente en este momento", en referencia al proceso soberanista de Cataluña, cuya investigación se encuentra en el Tribunal Supremo. Aún así, ha afirmado que su asociación apoyará a Sánchez Melgar siempre que cumpla su mandato "con fidelidad a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, nuevo fiscal general del Estado

Por último, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha destacado su "trayectoria magnífica" como jurista con "principios muy sólidos" y ha subrayado la "calidad y profundidad de sus sentencias, el detenimiento con el que aborda los temas y la claridad de exposición". Estas características "constituyen un ejemplo a seguir por los fiscales", ha concluido.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

Es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda del alto tribunal y goza de gran prestigio en el mismo. Se le reconoce por ser uno de los uno de los impulsores de la doctrina Parot doctrina Parot y uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada doctrina Botín que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

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