La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a Granados por el caso del 'chivatazo' de la 'Púnica'

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y medio al también agente José Luis Caro Vinagre, por el chivatazo que Talamino dio al político de que se le estaba investigando ya que esta revelación produjo "un intenso" daño a la investigación vigente en el marco de la trama Púnica, informa Europa Press.

En la sentencia, que cuenta con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

El delito, respecto a Talamino, se consumó precisamente porque la información confidencial llegó al investigado y cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, mientras que en el caso de Granados y de Caro, tuvieron además ventajas de la revelación del secreto, según los magistrados. En concreto, el soplo permitió que el exconsejero madrileño pudiera ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.

La resolución recoge que se abona a los condenados el tiempo que han estado en prisión preventiva por lo que presumiblemente Granados se librará de entrar en la cárcel al haber cumplido dos años y medio. El exconsejero ingresó en la prisión de Estremera en octubre de 2014 y la abandonó el pasado mes de junio.

Igualmente, los magistrados dan por hecho que Talamino conocía de la existencia de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Marjaliza, y así se lo hizo saber a Granados en las fiestas patronales de Valdemoro en 2014. Como resultado, reza la sentencia, los investigados pudieron destruir pruebas y ocultar dinero.

Provecho económico

"Granados obtuvo para sí mismo provecho económico y facilitó que Marjaliza se beneficiara. Caro buscaba el beneficio de su amigo Granados, así que este ocultó el dinero que poseía y procuró que Marjaliza hiciera lo mismo con el suyo", exponen los magistrados, que no pasan por alto que además consiguieron un "beneficio procesal" porque destruyeron fuentes de prueba "tan importantes" como los documentos del constructor.

La sentencia recoge que Granados, para el que la Fiscalía pedía tres años de prisión, comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral en la que dijo que su exsocio le mandó quemar "en un día de niebla" todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto (Madrid), entre ellos una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.

Tras el soplo hubo dos "consecuencias inmediatas", por un lado la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y, por otro, la "adopción de cautelas" por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación. La sentencia precisa en este aspecto que se frustró la posibilidad de grabar a "concejales, asesores y exconcejales" que acudieron a su despacho.

"Personaje público y de gran trascendencia"

El juicio, que se prolongó durante tres días a mediados de noviembre, fue el primero de la trama Púnica trama Púnica y en él tanto el expolítico popular como los dos acusados negaron que se filtrara esa información. Granados en concreto detalló que Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico pero en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.

La sentencia no solo recoge los hechos sino que dice que Granados es un "personaje público de gran trascendencia y protagonismo en la Comunidad de Madrid" y recuerda que el cargo que ostentó como consejero regional de Interior y Justicia y el conocimiento de servicios policiales y judiciales le permitió labrarse "las relaciones personales que ha adquirido".

En relación con la petición formulada al inicio de la vista por José Javier Vasallo, letrado de Granados, de que se anulasen las escuchas practicadas durante la instrucción de la causa, los magistrados defienden la legalidad de las mismas en tanto "gozaban de la debidas autorización judicial".

De hecho, la investigación a Talamino no comenzó con una intervención telefónica sino que fue identificado "sin mayor esfuerzo" por sus superiores a raíz de una conversación entre el expolítico madrileño y Caro en la que se referían al agente de la UCO como el calvito.

Voto particular

El magistrado Nicolás Poveda formula voto particular dado que, aunque considera probada la responsabilidad penal de los acusados, pone en tela de juicio el contenido de los documentos que estaban en posesión de Marjaliza y que fueron quemados por orden de Granados ya que "nada se sabe de dicha documentación" salvo la descripción que hizo de ella el constructor en su declaración testifical.

Por tanto, considera que "no existe dato alguno que acredite la preexistencia" de estos escritos sobre licitaciones de mesas de contratación de la Comunidad de Madrid y facturas de regalos ni tan siquiera en soporte informático ya que la información contenida en el disco duro del ordenador del empresario fue borrada.

También expone la existencia de contradicciones entre el relato de Marjaliza, que dice que la quema de los documentos se hizo el primer fin de semana de octubre, y el de su secretaria Ana Ramírez, que apuntó que se deshicieron de ellos "a finales de septiembre o principios de octubre". Además ha señalado que el día que se destruyó toda la documental no había "niebla" en El Álamo "según es público y notorio y se puede comprobar en la AEMET", añade.

Granados recurrirá

El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha afirmado este lunes que recurrirá al Tribunal Supremo la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el chivatazo de Púnica. Asimismo, ha advertido que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si hace falta porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Según han informado fuentes presentes en la causa a Europa Press, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal tiene "la puerta abierta" al recurso de casación por dos circunstancias: la primera, que los hechos expuestos en esta resolución no cumplen con los "requisitos de tipicidad", y la segunda porque las intervenciones telefónicas son "nulas".

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El abogado de Granados, José Javier Vasallo, ya expuso durante el juicio que se celebró entre el 14 y 16 de noviembre, que los pinchazos telefónicos durante la instrucción de la causa son "intervenciones en prospección" y que "infringen las reglas del control jurisdiccional". Ahora, la defensa del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid tratará de que el Supremo les de la razón en este sentido.

Las fuentes consultadas han explicado que el auto que justifica las escuchas no es "válido" para responsabilizar a alguien del delito de revelación de secretos: "Tiene que haber un auto específico que autorice la intervención telefónica; no vale el auto de causa general para justificar una pieza separada", han apuntado y recordado que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respeto.

"Las intervenciones son nulas y la Sala ha hecho muchos folios, un alarde en mayor defensa del criterio del fiscal", han dicho. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que las escuchas "son cuestiones de derechos fundamentales" y que la defensa ha mostrado su disposición a llegar hasta Estrasburgo si no le dan la razón antes sobre la vulneración de los mismos.