El PP excluye el concierto vasco de su plan de trabajo para la comisión territorial

"Escuchar, intentar compartir el diagnóstico con las demás formaciones políticas y consensuar soluciones o cambios que cada uno proponga". Con esos tres objetivos en mente, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, presentó este jueves el plan de trabajo que la formación conservadora ha puesto sobre la mesa de la comisión territorial de la Cámara Baja, el órgano parlamentario que se encargará de estudiar una posible modernización del sistema autonómico. La propuesta de la formación liderada por Mariano Rajoy, que contrasta con las que también han presentado este jueves los otros dos partidos que participan en la comisión, PSOE y Ciudadanos, está dividida en cinco grandes bloques de trabajo. Y en ninguno de ellos se alude expresamente al polémico concierto económico vasco, muy criticado en los últimos meses por parte de algunas direcciones territoriales del PP.

La formación conservadora considera que "el análisis de la revisión de los principios sobre los que se asienta el sistema de financiación autonómica" es "un asunto clave para abordar" en la comisión territorial, siempre desde la óptica "del receptor de los servicios sociales, de su calidad y eficiencia y desde la necesaria sostenibilidad de un modelo que debemos preservar de los ciclos económicos y de los modelos más críticos". Justo ese será el objetivo del segundo bloque de trabajo propuesto: "Estado autonómico y Estado del bienestar: financiación de los servicios públicos". Tras ese título, la formación conservadora quiere que se analicen "los vigentes sistemas de financiación autonómica y local", sin mencionar el concierto económico vasco. En este apartado, también ponen sobre la mesa otros asuntos como los tributos cedidos y propios de las comunidades o los instrumentos de solidaridad interterritorial.

Además de los aspectos puramente económicos, el plan de trabajo contempla otros cuatro bloques. En el primero, plantea una evaluación del funcionamiento del sistema autonómico, incluyendo un estudio comparado de los Estados compuestos de nuestro entorno. A este se añadiría uno centrado en la cooperación y colaboración entre administraciones, otro que gire en torno a la modernización de las administraciones públicas –que incluye temas como la eliminación de duplicidades– y, por último, un bloque en el que se aborde la reforma del Senado "desde el consenso constitucional". No obstante, el PP deja claro en la introducción del documento que su compromiso es "mejorar el modelo autonómico", que "ha demostrado ser una fórmula idónea para articular unidad y diversidad". "Puede que se hayan producido disfunciones en el desarrollo del modelo, pero no como consecuencia de la falta de autogobierno", completan.

Ciudadanos, contra el 'cupo'

El concierto económico vasco ha generado un gran debate en las últimas semanas. A finales de noviembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde al nuevo cupo para el quinquenio 2017-2021. Con 294 votos a favor y 36 en contra –Compromís y Ciudadanos–, la Cámara Baja aprobó, de forma directa y en lectura única, que Euskadi tenga que devolver anualmente al Estado 1.300 millones de euros por los servicios prestados en suelo vasco. Son 250 millones de euros menos que con el anterior acuerdo. Ahora, con la futura reforma del sistema de financiación sobre el tapete, el resto de comunidades presionan para poner fin a lo que definen como "privilegio". En total, según publicó este miércoles El Mundo, trece Ejecutivos autonómicos han pedido a Hacienda que vascos y navarros "aporten a la solidaridad". Son todos los territorios menos Cataluña, las dos forales y Canarias.

De todas las formaciones, la que se ha pronunciado con mayor dureza en contra del concierto económico vasco y del cupo ha sido Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, fue especialmente duro durante el debate previo a la aprobación del nuevo acuerdo quinquenal. Desde la tribuna, el presidente de la formación naranja aseveró que el "cuponazo" no responde "a un cálculo técnico, sino a un amaño político" entre PP, PSOE y PNV, añadiendo que el sistema de financiación por el que se rige el País Vasco trabaja "por la desigualdad" e incide "en la insolidaridad territorial". Y Ciudadanos parece tener intención de poner este asunto sobre la mesa de la comisión territorial. Entre los ponentes que el partido liderado por Albert Rivera ha incluido en su Plan de Trabajo se encuentran varios expertos que han cuestionando el cupo vasco.

Ciudadanos plantea en su documento siete grandes bloques temáticos: clarificar la distribución de competencias y potestades normativas entre los órganos centrales del Estado y las comunidades; revisar las estructuras territoriales de ámbito provincial y local; estudiar el cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas; la regulación de los mecanismos de cooperación y colaboración vertical (entre Estado y comunidades) y horizontal (entre las comunidades) con el diseño de sus órganos correspondientes; la incidencia de la Unión Europea en el Estado autonómico; la reforma del Senado como cámara de representación territorial; y un nuevo modelo de financiación autonómica.

La propuesta socialista

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Los socialistas tampoco mencionan expresamente el concierto económico vasco. En su plan de trabajo, según un comunicado difundido por el PSOE, proponen examinar las exigencias del principio de igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Además, plantean abordar el reconocimiento y consecuencias efectivas de las llamadas "singularidades"; la ordenación de las competencias; la capacidad del Senado para facilitar la participación de comunidades y ciudades autónomas en la toma de decisiones a nivel estatal; la constitucionalización de los principios del modelo de financiación autonómica; y la ampliación del reconocimiento de la autonomía local.

En opinión de la formación dirigida por Pedro Sánchez, la comisión territorial, cuyas conclusiones consideran que servirán de base para la reforma constitucional, debe hacer un "balance de la experiencia autonómica", que creen que ha sido "de éxito y un motor de progreso del conjunto de las comunidades". A pesar de ello, conceden que el actual modelo presenta "disfunciones" que necesitan "respuestas que puedan ser compartidas por la mayoría de españoles e instituciones". "Hay respuestas que pueden ofrecerse dentro del actual marco legal, otras que requerirán la modificación de distintas leyes del Estado, y otras que deberían alcanzarse mediante una determinada reforma constitucional", concluyen los socialistas.

Los socialistas han planteado en su Plan de Trabajo más de un centenar de comparecencias institucionales, entre las que se incluyen, tal y como también han pedido PP y Ciudadanos, a los padres de la Constitución que todavía viven –Miquel Roca, Miguel Rodríguez Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca—. Además, proponen citar a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las principales organizaciones sindicales y empresariales, así como a sociólogos –Belén Barreiro–, politólogos –Pablo Simón–, historiadores –Santos Juliá–, ONG –Oxfam Intermon–, personajes del mundo de la cultura –Joan Manuel Serrat– o periodistas –Iñaki Gabilondo–.