Más de 80 ONG quieren que la ONU pase a la acción ante los crímenes contra los rohinyá

Un grupo de más de 80 ONG, entre las que figuran Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, ha instado este martes al Consejo de Seguridad de la ONU a que pase de las condenas a la acción ante los "crímenes contra la Humanidad" que se están cometiendo contra la minoría rohinyá en Birmania.

Ante la reunión que celebra este martes el máximo órgano de la ONU para abordar la crisis rohinyá, las organizaciones firmantes "piden urgentemente al Consejo que adopte acciones inmediatas para abordar la campaña de limpieza étnica y crímenes masivos atroces, incluidos crímenes contra la Humanidad, cometidos contra la población rohinyá por las fuerzas de seguridad de Birmania en el estado de Rajine" además de las continuadas restricciones a la asistencia humanitaria en la zona desde octubre de 2016.

"Las palabras de condena por la ONU (...) no han tenido como resultado que el Gobierno de Birmania ponga fin a sus abusos o haga rendir cuentas a los responsables", han incidido los firmantes, entre los que hay organizaciones religiosas, sosteniendo que "es el momento de una acción internacional rápida, concertada y efectiva".

Según los firmantes, "los crímenes contra la Humanidad perpetrados contra los rohinyá incluyen masacres y otros asesinatos ilegales, violaciones generalizadas y otros actos de violencia sexual, saqueo, deportación e incendios masivos de cientos de localidades rohinyá".

"Los rohinyá que siguen en Birmania siguen enfrentándose a una grave inseguridad alimentaria y a amenazas, además de violaciones sistemáticas de sus derechos a una nacionalidad, libertad de movimientos y acceso a atención sanitaria, educación y oportunidades de vida", han denunciado.

Por otra parte, han advertido de que "hay garantías insuficientes" de que el acuerdo firmado entre Birmania y Bangladés para el retorno de los más de 640.000 refugiados rohinyá huidos desde finales de agosto hacia el país vecino permita un regreso "informado, seguro y voluntario en estos momentos".

Tampoco existen garantías, han incidido, de que los documentos sobre su anterior residencia "se usen como pretexto para rechazar retornos legítimos" o de que "los centros de acogida temporales no se convertirán en campos de internamiento semi-permanentes y que los retornados tendrán los mismos derechos" que los demás residentes de Rajine.

Asimismo, las ONG han recordado al Gobierno birmano su responsabilidad de "proteger a su población diversa sin discriminación e independientemente de su etnia, religión o estatus de ciudadanía". Sin embargo, han lamentado, tanto los dirigentes políticos como militares del país, incluido el jefe del Ejército, general Min Aung Hlaing, "se niegan a reconocer la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos contra los rohinyá" y que las fuerzas de seguridad hayan actuado de forma indebida.

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En este sentido, han pedido al Consejo de Seguridad que "imponga inmediatamente un embargo de armas contra el Ejército birmano que cubra el suministro directo e indirecto, la venta o transferencia, incluido el tránsito, de todo tipo de armas, municiones, y otro material militar y de seguridad, así como la provisión de entrenamiento y otra asistencia militar y de seguridad".

Además, han defendido, el Consejo de Seguridad también debería "imponer sanciones selectivas contra altos cargos responsables de crímenes contra la Humanidad y otras graves violaciones de los Derechos Humanos". También se deberían imponer "sanciones financieras contra altos cargos que ordenaron actos criminales o que son responsables por la cadena de mando".

"El Consejo de Seguridad debería explorar todas las vías para la justicia y la rendición de cuentas, incluido mediante los tribunales internacionales", ha opinado las ONG firmantes, insistiendo en que "si la promesa de no permitir 'nunca más' atrocidades significa algo, el Consejo de Seguridad no puede demorar más la acción".