Un juzgado de Madrid declara nulo el despido de una ingeniera de Acuamed que se negó a favorecer un contrato a FCC

El Juzgado de lo Social de Madrid ha declarado nulo el despido en 2015 de una empleada de la empresa pública AcuamedAcuamed y ha ordenado que se le readmita de manera inmediata en su puesto de trabajo ya que se trató de una "represalia" contra la ingeniera por negarse a que se accediera a abonar 34 millones de euros que reclamaba la constructora FCC por una obra en Flix (Tarragona).

La empresa debe abonarle los salarios impagados desde su despido el 31 de julio de 2015 e indemnizarle con 50.000 euros, de acuerdo con la sentencia en la que la titular del Juzgado de lo Social de Madrid número 20 expone que no ha existido "causa real ni razonable" para proceder al despido.

Considera que ha quedado probado el relato fáctico de la demandante, que forma parte de la Plataforma por la Honestidad, y según el cual, a raíz del nombramiento de María Mañueco como directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, comenzó a recibir "continuas presiones" para que se llegara a un acuerdo económico con la constructora que se había contratado para la descontaminación del embalse de Flix.

Mañueco es una de las personas a las que investiga la Audiencia Nacional por adjudicaciones presuntamente irregulares desde esta sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura. La investigación arrancó a principios de 2016 tras una operación bautizada con el nombre de Frontino por un fraude estimado en 25 millones de euros.

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Despido decidido de antemano

La magistrada expone que en el caso de la ingeniera Azahara Peralta el despido se produjo al diferir de la opinión mantenida por sus superiores de reconocer la reclamación de 34 millones de euros a la constructora. Por ello insiste en que su salida estaba "decidida de antemano" al formular en reiteradas ocasiones alegaciones al informe favorable a la obra, de la cual era directora.

Además expone que en este contexto se le insinuó la línea en la que deberían ir sus alegaciones respecto al proyecto, pese a que la ingeniera se negó a ello. "En consecuencia, no habiéndose justificado por la empresa la concurrencia de causa lícita para proceder al despido de la demandante, procede declarar su nulidad por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", reza la resolución.