IU aduce que Juan Pablo González no puede juzgar la caja B porque depende del PP para seguir ascendiendo en su carrera

La acusación popular que encabeza IU, una de las cuatro personadas en el llamado caso de los papeles de Bárcenas o de la caja B del PP, ha recusado este miércoles al magistrado Juan Pablo González como miembro del nuevo tribunal designado por la Audiencia Nacional para juzgar esa causa. Las otras tres acusaciones populares –la asociación de abogados Adade, el PSOE y el Observatorio Desc– apurarán el plazo y presentarán así sus respectivas recusaciones contra González este jueves por la mañana.

En su escrito de recusación, al que ha tenido acceso infoLibre, argumenta que el hipotético "descrédito" que pudiera sufrir el partido del Gobierno como consecuencia de ese juicio "reduciría las expectativas que el magistrado puede tener de que el PP siga instando y promocionando su carrera judicial". "Para cualquier mente con un discernimiento racional y objetivo", apostilla el texto en ese punto, resulta "obvio" que aquellas resoluciones "que el magistrado pudiera tomar y que no fuesen del agrado del partido presidido por el señor Rajoy Brey pudieran frustrar cualquier promoción de su carrera judicial".

IU aduce que González mantiene una "amistad manifiesta" con el PP, que en esa pieza ocupa la posición de responsable civil subsidiario o garante del eventual pago de sanciones. E ilustra esa afirmación con varios datos: llegó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en el Senado, participó en cursos de FAES, fue nombrado magistrado de enlace en París ya con Rajoy como presidente. "Además –señala el texto–, la prensa ha venido reflejando la íntima amistad del magistrado González con el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, cuyo hermano José Mayor Oreja aparece en la contabilidad B del Partido Popular, objeto de esta causa, como la persona que entregó 165.000 euros en dinero negro al Partido Popular, a través de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, en el año 2008.

Para IU alcanza también gran relevancia en este asunto el hecho de que González esté llamado a decidir si Rajoy vuelve o no a comparecer como testigo. "No debemos olvidar –dice el escrito– que es precisamente el ilustrísimo magistrado Juan Pablo González González quien en el ejercicio de su actividad –si no se admitiera esta recusación- y por razón del presente procedimiento, debe resolver en materia de prueba la testifical propuesta por esta parte en la persona del señor Rajoyy que desde luego se aparta de los parámetros de transparencia, confianza e igualdad el que decida sobre dicho extremo cuando ha quedado acreditada la relación de afinidad que mantiene con el citado partido y quienes gobiernan el mismo".  González, resume en un momento dato IU, "carece de la apariencia de imparcialidad, crea la sospecha de interés y parcialidad de la justicia, y debe de apartarse de esta causa".

El magistrado, de talante conservador, fue aupado al nuevo tribunal de la caja B tras un controvertido acuerdo de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional que augura una dura batalla jurídica por cuanto modifica de manera retroactiva la composición de la sala. Recurrido por las acusaciones populares, ese acuerdo implica el relevo del magistrado Julio de Diego en favor de Juan Pablo González. Es decir, sale del tribunal el juez cuyo voto resultó decisivo en el primer juicio de Gürtel para que Rajoy se viese forzado a comparecer como testigo. La sala de gobierno adoptó esa decisión el 20 de noviembre con la participación directa de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que ya había sido apartada entre 2015 y 2016 de todos los juicios derivados del tronco común de Gürtel precisamente porque su proximidad al PP ponía en riesgo la imagen de imparcialidad.

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El hecho de que Espejel interviniese en la designación de Juan Pablo González para el nuevo tribunal de la caja B consta asimismo entre los argumentos esgrimidos por IU para la recusación. "No podemos ignorar –expone aquí IU– tanto el hecho de que el magistrado ahora recusado votó contra la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a los magistrados [Enrique] López y [Concepción] Espejel del enjuiciamiento de la presente causa por existir dudas sobre su apariencia de imparcialidad, como el hecho de que la magistrada recusada Espejel ha participado en el acuerdo de la Sala de Gobierno que ha modificado la composición del tribunal e introducido al magistrado ahora recusado". IU abrocha así ese apartado: "Y todo ello teniendo como nexo común que los tres magistrados fueron designados por el Partido Popular como vocales del CGPJ y que los tres magistrados fueron promocionados o condecorados por el Gobierno de Mariano Rajoy (acuerdos de Consejo de Ministros de nombramiento para el Tribunal Constitucional, Gran Cruz San Raimundo Peñafort y juez de enlace en Paris), a la sazón también presidente del PP".

La recusación formulada por IU recuerda que el juez González fue aupado en 2001 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y con el voto en el Senado de varias personas directamente relacionadas, procesal o políticamente, con el caso de los papeles de Bárcenas. En esa votación participaron, y sus nombres aparecen expresamente mencionados en la recusación, senadores como "Esperanza Aguirre, Pío García Escudero, Jesús Sepúlveda, y Luis Fraga, todos ellos vinculados a la causa Gurtell o relacionados en la denominada contabilidad B del Partido Popular investigada en esta causa".  El texto abunda en esa cuestión: "No aparece como imparcial –alega IU– que quien fue nombrado para la alta responsabilidad de vocal del CGPJ con el voto favorable de los senadores Esperanza Aguirre, Pio García Escudero, Jesús Sepúlveda, o Luis Fraga forme parte del tribunal que debe enjuiciar los presuntos hechos y conductas criminales en los que los anteriores han estado implicados, e incluso sea ahora el magistrado ponente de la sentencia que deberá dictarse en su día"