Macri impone su rodillo para aprobar la reforma de las pensiones en Argentina

El Congreso argentino permanecía acordonado por las fuerzas del orden desde el 14 de diciembre. Siete diputados de la oposición resultaban heridos por enfrentarse a los agentes en el momento de acceder al edificio del Congreso. Ese mismo día, la sesión en la Cámara baja se veía acortada, pese a las reticencias de Cambiemos, la coalición de derechas en el Gobierno que lidera el presidente Mauricio Macri.

Días después, el lunes 18 la tensión se intensificaba. Las concentraciones, inicialmente pacíficas, de los opositores a la reforma de las pensiones terminó degenerando debido a los grupos de violentos infiltrados entre los manifestantes. El millar largo de policías movilizados no dudó en recurrir a la violencia –también contra los periodistas–, lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes, pelotas de goma y efectuando detenciones arbitrarias. Según fuentes oficiales, fueron más de 160 los heridos –entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden– y 70 los detenidos. Horas después, por la noche, los cacerolazos espontáneos (símbolo del descontento popular) se repetían en diferentes barrios de la capital. Estas escenas hicieron que muchos argentinos revivieran las tensas jornadas de diciembre de 2001, cuando en lo peor de la crisis financiera el presidente Fernando de la Rúa huía de la Casa Rosada en helicóptero.

Pese a todo, estas jornadas de máxima tensión no impidieron que horas después, el martes 19 de diciembre por la mañana, se aprobara el texto desencadenante de la crispación: la reforma de las pensiones. El texto legislativo salía adelante tras más de 12 horas de debate con el voto favorable de 128 diputados, el rechazo de 116 parlamentarios y dos abstenciones; el Gobierno hacía caso omiso del enfado de los decenas de miles de argentinos que durante horas se habían manifestado en las calles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tardó en intervenir. El 21 de diciembre hacía una llamada al orden al Gobierno argentino y manifestaba su preocupación por el “uso indiscriminado de la fuerza” y exhortaba a la “adhesión estricta a los principios generales de la legalidad” así como a la garantía de la libertad de información.

¿En qué consiste esta nueva reforma de las pensiones? Hasta ahora y desde 2008 (cuando Cristina Fernández de Kirchner aprobó la ley de movilidad jubilatoria), el mecanismo de actualización de las pensiones se calculaba en función de la evolución de los salarios de los trabajadores declarados y de los ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social Argentina (ANSES), que a su vez dependen de las cotizaciones salariales y de los ingresos fiscales (principalmente el IVA o el impuesto de sociedades).

“En los años de crecimiento, desde 2009 –y con la excepción notable de los años de ralentización económica en 2014 y 2016–, los ingresos fiscales subieron, el montante de las pensiones se elevó por encima de la inflación”, explica Martín Kalos, economista y fundador de EPyCA Consultores. “Según la misma lógica, el poder de compra de los pensionistas debería haber aumentado este año y el año próximo. Eso sin tener en cuenta el nuevo modo de cálculo, que entrará en vigor en 2018; ahora, las pensiones quedan automáticamente desligadas del crecimiento económico del país”.

En lo sucesivo, las pensiones se calcularán, en un 70%, conforme a la inflación (según el índice oficial INDEC) y en el 30% restante en función de la evolución de los salarios. “No supone una bajada de las pensiones, es una disminución del alza. Y no hay que olvidar que nadie puede vivir con una pensión mínima de 7.246 pesos mensuales (350 euros), que es lo que perciben más del 60% de los pensionistas argentinos”.

El cálculo repercute también en otras prestaciones

Este nuevo sistema de cálculo no sólo afecta a los jubilados, también repercute en otras prestaciones (ayudas familiares, familias numerosas, pensiones de minusvalía, ayudas a los excombatientes de Las Malvinas…). La congelación afecta a 17 millones de argentinos, el 40% de la población.

De este modo, el aumento de las pensiones en marzo no será del 14% esperado –según el anterior mecanismo–, sino del 5,7%, en un país en que la inflación roza actualmente el 23%. A modo de compensación, el Gobierno ha negociado una paga única de 750 pesos (37 euros) para los jubilados que cobren menos de 10.000 pesos mensuales (500 euros) y que hayan cotizado 30 años.

El número de años cotizados necesarios para percibir una pensión también enciende los ánimos entre los argentinos. “Macri también acaba de eliminar la moratoria sobre las pensiones, aprobada por Cristina Kirchner”, explica Martín Kalos, quien precisa: “Daba derecho a cobrar la pensión mínima de 7.246 pesos, incluso si no se habían cotizado 30 años. En Argentina, donde se estima que un tercio de la economía es sumergida, donde la tasa de paro puede alcanzar picos (del 25,5% en 2003, por ejemplo), donde existen muchos trabajadores en negro o en gris, en donde sólo se declara una parte del sueldo, parece que resulta difícil reunir las condiciones necesarias”. La nueva ley prevé la sustitución de esta moratoria por el llamado “mínimo de vejez”, que equivale al 80% de la pensión mínima.

La mayor flexibilidad en la edad de la jubilación supone otra de las novedades de la reforma. Los trabajadores, podrán –voluntariamente– retrasar la retirada de los 60 años a los 63 años, en el caso de las mujeres, mientras que los hombres podrán jubilarse a los 70, en lugar de a los 65 como actualmente. “Las empresas ya no podrá despedir a los empleados que deseen trabajar durante más tiempo para cotizar más”, precisa Martín Kalos.

La coalición gubernamental de derechas Cambiemos –en el Gobierno desde 2015 y ganadora de las legislativas de mitad de mandato de octubre– ha decidido aprovechar esta legitimidad que le han dado las urnas para acelerar, antes de la tregua del verano austral, el ritmo de las reformas que pretende ejecutar antes de 2019.

Tiene como objetivo una reducción drástica del déficit primario público (antes del pago de intereses de la deuda) por importe de 5.000 millones de euros anuales. El objetivo es que pase de ser del 4,2% del PIB al 3,2% en el próximo año. “Macri quiere reducir el gasto público para reducir los impuestos y atraer inversión privada, que entiende que es el motor del desarrollo”, escribe el periodista económico Alejandro Rebossio en la revista digital Anfibia, nacida en 2012 en el seno de la Universidad de San Martín. Para atraer a la “lluvia de inversores” prometida, Cambiemos pretende adoptar muy pronto una reforma fiscal y una profunda reforma laboral. Está previsto que las negociaciones comiencen después del verano, en marzo.

Todas estas reformas forman parte de un todo. Para Alexandre Roig, sociólogo de la Universidad de San Martín, “se trata de una reorientación de la acción pública hacia la acumulación financiera. Quieren que las finanzas tiren del crecimiento y que éste no dependa de la producción ni del proceso industrial”.

“Los 144 artículos de la nueva ley del trabajo en la agenda responden a las demandas del mundo empresarial”, según Marín Kalos. “Si sale adelante, este texto supondría, por ejemplo, el fin de la corresponsabilidad entre una empresa y sus subcontratas, pero también implicaría una mayor tolerancia hacia las empresas que contratan trabajadores en negro, la reducción de las indemnizaciones por despido… Va a ser un golpe muy duro para los trabajadores y los sindicatos del país”.

Falta saber si los movimientos sociales nacidos estos días en la calle se van a organizar frente a las reformas a la agenda en 2018. “En mi opinión, hemos asistido al nacimiento de la articulación de la oposición, permitida también por el desvanecimiento de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha favorecido el diálogo entre diferentes actores de la oposición y reintegrado a una clase media que se mantenía al margen del conflicto social. En Argentina, este tipo de situación es imprevisible y muy rápida. Además, no se puede descartar que se sumen los desencantados que votaron a Macri sin ver el verdadero rostro de esta formación política. Y se sabe que la desilusión puede llevar a una amargura mayor que la oposición los primeros días. Yo que el Gobierno, tendría miedo”, augura Alexandre Roig. __________

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Traducción: Mariola Moreno

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