España desoye las advertencias contra la corrupción del Consejo de Europa

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha advertido a España de que los parlamentarios deberían informar públicamente de los regalos regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como ofrecer una serie de detalles sobre sus créditos financieros.

El GRECO lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

En el Informe Interino de Cumplimiento publicado este miércoles, el GRECO concluye que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente. Esto, sin embargo, supone un avance respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano de 2016, ya que en aquel momento España solo había comenzado a aplicar cinco de los once consejos recibidos.

Pero, según el GRECO, los progresos que se han hecho son "limitados" y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo "en general insatisfactorio". Ahora España tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

Entre las principales recomendaciones, el GRECO subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.

Se trata de informaciones como el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.

Código ético y grupos de interés

Igualmente, el organismo dependiente del Consejo de Europa recomienda que se adopte un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses, que sea de conocimiento público y que asesore a los parlamentos.

Otra de las medidas que el GRECO había sugerido y en la que esta vez sí observa avances es el establecimiento de unas normas sobre la relación entre los diputados y senadores y los lobbieslobbies, gracias a la proposición de ley que presentó el PP para crear un registro público de estos grupos de interés.

Por otro lado, el GRECO muestra su preocupación por la independencia, imparcialidad y transparencia en el nombramientos de los altos cargos judiciales.

Por ello, acoge en buena medida la puesta en marcha de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, hace hincapié en que los parlamentarios "no deberían participar en ninguna etapa" del proceso de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pues hasta el momento son los diputados los que eligen a la cúpula judicial.

Esta iniciativa es una de las muchas que se estudian en la subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados creada para lograr una Estrategia Nacional de Justicia. Según el presidente del GRECO, Marin Mrcela, este grupo de trabajo es aplaudido porque es "tendente a introducir mejoras en la independencia y la eficacia del poder judicial, incluyendo cambios en el sistema de nombramientos de sus órganos de gobierno y en algunas altas magistraturas".

Autonomía e independencia de la Fiscalía

Por otro lado, en relación con la idea de dotar de mayor autonomía y garantizar la independencia del Ministerio Público, el GRECO reconoce que, en el último año, se ha ido cumpliendo recomendaciones sobre este sentido.

Valora positivamente que en 2018 se concluya la modificación de un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que el Consejo Fiscal adopte un código de principios éticos -a la espera de que se apruebe definitivamente-, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien valore las declaraciones de compatibilidad o incompatibilidad de los fiscales, en vez de que lo haga el Ministerio de Justicia.

No obstante, da un toque de atención sobre las comunicaciones entre el Gobierno y la institución que dirige Julián Sánchez Melgar. El EOMF señala que las comunicaciones entre el fiscal general del Estado y el Ejecutivo se llevarán a cabo por el conducto del ministro de Justicia y por medio de la memoria anual sobre la actividades del Ministerio Público, con el fin de evitar de que se le den instrucciones concretas que promueva una "acción de política criminal general".

El organismo europeo señala que esta relación debe realizarse de "manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada".

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Por su parte, el Gobierno, además de poner al tanto de las iniciativas legislativas que se están llevando a cabo para cumplir todas las recomendaciones, recordó al GRECO que España ha estado casi un año con un gobierno en funciones.

Ante esto, el presidente del GRECO afirma que es consciente de la "dificultad de llevar a cabo reformas efectivas durante la situación de bloqueo político", pero subraya que ya hace tiempo que Mariano Rajoy formó su Ejecutivo -en noviembre de 2016- y que "se deben emprender acciones decididas, no solo con palabras y planes, sino también con hechos", para impulsar una serie de reformas en el poder legislativo.

Respecto al poder judicial y la Fiscalía, dice que no alberga dudas acerca de su "alta calidad" y del "fuerte espíritu de servicio público y la dedicación que anima a los jueces y fiscales españoles", pero insiste en que aún se deben adoptar una serie de medidas y reformas.