Los gobiernos del cambio en la encrucijada

Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 abrieron una etapa protagonizada por los que vinieron a denominarse gobiernos de cambio. Cambios frente a la larga carrera de gobiernos del PPgobiernos de cambio surgidos o confirmados al calor de la mala gestión del inicio de la crisis económica por parte del PSOE y de las movilizaciones del 15M de 2011.

Muchas eran las expectativas aquel mayo de 2015 para acabar con los recortes y las privatizaciones, casi tantas como las limitaciones económicas conocidas, con la intervención de facto de la economía local y autonómica por parte del Ministerio de Hacienda. Estaban además las limitaciones internas inherentes a la complejidad de las nuevas fuerzas integradoras de ese cambio o a la precariedad de las mayorías establecidas con el PSOE: los apoyos y el consentimiento han sido la norma, mientras el cogobierno se ha planteado como la excepción. Esta circunstancia ha acentuado la inestabilidad y el ruido entre los agentes que sostienen dichos gobiernos.

El cambio llegó de la mano de nuevas fuerzas a algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Llegó a las administraciones donde la gestión es más apegada al ciudadano y, con su diversidad intrínseca, trajeron esperanza a una parte de la sociedad muy necesitada de políticas volcadas en lo social. Sin embargo, la bisoñez y ausencia de proyecto nítido para la legislatura ha puesto en evidencia dificultades para encontrar un hilo en el discurso y demostrar los avances conseguidos.

El reciente desenlace del pulso entre el Gobierno local de Manuela Carmena y el Ministerio de Hacienda de Montoro ha marcado un punto de inflexión en la legislatura del cambio que la izquierda no debería ignorar, si su planteamiento es gobernar más allá de estos cuatro años, algo que por otro lado es imprescindible para acumular el recorrido y los medios que las transformaciones sociales y urbanísticas comprometidas requieren.

Es un hecho que Hacienda ha utilizado los escenarios de déficit pactados con la UE como instrumento de intervención económica restrictiva frente a gobiernos locales y autonómicos. No en vano, después de la crisis con el Ayuntamiento de Madrid, el propio Ministerio ha apercibido a once comunidades autónomas por el posible incumplimiento de su escenario de déficit y la regla de gasto. En definitiva, la derecha mantiene las políticas de austeridad y la reducción del ya bajo gasto público español a pesar del cambio de ciclo, frustrando la demandada recuperación de la inversión social y los servicios públicos adelgazados hasta el extremo durante el periodo de crisis.

Lo que los últimos acontecimientos políticos han venido a constatar es que el futuro y la repetición de estos gobiernos de cambio corre un serio peligro. Las causas, además de las citadas, entroncan con una evidencia: el último proceso electoral estatal también generó altísimas expectativas que no culminaron en un cambio de gobierno para el conjunto de España. Tal circunstancia condicionó y condiciona que las propuestas de estos ayuntamientos y/o gobiernos autonómicos no sean llevadas a cabo en su literalidad o en su totalidad (el de Madrid capital es un claro ejemplo). Aunque el funcionamiento de las confluencias pueda ser complejo; aunque los apoyos en investidura o en cogobierno puedan condicionar; la causa principal de la falta de ejecución de las propuestas es el mantenimiento en el gobierno del PP, y eso es algo que el 20D de 2015 debimos haber evitado.

Pero las dificultades para los gobiernos de cambio van más allá: al malestar social se sumaría la frustración de la expectativa generada con ellos. Si a todo lo anterior añadimos la pérdida de credibilidad del proyecto autonómico como consecuencia de la crisis catalana, estamos ante la tormenta perfecta.

Atendiendo al último tercio de la legislatura y analizando el discurso público, prevalece la mejora en la gestión de la deuda y la recuperación paulatina del personal, los derechos y la inversión social frente al despilfarro y los recortes de la derecha. En algún caso significativo, como el de la Comunidad Valenciana, es muy destacable la reversión a lo público de la gestión privada del sistema sanitario. Y aunque los esfuerzos entroncan con las limitaciones presupuestarias que supone el objetivo de déficit, es importante entender que las carencias propias de proyecto y calendario de cambios impiden que esos esfuerzos lleguen a la percepción ciudadana.

El cambio está mermado por la falta de inversiones y la trampa de la regla de gasto. Durante los años precedentes a la crisis, el derroche público era el de unos dirigentes inmersos en un capitalismo mediocre de ganancias a fuerza de ladrillo, no era un derroche de la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la solución? No se han penalizado las inversiones irracionales y se ha castigado a la ciudadanía a través de la puñetera regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria. Estas limitaciones no solo influyen en las nuevas construcciones, lo hacen sobre todo en aquellas infraestructuras y servicios que requieren reposiciones, lo que supone un envejecimiento del patrimonio mueble e inmueble que, a más tardar, será más caro reponer y su mantenimiento más costoso. La limitación de la regla de gasto provoca en la praxis que el gasto se estabilice e incluso se reduzca para evitar riesgos, sin considerar otras posibilidades que puedan dar más ingresos para mejorar servicios y las propias instalaciones. Asimismo, sumada a la tasa de reposición y a otras normativas impuestas por PP y PSOE, se impide la recuperación de los servicios e incluso el mantenimiento como tales.

Es innegable que el peor lastre para las ambiciones de cambio es el sistema de financiación, incapaz de garantizar siquiera el gasto en los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), junto a las políticas de rebajas fiscales en los escasos impuestos cedidos y compartidos por CCAA y ayuntamientos. Por ello, es importante que el cambio priorice una revisión pendiente que garantice unos servicios públicos equivalentes y de calidad, tan mermados desde 2011. Recordemos que el PP no ha dejado de hacer su trabajo, incluso gobernando en minoría.

Que la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, el déficit cero y demás entramados legales profundizan en la intervención de los ayuntamientos y la desaparición de las autonomías son trampas que conocíamos y esperábamos cambiar al quitar al PP del Gobierno central. No pasó y esas trampas limitan y condicionan tanto la gestión diaria que consiguen hacer parecer a ayuntamientos y autonomías como responsables de los recortes. Es por ello que las administraciones del cambio no pueden dejar de defender (y hacer llegar a la ciudadanía) que son el parapeto que sigue arañando todo lo posible por seguir priorizando servicios y políticas sociales y culturales, pero que necesitan que el cuarto pilar del bienestar se desarrolle para que las políticas sociales sean algo más que políticas de emergencia y sirvan para la integración social y laboral.

La presión desde el Gobierno central también ha ido en un sentido contrario en relación a los impuestos. Rajoy y Montoro, con sus apoyos económicos y mediáticos, han aprovechado la recuperación macroeconómica para presionar a la baja las escasas figuras impositivas directas de autonomías y municipios. Lo vemos en los impuestos de Sucesiones y Plusvalías: gracias a las alianzas con Cs han provocado una reducción de los ingresos y una afectación de las expectativas de recuperación del gasto, así como de una mayor justicia social.

El cambio pasa porque la financiación de los ayuntamientos se incremente y no se condicione ni al suelo (ya sabemos dónde nos llevó esa ecuación), ni a tasas (que son poco progresivas y hacen ciudadanos de primera y de segunda), ni mucho menos a la venta de los servicios públicos a través de los cánones concesionales (que es por donde van ahora las cosas). Tampoco a la prestación de servicios garantizando un beneficio a la prestataria y despiezando dichos servicios para convertir la administración en una mera gestora de contratos.

El cambio también tiene que valorar la nueva ley de contratos públicos. A priori, abunda en la dificultad de contratación pública con empresas pequeñas o autónomos debido a la solvencia económica y/o técnica que se impone; y la dificultad de la aplicación de contratos menores.

Por tanto, el cambio peligra y la solución es compleja, pero pasa por relanzar los gobiernos y los programas de cambio en un contexto de intervención política y de restricción económica. La cuestión, por tanto, es cómo combinar la mejora en la gestión de los servicios públicos y del empoderamiento ciudadano con la necesaria confrontación política y las alianzas frente a las políticas restrictivas del gobierno conservador. Desentrañar ese nudo es determinante para el futuro de los gobiernos de cambio. Lo otro es la vuelta de los gobiernos conservadores y sus secuelas de recortes, insolidaridad y privatizaciones.

¿Qué asignaturas siguen pendientes de abordar? Sin duda, la reorientación de la sanidad pública desde lo farmacológico, tecnológico y hospitalario hacia la prevención, la atención primaria y a crónicos, un nuevo modelo de atención y la participación de sanitarios y ciudadanos en el sistema. Otro tanto en relación al incipiente modelo público de servicios sociales y atención a la dependencia, con la renta básica, el reconocimiento de nuevas prestaciones de rescate frente a pobreza y exclusión, la estructura pública de atención integral a la diversidad funcional y el modelo de envejecimiento activo.

En educación se mantiene el problema fundamental de los conciertos. Además, los recortes han supuesto una pérdida de cobertura, de igualdad y de calidad del sistema. Es por ello que la integración educativa y la extensión de la red de 0 a 3 años, las medidas de apoyo, la formación profesional dual, la recuperación del acceso a la universidad y en particular a los máster son objetivos prioritarios. En el capítulo de regeneración, se ha avanzado en transparencia, aunque en menor medida en participación ciudadana, buen gobierno, evaluación de gestión pública, etc. Otras materias de ámbito autonómico son la política ambiental, de residuos, movilidad y control de emisiones, así como la ordenación del territorio frente al despoblamiento y los grandes incendios. Asimismo, las políticas de igualdad y contra la violencia de género juegan un papel fundamental y exigen presupuesto.

La corriente desfiscalizadora ha afectado a los nuevos impuestos ambientales y de riesgos para la salud, que se han visto cuestionados, cuando más que una función recaudatoria deben tener un objetivo de sostenibilidad y promoción de la salud colectiva.

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En conjunto, las medidas restrictivas y las rebajas impositivas han limitado la recuperación de la inversión social, ponen en cuestión la viabilidad de las actuales y mucho más de los necesarios servicios públicos y derechos sociales y ambientales. Contra todo esto también tienen que trabajar los gobiernos del cambio.

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Gaspar Llamazares es portavoz federal de Izquierda Abierta.Eva Jiménez es concejala de Ganemos Toledo.