Fomento y Abertis ocultan el plan activado tras el colapso

El Ministerio de Fomento y la empresa concesionaria de la explotación de la autopista AP-6, en la que miles de conductores quedaron atrapados el fin de semana, rechazan hacer público el plan supuestamente activado para responder a la crisis. Iberpistas, perteneciente a Abertis, aseguró el lunes para responder a las críticas que había activado "el Plan Operativo de Vialidad Invernal en la AP-6", un "dispositivo" que había "movilizado" a 170 personas por día con 50 máquinas, 31 de ellas quitanieves. infoLibre ha solicitado desde el pasado lunes, en varias ocasiones, dicho plan tanto al departamento que dirige Íñigo de la Serna como a Abertis. Fomento responde: "El Plan Operativo de Vialidad Invernal activado en el caso de la AP-6 es de Abertis". Y remite por tanto a la empresa, a la que hace responsable de todas las decisiones fundamentales adoptadas durante el colapso. Por su parte, la compañía señala a través de un portavoz oficial que el plan "no es público" y, por tanto, se niega a facilitarlo.

El Plan Operativo de Vialidad Invernal, conocido por sus siglas POVI, es "un protocolo consensuado entre la empresa y Fomento", señalan fuentes sindicales de Iberpistas. Y apuntan: "De todas formas, en función de las previsiones, se deben preparar recursos. Por las fechas y las circunstancias meteorológicas, estaba claro que podía haber problemas, como así fue. Es posible que algo así no esté previsto en el plan. O que lo que está previsto en el plan no se lleve finalmente a cabo". Los sindicatos vienen apuntando a que el problema ha podido ser la falta de recursos, por un recorte de plantilla del 30% en Iberpistas pese a la subida de los peajes.

El Gobierno ha adoptado la estrategia de responsabilizar de todo a la concesionaria. Los aspectos más controvertidos de la respuesta a la crisis, como la entrada de vehículos a la autopista una vez colapsada la vía, entran dentro de las competencias de Iberpistas, han mantenido desde el Gobierno. Fomento ha anunciado un expediente sancionador contra la compañía. La delimitación exacta de responsabilidades en un régimen concesional es compleja. Las competencias y potestades están esparcidas por distintas órdenes, decretos, pliegos y adjudicaciones. Las asociaciones y plataformas que estos días preparan acciones legales contra la concesionaria están ahora mismo estudiando jurídicamente la vasta documentación vinculante.

Cláusulas de explotación

La adjudicación a Iberpistas se asienta en una resolución de concesión de 1968, que le otorgaba la explotación de la autopista durante 50 años, precisamente hasta el 29 de enero de 2018. Un año antes, en 1967, el pliego de cláusulas de explotación ya establecía: "En los supuestos de catástrofes graves, debidas a caso fortuito o fuerza mayor, que impidan la normal prestación del servicio en la autopista, la concesionaria deberá adoptar las medidas de emergencia que el Ministerio de Obras Públicas le imponga para lograr la reanudación inmediata del servicio, sin derecho a indemnización alguna". La misma idea está recogida en la Ley de Autopistas de 1972, que obliga al concesionario a "prestar el servicio ininterrumpidamente durante las veinticuatro horas del día, salvo supuestos excepcionales debidos a caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberá adoptar las medidas de emergencia que el Ministerio de Obras Públicas le imponga para lograr la reanudación inmediata del servicio y sin derecho a indemnización alguna".

¿Qué medida impuso Fomento –antes Obras Públicas– a Iberpistas? Tampoco hay respuesta del departamento que dirige De la Serna, ni de Abertis. La Ley de Carreteras de 2015 despierta dudas sobre la interpretación unívoca que el Gobierno ha hecho de los acontecimientos, poniendo el dedo acusador sobre la concesionaria. Dicha norma señala que Fomento puede imponer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, "limitaciones temporales o permanentes a la circulación en ciertos tramos o partes de las carreteras". Sobre ello tampoco realiza aclaraciones el departamento de De la Serna.

De momento Fomento está recibiendo menos críticas que Interior. El más tocado es Gregorio Serrano, director general de Tráfico, que afirma que coordinó el dispositivo desde su casa de Sevilla y ha hecho énfasis en la responsabilidad de los conductores. El lugarteniente del ministro Juan Ignacio Zoido ha insistido en eludir cualquier responsabilidad con respecto a las decisiones clave adoptadas durante el fin de semana. No obstante, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial de 2015 establece que entre las competencias de Interior está "el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos [...]". "¿Podía Interior haber evitado la entrada de vehículos en la zona colapsada?", preguntó infoLibre a Interior. Sin respuesta. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, asegura que "tanto los operarios de la concesionaria como la DGT tienen toda la potestad para haber evitado la entrada de un vehículo en la autopista".

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Impedir el paso a vehículos

El reglamento de explotación de 1972 establece que la concesionaria –entonces y ahora Iberpistas– tiene la potestad de impedir el paso de vehículos "que no reúnen las condiciones adecuadas". ¿Era aplicable en este caso, por ejemplo, para vehículos sin cadenas? Abertis asegura que no puede dar una contestación concluyente. Sus respuestas siempre intentan ser cuidadosas tanto con los conductores afectados, que pueden emprender acciones contra la compañía, como con Fomento. Los roces entre el Gobierno e Iberpistas son una excepción en una trayectoria en la que el Estado ha mimado a la concesionaria. Tiene la concesión de la autopista AP-6 desde 1968. Su ampliación se adjudicó vulnerando la directiva europea de contratación pública, según estableció la Justicia comunitaria en 2010. No obstante, Fomento no anuló la concesión, sino que se limitó a rebajarla en siete años con respecto a la previsión que se hizo en 1999. Como mínimo Abertis tendrá la concesión hasta 2024.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, afirma que está "claro" que la responsabilidad fundamental es de la concesionaria, en línea con lo establecido en 2010 por una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Europistas por un colapso en la AP-1. "Eso es doctrina", subraya Arnaldo. Afirma que la empresa debe presentar a Fomento "un plan para todo el año", que incluye medidas para situaciones complejas, como las que se dieron el fin de semana. "Todo debe estar previsto", señala. No obstante, afirma que Fomento también tiene responsabilidades en la medida en que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria. Un profesional que conoce el funcionamiento de la explotación de autopistas añade: "Todo apunta a que ha fallado gravemente el fundente líquido para la nieve". ¿No estaba planificado? ¿No había suficiente, aunque estaba planificado? La comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior (Juan Ignacio Zoido) y Fomento (Íñigo de la Serna) está llamada en principio a arrojar luz sobre cuestiones como éstas.