Un informe de la Policía española está en el origen de los problemas judiciales en Marruecos de la activista Helena Maleno

Helena Maleno es una famosa activista española, residente en Tánger (Marruecos), que se encarga de velar por la vida y los derechos humanos de los migrantes que sacrifican absolutamente todo para cruzar por la llamada frontera sur de Españafrontera sur : las vallas de Ceuta y Melilla y toda la costa andaluza, murciana y canaria a la que se puede llegar, no sin penurias, en balsa o en patera. Este miércoles 10 de enero, Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras, ha acudido a declarar a un juzgado de Tánger, investigada por una presunta relación con las redes de tráfico de personas que comercian con los que quieren alcanzar Europa y una vida digna.

La actividad de Maleno se resume en un sistema de alertas con en el que tanto su organización como ella, en redes y mediante llamadas a Salvamento Marítimo, avisan de los migrantes que se encuentran intentando cruzar el mar destino España en una embarcación y que son vulnerables, susceptibles de encontrar la muerte en tan peligroso viaje. Lo hace gracias a su amplia red de contactos de la población africana que espera en Marruecos una oportunidad para iniciar la peligrosa travesía: muchas veces estas personas se suben a la embarcación con el número de Maleno en el teléfono móvil, en caso de que surgieran problemas: otras veces son sus familias las que avisan si no tienen noticias en horas de sus seres queridos. Maleno llama a las autoridades y publica en Facebook lo que le llega. Su muro está lleno de comentarios de sus amigos en Marruecos, que celebran con "Boza"(significa victoria en fula, lengua hablada en África occidental por la etnia fulani) si el intento de los migrantes ha sido exitoso, o piden a Dios que proteja a los que no están teniendo suerte.

La activista, en cuanto recibe las alertas, llama a las autoridades españolas responsables de los rescates. Y esta labor es, precisamente, la que le ha puesto bajo la sospecha de la Policía española, que inició las pesquisas que han sido recogidas por la justicia del país africano. Marruecos comienza a investigar hace años y es en 2015 cuando "aseguran que no encuentran nada que imputar a Helena, y gracias a los mecanismos de cooperación judicial entre los dos países, le piden a España el informe que estaban preparando", explica Gema Fernández, abogada de la organización Women’s Link Worldwide, que está asesorando a Maleno en este proceso. El informe al que se refiere es al elaborado por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, que acusa a la mujer de connivencia con las mafias. La policía remitió este documento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que determinó en abril de 2017 que no había caso porque no había pruebas.

Recibido el documento por parte de la justicia marroquí, se abre la investigación cuyo primer paso ha sido dado este miércoles 10 de enero, tras una petición de la defensa para aplazar este trámite. Pese a que ahora el caso se desarrolla en Marruecos, no habría sido posible sin ese informe de la Ucrif española, que interpreta que las llamadas de Helena a Salvamento son prueba de una colaboración con las mafias para asegurarse de que los migrantes llegan a su destino. Fernández, para preparar la defensa de la activista, ha tenido acceso a este informe, principal motivo de que se abriera la investigación en el país africano. "El principal elemento del documento son las llamadas a Salvamento Marítimo. Es una interpretación, además de las llamadas, de que las relaciones que tiene Helena establecidas con la comunidad migrante en Marruecos tienen relación con esas organizaciones, esas mafias. No tienen nada", asegura Fernández.

Según ha afirmado la propia Maleno, que no ha podido atender a la petición de entrevista de infoLibre al estar descansando tras dos horas de declaración, el juez marroquí ha avalado el carácter "humanitario" de su labor, y la ha citado de nuevo para el 31 de enero. "Hemos hablado con Helena y con alguna de las compañeras abogadas que han estado con ella. Ha salido contenta, satisfecha con las garantías que se han observado en el interrogatorio, ha podido entregar documentación muy importante, se le ha comunicado al juez que la Fiscalía archivó el caso", explica la abogada de Women’s Link Worldwide. "El juez ha pedido más tiempo para poder estudiarse el dossier. Creemos que esto es positivo, porque demuestra que no va con una idea preconcebida", asegura.

La criminalización de los rescatadores

"No es el primer caso", asegura la abogada, al ser preguntada si es aislado que se criminalice a los activistas que luchan por la vida de los migrantes que intentan alcanzar las puertas de Europa. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es una de las que enarbola un peligroso discurso: si no se ayuda a los inmigrantes, no querrán venir, por lo que mejor no ayudarles. Apuntó directamente a las ONG Proactiva Open Arms y Médicos Sin Fronteras de favorecer el tráfico de personas en Libia. La segunda, en un extenso comunicado, desmintió que el rescate de personas en el mar supusiera un efecto llamada: tras la retirada de la operación europea Mare Nostrum para abordar la llegada de migrantes a la costa italiana, y su sustitución por la operación Tritón, con menos posibilidades de rescate, las embarcaciones que partían de Libia no disminuyeron en número, sino que aumentaron.

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Un discurso al que, además, se ha sumado el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido: "Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular", aseguró en julio del pasado año. Las cifras que defienden organizaciones como MSF, sacadas de la propia Frontex, desmienten ningún tipo de potenciamiento.

Maleno no se ha limitado a avisar a Salvamento Marítimo cada vez que tenía constancia de un migrante en alta mar en peligro de muerte. También ha denunciado las prácticas de las autoridades marroquíes y españolas en materia de inmigración, sobre todo en lo referente a las fronteras marítimas. El último caso más sonado fue en el que, según su testimonio y el de los afectados, murieron siete mujeres en la costa de Melilla. La embarcación en la que viajaban fue interceptada por la Guardia Civil y, en vez de rescatar a sus tripulantes, espera a que venga la patrullera marroquí, que remolca el bote de vuelta a aguas africanas: en ese peligroso procedimiento, estas mujeres cayeron al agua y murieron ahogadas, afirma el testimonio de testigos.

Zoido, en el Senado, negó el episodio y aseguró que se prestó atención médica a los migrantes. La práctica se conoce como devolución en caliente en el mar. Al igual que las terrestres, es tachada de ilegal por Naciones Unidas, y el Defensor del Pueblo se ha manifestado abiertamente en contra de su realización. Sin embargo, no está siendo investigada por ningún órgano judicial: sí está bajo lupa la labor de la activista Helena Maleno.