Salgado achaca a Grecia e Irlanda la recaída de la economía española en 2010

La exvicepresidenta para Asuntos Económicos del Gobierno Elena Salgado ha reconocido que el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero cometió "aciertos y errores" a la hora de gestionar "la crisis económica más grave de los últimos setenta años" en un momento en el que "las circunstancias no pudieron ser más adversas".

Según ha apuntado Salgado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, el Gobierno se planteó como objetivo "proteger a España" de un rescate que "habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido su futuro como país".

Además, el Ejecutivo buscaba "contener la repercusión de los efectos de la crisis del sistema financiero sobre la economía productiva y sobre el empleo", así como "limitar el coste para el erario público de los recursos requeridos para ayudar a las entidades financieras en crisis" y "sostener los servicios públicos que definen esencialmente el Estado del Bienestar".

"En parte lo logramos y en parte no, porque las circunstancias no pudieron ser más adversas. Sería insensato mostrar satisfacción", ha señalado quien fuera también ministra de Economía y Hacienda, de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, piensa que "en alguna medida" el Gobierno del que formó parte contribuyó "a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad".

La exvicepresidenta económica del Gobierno ha apuntado que las decisiones que adoptó el Ejecutivo fueron determinadas por "la profundidad de la recesión, su interrelación con la situación del sistema financiero y el efecto conjunto diferencial que todo esto tuvo sobre el empleo".

Así, ha señalado que la estrategia fiscal adoptada por el Ejecutivo "fue consistente con las recomendaciones de los principales organismos internacionales" y ha añadido que "si no se quería recortar una parte importante del Estado del Bienestar era necesario incrementar algún impuesto", como se hizo con el IVA.

Impacto de Grecia

Salgado ha puesto en valor que al inicio de 2010 la evolución de la actividad económica en España "iba en línea con las proyecciones", dado que el Producto Interior Bruto (PIB) empezó a crecer y la prima de riesgo se situó por debajo de los 100 puntos básicos. En ese momento, estalló la crisis griega, según ha recordado.

Para la exministra, ese fue uno de los hitos que generó una "perniciosa relación" entre la deuda pública y la situación de las entidades financieras. En su opinión, la falta de credibilidad del programa de rescate a Grecia y las discrepancias extendieron la desconfianza hacia los países "considerados más débiles", como Portugal, España e Irlanda.

Tras hacer un repaso de las medidas tomadas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, Salgado ha explicado que "España consiguió que el aumento de la prima de riesgo fuera menor debido a que se aprobó la ambiciosa reforma de pensiones con el acuerdo de los agentes sociales".

El coste social del 135 fue nulo

Para Salgado, la reforma del artículo 135 de la Constitución que se acometió en 2011 tuvo un coste en términos sociales "nulo" en comparación con las alternativas planteadas por las autoridades monetarias.

"La decisión adoptada fue, de nuevo, apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro a cambio de no hacer más recortes en el corto plazo que habrían erosionado gravemente los servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso se aprobó la reforma del artículo 135", ha dicho.

Según ha explicado, este artículo establece que el sector público debe aceptar los déficit presupuestarios como una forma de contrarrestar los defectos de demanda del sector privado que tendrían que ser compensadas en el futuro con superávits.

El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2011 con 316 votos a favor y 5 en contra la que representa la primera reforma constitucional de trascendencia al objeto de incluir en la Ley Fundamental el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

Aunque PSOE y PP no introdujeron ninguna cifra en la Carta Magna, en una ley orgánica posterior se consignó un límite del 0,4% al déficit de las administraciones públicas, a razón de un 0,26% en el caso del Estado, el 0,14% para cada comunidad autónoma y el cero para los ayuntamientos.

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Salgado ha explicado que España sometió en 2011 a la práctica totalidad de su sistema financiero a los test de estrés de la EBA y los resultados indicaron que ningún banco necesitaba capital adicional.

No obstante, ha apuntado que la restricción crediticia y la financiación de las empresas se vieron agravadas por la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que requería aumentar en 200.000 millones de euros el capital de los bancos europeos y por la elevación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en dos ocasiones.

Para la exministra, es "impresionante" la transformación que ha experimentado el sector financiero en España en los últimos años, como "se ha reconocido por las instituciones internacionales".