Los diez asuntos que marcarán la agenda política europea

Con el fantasma del euroescepticismo un poco más alejado tras las elecciones en Holanda, Alemania y Francia, y superada la primera fase del proceso de divorcio con Reino Unido, Europa se enfrenta a un 2018 que, en palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, será “absolutamente determinante” para la refundación de la Unión Europea. Si 2017 se presentó como el año de la amenaza rupturista, este se plantea como el de la construcción del futuro club comunitario. Por ello, la agenda política en Bruselas estará marcada, según señala el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) en su informe Diez asuntos para observar en 2018, por cuestiones clave como la reforma de la Eurozona, la negociación del marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 –el primero sin Reino Unido–, la segunda fase de las negociaciones del Brexit o las elecciones europeas de 2019 –unos comicios en los que se tendrá que adaptar la composición de un nuevo Europarlamento en el que ya no estarán representados los británicos–.

Además, los expertos del EPRS ponen también el foco en varias cuestiones en materia de seguridad. Aparte de la amenaza yihadista, con el problema de los retornados como una de las mayores preocupaciones, el think tank del Parlamento Europeo considera que habrá que prestar atención a asuntos como el aumento de las tensiones con Corea del Norte, la ciberseguridad o la desinformación, un tema que desembarcó en España con el referéndum del 1 de octubre pero que ha sido recurrente desde las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2016 en Estados Unidos.

El divorcio con Reino Unido

La salida del Reino Unido de la Unión Europea seguirá siendo durante uno de los asuntos fundamentales en la agenda política comunitaria. Después de seis largas rondas de diálogo, el pasado mes de diciembre los dos equipos negociadores consiguieron cerrar, en tiempo y forma –la fecha límite para poner fin a la primera ronda de negociaciones era otoño de 2017–, un primer acuerdo sobre el Brexit en el que mostraban su consenso en torno a tres aspectos fundamentales que habían permanecido encallados: los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los británicos en suelo comunitario –“protección recíproca” para “permitir el ejercicio efectivo de los derechos derivados del derecho de la Unión”–, la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y la liquidación financiera, una factura que podría ascender para el Reino Unido a entre 40.000 y 45.000 millones de euros.

Ahora, con el visto bueno del Consejo Europeo a este primer apretón de manos, las dos partes deben intentar cerrar en octubre de este mismo año la segunda fase de negociaciones, en la que se abordarán principalmente dos asuntos de suma importancia: el periodo de transición tras el Brexit –el divorcio debería sellarse definitivamente en marzo de 2019– y la futura relación comercial entre Reino Unido y la UE. Sobre la primera cuestión, Bruselas apuesta por una etapa de adaptación que concluya el 31 de diciembre de 2020. Durante ese año y medio –frente a los dos años que pide la parte británica–, Europa quiere que su exsocio respete la integridad del mercado interior y la unión aduanera y acepte y aplique tanto las nuevas normas que se pongan en marcha durante la transición como las que ya están en vigor. Todo ello, además, sin estar representado en las instituciones comunitarias.

En el caso de la futura relación comercial, el negociador jefe de la UE deslizó que trabajará tomando como “modelo” el tratado con Canadá, en su opinión única opción posible después de que Reino Unido cerrara la puerta a seguir dentro del mercado único. Más allá de la dificultad y tiempo que requeriría preparar un acuerdo comercial como el CETA –ha tardado más de cinco años en negociarse y su ratificación estuvo a punto de desmoronarse a última hora ante el veto de la región belga de Valonia–, los expertos del Parlamento Europeo recuerdan también que un acuerdo del tipo canadiense limita “el acceso a los mercados para los servicios”. Por ello, se han puesto sobre la mesa varias opciones. Por un lado, una especie de CETA que incluya los servicios. Por otro, “un acuerdo de asociación” al estilo Ucrania, que “proporcionaría una zona de libre comercio profunda y completa” y facilitaría la “cooperación política en materia exterior y lucha contra el terrorismo”.

La nueva Europa

Dos meses después de la ruptura definitiva con Reino Unido, se celebrarán los novenos comicios al Parlamento Europeo, unas elecciones que, según los expertos, “luchan por ser verdaderamente ‘europeas’ en lugar de nacionales, tanto en su forma como en su contenido”. Esta cita con las urnas será, si todo sigue el curso previsto, la primera sin la participación de Reino Unido. Por tanto, la clave se encuentra ahora en ver cómo se repartirán los 73 escaños británicos que quedarán vacantes tras el Brexit. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo tiene ya entre manos un informe, que podría aprobarse en febrero, en el que se establece un modelo para adaptar la composición de la Cámara. El documento prevé que 22 de los asientos se distribuyan entre los 11 países más afectados por la actual distribución –a España le corresponderían 58 en lugar de los 54 actuales– y que los restantes puedan utilizarse, por ejemplo, para una circunscripción única donde compitan “listas paneuropeas” (liberales, izquierda, conservadores…).

Otra de las cuestiones que marcarán el nuevo año político será el debate sobre el futuro del euro. El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas para reforzar la Eurozona después de una década de recesión. Entre las recetas incluidas se encontraban, por ejemplo, la conversión del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo o la creación de un “instrumento de estabilización fiscal” al que puedan acudir países golpeados por la crisis cuando sus recursos nacionales no les permitan salir del atolladero. El futuro de la zona euro se puso sobre la mesa en el último Consejo Europeo de 2017, en el que su presidente, Donald Tusk, sólo veía posibilidad de acuerdo en torno a tres puntos: la conversión del MEDE, la puesta en funcionamiento de una mecanismo común de protección para el Fondo Único de Resolución y el avance hacia la culminación de la Unión Bancaria. La reunión se cerró sin ninguna decisión concreta. En la cumbre del euro del próximo mes de marzo se intentará de nuevo.

También en materia económica, otra de las cuestiones clave para este año es la negociación del próximo marco financiero plurianual (MFP) –establece los límites de los presupuestos generales anuales de la UE– para el periodo 2021-2027, el primero sin Reino Unido –contribuyente neto a las arcas comunitarias–. De hecho, el próximo 23 de febrero se celebrará un Consejo Europeo informal para comenzar a discutir las prioridades presupuestarias para esos seis años. En este sentido, la pasada semana los países del sur tomaron posición durante la cumbre celebrada en Roma, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de España, Italia, Portugal, Francia, Grecia, Chipre y Malta. Por escrito, todos ellos fijaron sus prioridades: “cogestión y cofinanciación de las políticas migratorias”, financiación conjunta y ambiciones compartidas para una estrategia de defensa común “plenamente implementada” y recursos para poner en práctica el pilar de derechos sociales de la Unión Europea, entre otras.

“Existe un amplio consenso entre la Comisión, el Parlamento y muchos académicos de que el actual sistema de recursos propios necesita una reforma”, sostienen los expertos del ERPS. Y una oportunidad de oro para dar ese paso, añaden, se presentará este mismo año. El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar en mayo un paquete que incluya una propuesta global para el próximo marco financiero plurianual y en el que se planteen cambios. “La Comisión cita la posibilidad de instaurar impuestos medioambientales y energéticos comunes para incentivar la descarbonización de la economía o crear un impuesto a las transacciones financieras para ayudar a estabilizar el mercado único y la zona euro. (…) También ve posibilidades de ampliar los instrumentos financieros, como los préstamos o las garantías, tanto dentro del presupuesto de la UE como más allá, como parte de la ‘arquitectura financiera ampliada’ de la UE”, señala el estudio.

Desigualdades y migración, en la agenda social

En el debate social, la Unión Europea deberá centrar sus esfuerzos en atajar de una vez por todas las desigualdades, “un problema arraigado y persistente”. Con un índice de Gini –indicador de la desigualdad de ingresos– “estancado” tanto para los Estados miembro a nivel individual como para la Unión Europea a 28, el Viejo Continente tendrá que ponerse manos a la obra para conseguir implementar el recién aprobado Pilar Europeo de los Derechos Sociales –veinte principios y derechos esenciales destinados a fomentar mercados de trabajo y sistemas de protección social equitativos y que funcionen correctamente– y todas las políticas relacionadas. “La gobernanza económica dura y el futuro de las finanzas de la UE tendrán un gran impacto en los esfuerzos por superar las desigualdades”, aseveran los investigadores. Como parte de esta implementación, se espera que durante el año se apruebe un paquete de equidad social, con medidas dirigidas a respaldar a los Estados en la actualización de sus sistemas de protección.

También preocupa la situación de los jóvenes europeos, “que ocuparán un lugar destacado de la agenda” comunitaria durante el próximo año. En primer lugar, en 2018 debe cerrarse la Estrategia de la Juventud para el periodo comprendido entre 2019 y 2027, que deberá ser, según las partes interesadas, “transversal y estar estrechamente alineada con otros ámbitos de políticas y fuentes de financiación”. En este sentido, consideran fundamental una “mayor participación”, tanto de las autoridades como de los jóvenes, “en el diseño, implementación y monitoreo de la estrategia”. Además, recuerdan los expertos, durante el próximo ejercicio se establecerá “una base legal” para el recién creado Cuerpo de Solidaridad Europeo, se celebrará en París una nueva reunión de las partes interesadas sobre el Proceso Bolonia y proseguirá, con la vista puesta en las negociaciones del nuevo MFP, la campaña de la fundación Solidar para conseguir que la financiación de Erasmus + se multiplique por diez.

Otro de los asuntos prioritarios de la Comisión para este año vuelve a ser la cuestión migratoria. Aunque la entrada irregular de migrantes experimentó una reducción del 60% en 2017 –Frontex registró un total de 204.300, lejos de los 1,5 millones contabilizados entre 2015 y 2016–, los expertos señalan que, teniendo en cuenta los conflictos, el cambio climático y las disparidades entre el Viejo Continente y terceros países, “es poco probable” que la “presión migratoria disminuya”. “La UE debe encontrar formas de ajustarse a la nueva realidad y prepararse para los volátiles flujos de migración forzada”, añaden. En este sentido, el think tank del Parlamento Europeo recuerda que en 2018 los Gobiernos negociarán y se aprobará, en el marco de Naciones Unidas, un pacto mundial para una migración segura y regular y otro sobre refugiados. No obstante, el secretario general de la ONU, António Guterres, ya señaló en The Guardian que ni serán tratados formales ni impondrán obligaciones vinculantes a los Estados.

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Los atentados en Londres, Barcelona, París o Estocolmo evidenciaron que el terrorismo sigue siendo una amenaza constante en Europa. Con un Estado Islámico prácticamente derrotado militarmente –la coalición internacional calcula que ha perdido un 96% de los territorios que controlaba en Siria e Irak–, ahora una de las principales preocupaciones es hacer frente al fenómeno de los retornados –ciudadanos europeos que se desplazaron en su momento a los dos países para luchar junto al grupo terrorista y que pueden volver a suelo comunitario–. “Algunas áreas necesitan mejoras adicionales y existe una reflexión continua sobre la mejor manera de abordar los desafíos existentes. El intercambio de información de inteligencia es uno de esos ámbitos, ya que la cooperación entre las autoridades nacionales sigue siendo inadecuada a pesar de los claros progresos realizados durante los dos últimos años”, apostillan los expertos.

A la amenaza yihadista se suma también uno de los temas recurrentes desde las elecciones presidenciales celebradas en EEUU en noviembre de 2016: la desinformación y la ciberseguridad. Con el foco puesto incluso sobre el referéndum catalán del pasado 1 de octubre, se espera que la vicepresidenta europea de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, solicite durante los primeros meses de año más recursos para el equipo StratCom, un grupo de expertos encargado de recopilar casos de desinformación, aunque esto pueda tensar todavía más las relaciones con Moscú. En materia de ciberseguridad, dos instrumentos clave entrarán en vigor a lo largo del año: la Directiva de Seguridad de Redes de Información –"las empresas identificadas como operadores de servicios tendrán que adoptar medidas de seguridad adecuadas e informar a las autoridades nacionales sobre incidentes graves"– y el Reglamento General de Protección de Datos –"las empresas tendrán que notificar a clientes y autoridades sobre las violaciones de datos"–.

En materia de seguridad, los expertos tampoco se olvidan del aumento de la tensión entre Pyongyang y Washington. “Una de las mayores preocupaciones a nivel internacional es que la crisis de Corea del Norte se convierta en un conflicto a gran escala, que podría afectar no solo al este de Asia, sino también a una gran variedad de actores en todo el mundo”, dicen. En esta línea, el think tank de la Eurocámara considera que a pesar del aislamiento y las sanciones internacionales “es poco probable” que Kim Jong Un “ponga en negociaciones” su programa atómico. “Su objetivo es ser reconocido como un poder nuclear de facto similar a India, Israel y Pakistán”, dicen los analistas del Parlamento, algo que “podría empujar a otros países de la región” a optar por “la opción nuclear”.