Las eléctricas se resisten a dedicar parte de sus beneficios a paliar el problema de la pobreza energética

La presión social generada por el alcance del fenómeno de la pobreza energética ha forzado a las administraciones a poner sobre la mesa medidas para paliar la situación de las familias que no pueden hacer frente a los recibos de los suministros básicos. También las compañías eléctricas se han visto forzadas a adquirir ciertos compromisos, aunque siguen resistiéndose a dedicar parte de sus millonarios beneficios a paliar este problema de forma directa, tal y como vienen demandando organizaciones sociales como la Alianza contra la Pobreza Energética.

Entre las políticas puestas en marcha en los últimos años están los convenios firmados con las comercializadoras de electricidad y que, en la práctica, consisten en que la administración en cuestión (ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma...) paga a la compañía eléctrica el recibo que no puede abonar el cliente que está en situación de vulnerabilidad.

El compromiso que asumen las eléctricas, por su parte, es no cortar el suministro a dichos clientes mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica. Eso sí, una vez que la reciben, los beneficiarios tienen que destinar ese dinero a satisfacer la deuda contraída. Por tanto, los fondos siguen saliendo del bolsillo de todos los contribuyentes. De estos convenios pueden beneficiarse las personas a las que los servicios sociales municipales han concedido una prestación económica de subsistencia por urgencia social.

Endesa es la compañía que más acuerdos de este tipo ha suscrito, de los que se beneficiaron durante 2017 un total de 80.695 clientes. La eléctrica que dirige Borja Prado ha suscrito convenios con seis comunidades autónomas (Aragón, Cantabria, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y Madrid), así como con 39 ayuntamientos. También ha firmado acuerdos marco cinco federaciones de municipios a las que están adheridas 185 localidades. 

La segunda que más acuerdos ha firmado es Iberdrola, que ha suscrito 72. Entre ellos, con los gobiernos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Euskadi, Madrid, Murcia y Navarra; así como con 60 ayuntamientos, 36 de ellos del área metropolitana de Barcelona. La compañía que lidera  Ignacio Sánchez Galán, sin embargo, declina dar la cifra de cuántas personas se han beneficiado de estos convenios.

Gas Natural Fenosa, por su parte, tiene actualmente firmados 18 acuerdos con ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Durante el último año, alrededor de 30.000 clientes vulnerables han estado protegidos de cortes de suministro en virtud de estos convenios, según datos de la compañía que preside Isidro Fainé.

Asesoramiento  

Además, las eléctricas han implementado otras medidas específicas. Por ejemplo, Gas Natural Fenosa anunció hace un año la puesta en marcha de un plan que, entre otras cuestiones, contempló la activación de una línea telefónica gratuita para atender clientes en situación de vulnerabilidad, así como una unidad de atención formada por un equipo de aproximadamente 60 profesionales dedicados a hacer seguimiento a los clientes que pueden estar en una situación de pobreza energética. 

La compañía anunció este plan, a cuya puesta en marcha destinó 4,5 millones de euros, apenas dos meses después de la muerte de la anciana Rosa Pitarch tras el incendio provocado por una de las velas que utilizaba para alumbrarse después de que esa compañía le hubiera cortado el suministro. Su fallecimiento contribuyó a que se incrementara la sensibilización pública sobre el problema de la pobreza energética e incluso se convocaron movilizaciones de protesta ante las sedes de las principales suministradoras. 

Por su parte, Endesa ha puesto en funcionamiento acciones de asesoramiento para la optimización del coste de sus facturas a través de los canales de atención al cliente, así como actos de formación a servicios sociales y ONG tanto en hábitos de consumo energético eficiente y optimización de la factura, como sobre la nueva normativa del bono social. La compañía, sin embargo, no especifica qué fondos dedica a estas medidas. 

Iberdrola, por otro lado, no ha contemplado la puesta en marcha de medidas específicas contra la pobreza energética más allá de los convenios suscritos con administraciones públicas. Un portavoz señala, sin embargo, que sí tiene personal específico dedicado a toda la operativa de gestión que permite atender a estos clientes y que eso también tiene un cierto impacto económico, aunque no está cuantificado. 

Durante 2016, el último ejercicio del que hay datos disponibles, las tres eléctricas que copan la gran parte del mercado minorista español –Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola– realizaron 398.982 cortes de suministro por no abonar las facturas. Estos números contrastan con sus millonarios beneficios que, en conjunto, alcanzaron 5.901 millones de euros ese año. Las cifras que difunden las compañías muestran también que, en conjunto, durante 2016, se produjo una reducción del 40% en los cortes de luz por impago respecto al año anterior.

Las empresas suelen defender que gran parte de los cortes de luz no responden a situaciones de pobreza energética porque el suministro se restablece en menos de 48 horas. Según las cifras que las citadas compañías hacen públicas en sus informes así ocurrió en 261.004 de los 398.982 cortes efectuados durante 2016, es decir, en el 65% de los casos. Sin embargo, los números oficiales también constatan que 40.989 clientes (el 10% del total) tardaron más de una semana en poder pagar la factura y retomar el suministro y que hasta 23.218 (6%) estuvieron más de un mes sin electricidad en sus domicilios.

Corresponsabilidad   

En todo caso, más allá de las medidas señaladas, si hay algo claro es que las compañías eléctricas siguen resistiéndose a ayudar a los pobres energéticos a través de condonaciones de deudas o aportaciones económicas directas. De hecho, han llevado a los tribunales por tercera vez la regulación del bono social eléctrico, un descuento en la factura de determinados consumidores en situación de vulnerabilidad y familias numerosas que el Gobierno les obliga a sufragar. Tras la última reforma son todas las comercializadoras que operan en el mercado eléctrico las que tienen que financiar este recibo bonificado, que se calcula en alrededor de 230 millones de euros anuales. 

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Las eléctricas ya consiguieron tumbar en los tribunales las dos regulaciones previas de este descuento y que también les obligaba a sufragarlo. En 2012, tras un fallo del Tribunal Supremo, fueron indemnizadas con 200 millones de euros que salieron de las facturas de todos los consumidores. El Gobierno puso en marcha un nuevo modelo que de nuevo anularon los jueces en octubre de 2016. Si el Tribunal Constitucional no lo anula –pues está recurrido por el Ejecutivo– los consumidores tendrán que indemnizar de nuevos a las eléctricas con los más de 300 millones de euros que invirtieron en financiar este descuento entre 2013 y 2016.  

La mayor sensibilización pública sobre el problema de las familias que no pueden hacer frente a los suministros básicos también ha abierto el debate de la corresponsabilidad. Es decir, hasta qué punto las eléctricas deben o no implicarse aportando fondos propios para paliar las consecuencias de este fenómeno teniendo en cuenta que se trata de un mercado privatizado. Por ejemplo, las legislaciones específicas sobre pobreza energética aprobadas en los últimos años en Cataluña, Murcia o la Comunitat Valenciana apuntan a la posibilidad de que las eléctricas concedan ayudas a fondo perdido o apliquen descuentos en las facturas de las familias vulnerables. 

Es lo que defienden colectivos como la Alianza contra la Pobreza Energética, que creen que se debe buscar la implicación económica de las eléctricas en el problema y no solo facilitar los trámites para que las administraciones públicas paguen las deudas de las familias vulnerables. La patronal UNESA, integrada por las cinco grandes compañías –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo–, mantiene en cambio que obligar a las compañías a dedicar una parte de sus beneficios a esta cuestión va en contra de la unidad de mercado.