Las razones por las que Puigdemont puede ser detenido a pesar de su inmunidad parlamentaria

Carles Puigdemont, igual que los demás diputados del Parlament de Cataluña, no puede ser detenido, “salvo en caso de flagrante delito”. Junts per Catalunya (JuntsxCat) se aferró este viernes al artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Cataluña para invocar el derecho de su cabeza de lista a regresar de Bélgica sin temor a ser arrestado y poder así participar en la sesión de investidura que el Parlament celebrará en los próximos días.

La diputada de JuntsxCat Elsa Artadi, después de entrevistarse con el nuevo presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, recordó que todos los diputados gozan de inmunidad, también Puigdemont y los que están en prisión y en Bruselas, informa Europa Press. Lo que hace falta ahora, añadió, es “ver cómo se puede” conseguir, “dentro de la estrategia judicial y política”, que se respete este derecho. Para asegurarse, la formación que lidera Puigdemont no descarta solicitar un pronunciamiento de los letrados del Parlament.

Cuando fue citado a declarar, en el mismo procedimiento que acabó con Oriol Junqueras en la cárcel, Puigdemont no gozaba de inmunidad porque había sido destituido como president y el Parlamento estaba disuelto. Tampoco tenía ese privilegio cuando fue dictada orden detención contra él, porque se cursó antes de las elecciones del 21D y de su toma de posesión como diputado en la nueva legislatura.

Expertos en derecho constitucional consultados por infoLibre no se pusieron de acuerdo este viernes sobre la posibilidad de que el destituido president pueda invocar la inmunidad parlamentaria para regresar desde Bélgica sin ser detenido. Xavier Arbós, catedrático de la Universidad de Barcelona, asegura que todo depende de qué se considere “delito flagrante”, que es la única excepción que el Estatuto concede a la inmunidad. En el caso de Carles Puigdemont, una posibilidad sería considerar flagrante su desobediencia al Tribunal Supremo, cuya citación a declarar fue desatendida por el destituido president. Técnicamente, un delito flagrante es aquel que se está ejecutando actualmente o en el preciso instante de la detención, no uno que se cometió tiempo atrás.

Joaquín Urías, profesor de la Universidad de Sevilla, admite que no hay una “interpretación fácil” en este caso porque es “un problema complejo”. Para empezar, a diferencia de los diputados en el Congreso y los senadores, los parlamentarios autonómicos ni siquiera pueden ser detenidos previa autorización de la Cámara de la que forman parte.

A partir de ahí, señala Urías, caben dos interpretaciones. Siguiendo la primera, la inmunidad sólo sería de aplicación para las fuerzas de seguridad que no tuviesen autorización judicial pero no para los jueces, que podrían dictar órdenes de detención contra los diputados autonómicos investigados. De otro modo, razona, sería imposible procesar a los parlamentarios de las Cámaras autonómicas, en las que no existe la figura del suplicatorio.

La segunda interpretación es que el juez sí podría ordenar la detención de un diputado pero sólo si está imputado (lo que ahora se conoce como investigado) y se ha abierto un procedimiento contra él, no si únicamente esta desatendiendo una simple citación como testigo. En ambos casos, según este planteamiento, la inmunidad parlamentaria no sería un obstáculo para detener a Puigdemont si decide regresar de Bélgica. 

La existencia de una causa penal abierta es, en opinión de fuentes jurídicas consultadas a finales de octubre pasado cuando la Fiscalía evaluaba sus opciones para actuar contra el entonces todavía president, el principal argumento para dictar una orden de detención válida a pesar de la inmunidad parlamentaria.

También duda Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. En su opinión, Puigdemont eludió el flagrante delito al anticiparse a la citación judicial con su huida de España. Y sólo podría predicarse la “flagrancia” de esa decisión de eludir la acción de la justicia, no de los delitos por los que está siendo investigado en el Supremo, porque fueron supuestamente cometidos hace meses. En conversación con infoLibre, Torres del Moral sostuvo que, en este caso, puede alegarse que la “flagrancia” del delito de desobediencia quedó en suspenso por la argucia de Puigdemont de huir al extranjero. “Poniendo tierra de por medio, se pierde la inmediatez” asociada al flagrante delito. No obstante, se inclina por creer que en este caso debería primar la necesidad de hacer justicia sobre la “jugarreta” del president destituido.

El catedrático de la UNED recuerda que la inmunidad parlamentaria se originó en la Revolución Francesa y en las Gloriosa inglesa para asegurar que el monarca no pudiese impedir, mediante detenciones arbitrarias, la presencia de los diputados que no le eran fieles. La idea era garantizar la soberanía del Parlamento.

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Mientras la Mesa del Parlament decide si está dispuesta a que Puigdemont se someta a la votación de investidura sin abandonar su refugio belga y Junts per Catalunya explora la posibilidad de invocar la inmunidad parlamentaria para que regrese sin riesgo de ser detenido y así pueda participar en una investidura presencial, el president destituido se ha apoyado en las nuevas tecnologías para argumentar que podrá gobernar desde Bélgica y reunirse con los miembros de su Gobierno.

Al preguntársele si descarta cruzar la frontera, ha asegurado que no puede descartar nada. Lo que sí afirmó con rotundidad es que “no hay plan B. Sólo hay plan A. La gente ha votado por la restitución”, recalcó Puigdemont, que espera reunirse lo antes posible con el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent.

“Si España quiere ser un Estado de Derecho debe comportarse como un Estado de Derecho, y esto significa respetar la decisión de los ciudadanos”, replicó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por afirmar que tomarán todas las medidas para impedir que sea investido.