La legislación española "invisibiliza" a las niñas y "olvida" sus derechos

Invisibles. Así es como la ONG Plan Internacional define la situación de las niñas en el ordenamiento jurídico español. Lo revela en un informe [consultar en este enlace] publicado este miércoles, en el que la organización analiza el estado en el que se encuentran las niñas, como colectivo especialmente vulnerable, dentro de la legislación española. Si bien existe una incorporación paulatina de avances a nivel normativo en defensa de los menores, las lagunas para ellas son todavía evidentes. Valeria Vilardo, experta en género e incidencia política en Plan Internacional España, explica en declaraciones a infoLibre que el análisis sobre el ordenamiento jurídico español tiene por objeto "detectar si las niñas están mencionadas y si se toman en cuenta sus derechos y necesidades específicas". La conclusión, señala, es que el ordenamiento no diferencia, con carácter general, al grupo específico de las niñas en el ámbito de la infancia ni en lo que respecta a las mujeres. Es decir, "la protección al menor no incluye a las niñas y la igualdad no incluye un enfoque de edad" que proteja a las menores. 

Que las niñas se encuentren incluidas en la "categoría general del menor comporta que son invisibles", relata la experta, y "si no se mencionan es muy difícil que se impulsen medidas para proteger sus derechos". Según el informe, "la ausencia de las niñas como grupo demográfico particular hace que queden olvidadas como sujeto explícito de derecho y como objeto de vulnerabilidades específicas". En España, asegura, las niñas han sido completamente "invisibles en el ordenamiento jurídico" hasta que el entramado legislativo da su primer paso en el año 2007. Entonces se aprueba la Ley de Igualdad, que las menciona y reconoce por vez primera como sujeto de una especial protección por "la consideración de las singulares dificultades en que se encuentran". 

Ya en 2015, la Ley Orgánica 8/2015, que modifica el sistema de protección a la infancia, proclama el interés superior del niño como eje transversal en materia de protección a la infancia y la adolescencia, pero "la perspectiva de género está ausente en la norma", critica el análisis elaborado por la organización. La propia Ley de Protección Jurídica del Menor, si bien se erige como máximo regulador de la protección de los menores, también es muestra de la "ausencia de medidas y acciones de protección específica para las niñas".

La Ley Contra la Violencia de Género, por su parte, contempla "la protección de los menores no sólo para la tutela de sus derechos, sino también para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer", que además quedarán ampliadas con la veintena de propuestas que lleva consigo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que atañen a los menores víctimas. Sin embargo, denuncia el documento, la norma no menciona de forma específica a las niñas, que quedan "incorporadas en la categoría general de menor".

En cuanto al Código Penal, sí existe la prohibición de cuestiones clave como la mutilación genital o la ablación, pero "tampoco en este caso se considera que las niñas merezcan una especial protección, quedando ocultas bajo la categoría genérica de menor a pesar de que son quienes sufren mayoritariamente la mutilación genital".

Ante dicha coyuntura, Valeria Vilardo reclama que los derechos y las vulnerabilidades de las niñas "estén incorporados de manera sistemática en las leyes que regulan la infancia y los derechos de la mujer, con medidas específicas". En España, recuerda citando datos de 2016 recopilados por Unicef, 5.523 menores fueron víctimas de delitos graves en el ámbito familiar. "De estos casos el 67,7% se perpetuaron contra las niñas", detalla Vilardo, quien concluye que, por tanto, ellas son "más vulnerables" respecto a la violencia contra la infancia.

Por este motivo, Plan Internacional se suma las ONG que reclaman una norma de protección integral contra la violencia en la infancia, "que no sólo cuente con un capítulo específico para las niñas, sino que tanto ellas como sus necesidades estén integradas en toda la ley". El objetivo, relatan los autores del informe elaborado por la organización, es que la ley "aborde las diferentes formas de violencia que sufren las niñas, dirigiéndose a la violencia psicológica, física y sexual, tipificando el acoso callejero y escolar, y mejorando las medidas de protección frente al matrimonio forzado, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la prostitución de las niñas", entre otras cuestiones, "desde un enfoque de derechos humanos, infancia y género". La ONG solicita, asimismo, la aprobación de un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las niñas, dotado del "presupuesto adecuado" y que "garantice los derechos de las víctimas a la atención, protección, justicia y reparación".

Una ley específica para la infancia

La demanda de una ley específica para prevenir y erradicar la violencia contra los menores viene de lejos. Ocho años lleva la ONU sacándole los colores a España en materia de infancia. El pasado lunes 22 de enero volvió a hacerlo, pero esta vez el Ejecutivo respondió con una promesa: aprobar una ley integral de medidas contra la violencia en la infancia. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, se comprometió ante los relatores del Comité de la ONU para los Derechos del Niño que examinaban a España en Nueva York a aprobar la ley antes del mes de septiembre. La norma fue reclamada por este organismo internacional hace ocho años.

En paralelo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ofreció al Congreso trabajar en un Pacto de Estado por la Infancia capaz de garantizar una mayor protección de los menores. Para lograr ese acuerdo, que estaría basado en la promoción, la protección y la participación de los niños, propuso crear una subcomisión para ir "dibujando juntos" las respuestas que necesitan los diferentes modelos y situaciones familiares, según avanzó durante su primera comparecencia en la Comisión sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia el miércoles 24 de enero.

Tan sólo un día antes, el martes, la ONG Save the Childrenlan lanzó la campaña #LosÚltimos100, que pone sobre la mesa los últimos cien niños víctimas de violencia desde el año 2012. La iniciativa sitúa en un primer plano los casos de homicidio, asesinato, violencia sexual o suicidio por acoso escolar. Catalina Perazzo, responsable de políticas de infancia en Save the Children, explica en conversación con este diario que la campaña organizada busca "movilizar a la población y que ésta nos ayude a pedir que se sitúe a la infancia como una prioridad". Perazzo asegura que tanto en el Gobierno como en el Congreso existe un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar en la construcción de un marco legislativo sólido y de hecho, agrega, la Cámara Baja aprobó en septiembre una proposición no de ley que instaba a iniciar trabajos sobre una futura ley y ofrecía un plazo de un año para sacar el texto adelante. No obstante, la activista reprocha que el Consejo de Ministros aprobara en diciembre su plan anual para 2018, sin rastro de la ley prometida. "Nos pareció que era dejarla fuera de sus prioridades", lamenta. "Hay mucho consenso pero poca intensidad", insiste, "es lo primero que se saca de la agenda".

Las ONG hacen suya la exigencia de una ley integral porque "tal y como dijo el Comité de Derechos del Niño hace falta un cambio de cultura de la sociedad española para rechazar la violencia contra la infancia". Perazzo considera que el trabajo en esta materia debe ser similar al que se articula respecto a la violencia de género, cuya condena social se ha hecho evidente en los últimos años. "Creemos que con la violencia hacia la infancia debe pasar lo mismo, el problema es que está invisibilizada, no trasciende que los niños sean víctimas de violencia", lamenta la experta.

Las organizaciones exigen que la nueva ley contra la violencia en la infancia se tramite antes de que termine el año

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El punto de partida para comenzar a trabajar pasa por la creación de un registro oficial y fiable. "Las cifras son la punta del iceberg y actualmente no hay datos suficientes", sostiene Perazzo, quien reitera la necesidad de "un sistema de datos que permita hacer un diseño de políticas públicas eficiente". En este punto coinciden los miembros de Plan Internacional, quienes consideran necesario contar con "datos concretos, desagregados por sexo y edad, para poder desarrollar leyes y políticas eficaces".

Perazzo critica, además, que la violencia contra la infancia esté regulada "de manera fragmentada" a través de diversas normativas como la Ley contra la Violencia de Género, la Ley 26/2015 que regula la protección de la infancia y adolescencia o el propio Código Penal. No obstante, añade, "hacen falta medidas de prevención para no llegar a la violencia", que incluyan "formación, concienciación o herramientas a los padres para educar en positivo", algo que considera "esencial como parte de la detección" del problema.

La experta entiende igualmente fundamental las reformas en el seno del sistema judicial. "En un análisis de sentencias, sólo un 15% de los casos llegaban a juicio", explica, de modo que el aparato judicial "no está adaptado a las necesidades de los niños". No se prevé, añade, "de manera automática el acercamiento de los niños al sistema judicial, no existen medios para que se recoja su testimonio" de manera que "se deshecha su participación". En este sentido, continúa, "la formación especializada de jueces y fiscales", no sólo en materia de infancia sino también, y especialmente, en cuestiones de género, se presenta como una asignatura troncal pero aún pendiente.