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Operación Púnica

El juez cita a declarar a los guardias civiles a los que Granados acusa de no investigar a Marjaliza por narcotráfico

El empresario David Marjaliza, implicado en el caso 'Púnica' (archivo).

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El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez Morales, ha citado a declarar el próximo 19 de febrero a las 10.15 horas a los seis guardias civiles contra los que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados interpuso una querella por la omisión de investigar al que fuera su socio David Marjaliza por un presunto delito contra la salud pública.

Así consta en una providencia con fecha del 29 de enero de 2018, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también se reclama que se aporten sus antecedentes penales. Asimismo, el juez pide a la defensa del exmandatario madrileño que presente en este juzgado la transcripción "en papel" de los documentos que adjuntó en el CD que acompañaba la denuncia.

Granados presentó una querella contra el que fuera su socio, David Marjaliza y otras dos personas por su presunta vinculación con el narcotráfico a tenor de lo recogido en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil durante la Operación Púnica. En este contexto, también interpuso otra querella contra seis agentes del Instituto Armado por no investigar estos hechos.

El letrado del exmandatario, José Javier Vasallo, explica en sendas denuncias, a las que tuvo acceso Europa Press, que a raíz de la investigación abierta por el caso Púnicase procedió a la intervención telefónica, seguimiento y vigilancia de los investigados, entre ellos el propio Granados y Marjaliza.

Estas escuchas telefónicas fueron reproducidas en el primer juicio de la Púnica, que se celebró en noviembre en la Audiencia Nacional por el chivatazo que supuestamente dieron dos guardias civiles a Granados acerca de que estaba siendo investigado y en el que el considerado conseguidor de la trama, David Marjaliza, declaró como testigo. Granados fue condenado por esta pieza a dos años de prisión por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secretos.

La vigilancia en la sede

Según refleja la denuncia dirigida contra los guardias civiles —que también testificaron en esa vista oral—, en uno de los informes redactados sobre los pinchazos telefónicos se expone que Marjaliza llamó a su secretaria, Ana María Ramírez, para comentarle la "vigilancia a la que se ha sometido a su sede social" y la atribuye a que "ha acudido dos veces a verle 'el cojo', un individuo cuyo hermano está en la cárcel por drogas".

"El Cojo" alude al empresario Eduardo Arellano, quien también aparece en el sumario de la trama Púnica por sus negocios con Marjaliza, y otro de los querellados por un delito contra la salud pública. La querella concreta hizo negocios con el exsocio de Granados para "ganar un buen dinero y grande", o intentaron pagar la fianza de 90.000 euros alguien al que llaman "el jefe", que fue detenido por la Audiencia Nacional en el aeropuerto de Barajas en agosto de 2014.

El letrado recuerda en dicha querella que "todos los miembros" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que declararon en el juicio "admitieron que por falta de medios no se investigó la relación del señor Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción" y que de sus conversaciones se desprendía que tenía un contacto con el "mundo del narcotráfico".

Cooperación "en el más absoluto de los silencios"

"A pesar de la existencia de indicios delictivos no consta que los referidos agentes hayan iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público", dice la querella.

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"Es más —prosigue Vasallo—, conocedores de estos hechos han contribuido y cooperado en el más absoluto de los silencios" para que Marjaliza obtuviera el "perdón tácito" o el "premio a la futura cooperación en todo lo que a la carta se precise o se necesite" en la instrucción que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Marjaliza "ha podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros conforme se declaró por los agentes en el plenario celebrado, sin que hasta la fecha, y por razones desconocidas se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial", concluye.

 

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