La jueza procesa al exalcalde de Granada (PP) y a nueve de sus ediles por el 'caso Serrallo'

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción en el llamado caso Serrallo y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a nueve de sus ediles —seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de la provincia— además de otros altos cargos del Consistorio, informa Europa Press.

En este caso se investigan posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias a raíz de la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Así consta el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza procesa a un total de 17 personas por este caso, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Entre estas personas se encuentran los ediles que apoyaron en su día en una Junta de Gobierno Local el expediente que dio luz verde a la operación, seis de los cuales aún siguen en el grupo municipal del PP; además del que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, un interventor, la exdirectora de Urbanismo, entre otros altos cargos; y el promotor Roberto García Arrabal.

El origen de este caso se encuentra en la adjudicación en 2006, por parte del Ayuntamiento de Granada a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza, de una concesión administrativa en los Espacios Libres SG-11 para hacer un parque de atracciones infantil.

La jueza sostiene que al amparo de esta concesión "han sido introducidos usos y aprovechamientos prohibidos en el Plan General de Ordenación Urbana para este tipo de suelos", catalogados como zona verde. Concretamente, se ha permitido construir una sala de fiestas con discoteca y un pabellón cubierto de pista de patinaje con bar cafetería. Lo que, presuntamente, contraviene lo establecido en la normativa urbanística.

Sostiene la jueza que el entonces alcalde de Granada, que ha sido procesado por siete delitos, "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada y participaba activamente en la toma de decisiones" a pesar de tener delegadas las funciones en materia urbanística. De este modo, la magistrada afirma que tenía "conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo" y "existen indicios de su participación en ella".

De hecho, en su auto recuerda que Torres Hurtado presidió la Junta de Gobierno Local del 26 de julio de 2012 en la que, a propuesta de la entones concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, también procesada en esta causa, se aprobó por unanimidad el cambio de uso de estos terrenos, alterando los establecidos en el Plan General.

Igualmente, se habría producido un incremento real del aprovechamiento del Plan Parcial y, en definitiva, "se ha sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres con una parcelación ilegal del mismo, que ha permitido unas construcciones que ni en su volumen ni en su destino a uso terciario lucrativo de discoteca se ajustan al planeamiento general, el cual contravienen".

Estas construcciones tampoco "respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente, ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo", agrega el auto.

Incide la jueza en que "ni el alcalde ni el equipo de gobierno han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística conculcada sino que, por el contrario, para lograr la impunidad" y "legalizar a posteriori lo ilegalmente ejecutado" se elaboraron unas ordenanzas de edificación, aprobadas mediante acuerdo del pleno el 24 de mayo de 2013.

"A continuación, el Ayuntamiento inició una innovación-modificación puntual del Plan General —"sin cumplir la legalidad" por ser competencia de la Junta— para integrar estas ordenanzas, lo cual ha sido paralizado por la Junta de Andalucía. Es más, en agosto de 2014 se requirió al Ayuntamiento para que anulara las licencias y proyectos de urbanización ilegalmente concedidos, pero se rechazó a propuesta de la concejal de Urbanismo y del alcalde y con el voto favorable del Pleno del Ayuntamiento.

También están procesados en esta causa los miembros de la citada junta de gobierno local de 26 de julio de 2012 en la que se aprobó el cambio de usos de esta zona, como presuntos autores todos ellos, de un delito de prevaricación urbanística.

Los concejales procesados que integran actualmente el grupo municipal del PP son Juan García Montero, María Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. A ellos se suman los ya exediles Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.

En el auto la jueza hace constar que, según el informe del Jefe de Servicio de Conservación de Edificios, el presupuesto de las obras de demolición de los pabellones de la sala de fiestas y el bar kiosco es de 114.872 euros, de acuerdo al informe redactado por una empresa.

En cuanto a la cantidad a la que pudiera ascender la indemnización a terceros de buena fe, precisa que en el Ayuntamiento se está tramitando procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por una cuantía básica de 415.000 euros.

Los concejales del PP recurrirán

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Granada que han sido procesados han anunciado que recurrirán el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 para que esta causa continúe por el trámite de procedimiento abreviado, previo a un posible juicio.

A través de un comunicado, el grupo municipal del PP ha mostrado su "más absoluto respeto" hacia la decisión del Juzgado, aunque ha querido dejar "claro" que está "en desacuerdo" con ese dictamen.

El coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, ha señalado que, "como no puede ser de otra manera", el Partido Popular es "siempre respetuoso" con las decisiones judiciales, pero ha insistido en que tanto él como los demás concejales del grupo que están investigados por este asunto entienden que no hay "ningún motivo" para que la causa siga adelante.

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De hecho, ha recordado que los investigados ya presentaron hace meses un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada en el que mantenían que no había razones para tal investigación, puesto que lo que hicieron en su día fue —ha dicho— "votar favorablemente un expediente en una junta de gobierno que tenía los informes técnicos y jurídicos favorables".

Fuentes ha agregado que no comparte la decisión de la juez porque ésta "ni siquiera ha esperado a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre nuestro recurso", algo que puede parecer "por lo menos precipitado". Además, ha indicado que en el propio auto que este lunes se ha dado a conocer se reconoce que este dictamen ahora emitido no es firme.

"Especifica que cabe interponer un recurso y, evidentemente, es lo que vamos a hacer", ha subrayado Fuentes, que está procesado en esta causa junto a los también ediles en activo Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Francisco Ledesma y María Francés.