El modelo de inmersión lingüística que cuestiona el Gobierno en Cataluña ha recibido 258 quejas de familias en ocho años

El modelo educativo catalán vuelve a acaparar todos los focos. En esta ocasión, por el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de que aplicará el artículo 155 para "garantizar" la elección del castellano como lengua vehicular en los centros educativos de esa comunidad autónoma. Ante el bloqueo en la elección de un nuevo Govern, el Ejecutivo central mantiene la competencia en el ámbito educativo y, en consecuencia, sobre el periodo de escolarización, que suele iniciarse en primavera. 

En rueda de prensa, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, declinó responder sobre "cómo" se llevaría a cabo esta medida a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas. En todo caso, el mero anuncio supone un cuestionamiento de la llamada inmersión lingüística, que consiste en que en la gran mayoría de centros educativos la única materia que se imparte en castellano es la de lengua y literatura española. Según datos de la Generalitat en 490 de los 3.503 colegios e institutos sostenidos con fondos públicos sí se imparte alguna materia más en español aunque la lengua vehicular es el catalán, tal y como avala la normativa autonómica. Son apenas el 14%. 

El modelo, vigente desde principios de los noventa, cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad educativa catalana, si bien en los últimos años una parte pequeña de la población en términos cuantitativos sí ha reclamado un sistema más equilibrado. Las cifras oficiales apuntan en esa dirección. Desde 2010, fecha en la que el soberanismo sitúa el punto de inflexión que disparó la indignación de parte de la sociedad catalana tras el fallo que recortó el Estatut, se han presentado ante la Alta Inspección Educativa de Cataluña un total de 258 denuncias de familias que reclamaban más horas de castellano en los centros educativos. Estos datos han sido facilitados a infoLibre por el Ministerio de Educación a través del Portal de Transparencia. El número de alumnos matriculados en centros públicos y concertados supera el millón.

Esas tensiones también se han visto reflejadas en la derivada judicial que el modelo de inmersión lingüística ha tenido en los últimos años. Especialmente tras los cinco autos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instó en enero de 2014 a otros tantos centros educativos a fijar un 25% del horario lectivo en lengua castellana. La decisión daba respuesta a los recursos planteados por cinco familias con respecto a ocho alumnos. Algunas de estas familias han denunciado casos de "acoso" tras realizar estas peticiones tal y como ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha documentado 33 casos similares desde 2014.

La reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert, el mismo que se jactó en el Congreso de los Diputados en 2012 de que había que "españolizar a los niños catalanes", también amenazó con poner patas arriba el sistema de inmersión lingüística al establecer la obligación para la Generalitat de pagar ayudas de 6.000 euros por curso para garantizar que los hijos de las familias que así lo soliciten puedan estudiar en español en centros privados. Pero desde que se puso en marcha la medida, en 2014, se han registrado 154 solicitudes, lo que evidencia que no cuenta con una gran demanda en términos absolutos.

Segregación 

"Para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos", insistió Méndez de Vigo este viernes. No obstante, fue muy insistente en que la intención del Gobierno no es cambiar la ley ni el sistema lingüístico catalán. La normativa autonómica [consultar, aquí] establece claramente que el catalán es la lengua vehicular de aprendizaje en los centros sostenidos con fondos públicos de Cataluña (artículo 11). 

Para lo que sí tendría margen el Gobierno es para dar cumplimiento a distintas resoluciones judiciales que se han dictado en los últimos años y que la Generalitat ha obviado. Entre ellas, las citadas del TSJC de 2014. Y también varias del Supremo derivadas de estas. En 2015, en virtud de estos fallos, el alto tribunal instó a la Generalitat a "adoptar cuantas medidas sean necesarias" para garantizar un 25% del horario lectivo en español, incluyendo otra asignatura troncal además del castellano. Pero los datos oficiales evidencian que en sólo el 14% de centros educativos sostenidos con fondos públicos se imparten al menos dos materias en castellano. 

El ministro no concretó qué cambios plantea establecer, aunque sí dijo que su gabinete no ha estado de acuerdo con cómo la Generalitat ha desarrollado hasta la fecha la "preinscripción" en los centros educativos. De hecho, señaló que su departamento había recurrido este proceso en los tres últimos cursos al entender que era contrario a la ley. No obstante, no precisó si pretende incluir en esos formularios una casilla para que las familias puedan elegir qué modelo lingüístico prefieren como demandan entidades como Sociedad Civil Catalana. 

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De hacerse realidad, la medida anunciada por el Gobierno pondría en cuestión el actual modelo y podría derivar en una segregación de los alumnos en función de la lengua, que es lo que temen todas las fuerzas políticas con representación en el Parlament salvo Ciudadanos y el PP. También los sindicatos CCOO y USTEC STEs rechazan la propuesta, que atribuyen a criterios políticos, no pedagógicos ni sociales. 

La cuestión de la separación de los alumnos en función de la lengua ya estuvo muy presente en la redacción de la Ley de Normalización Lingüística, de 1983, que estableció que la lengua catalana debía ser usada "progresivamente" en los centros educativos; y de sus desarrollos normativos, que apuntaron hacia una generalización de la docencia en catalán. Se impusieron entonces las tesis de los partidos de izquierda, que entendían que una de las claves de la cohesión social era la creación de una única red escolar con el catalán como lengua vehicular, pues en un primer momento Convergència apostó por establecer dos líneas paralelas, una en español y otra en catalán. 

En el curso 1983-1984, se aplicó por primera vez el Programa de Inmersión Lingüística en las escuelas públicas de municipios con una gran población de habla castellana, fruto de la inmigración española, como Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, ambas en la provincia de Barcelona. El proceso de generalización del catalán se consumó en los llamados decretos de inmersión de 1992, que desarrollan la LOGSE en Cataluña, y que establecieron por primera vez que el catalán se debía utilizar "normalmente" como "lengua vehicular y de aprendizaje". A partir de entonces la escuela en catalán se convirtió en el modelo de enseñanza en toda Cataluña. Y así ha continuado, al menos, hasta ahora.