Puigdemont y la CUP redoblan su apuesta por internacionalizar el conflicto catalán

Internacionalizar el conflicto. Ese es el objetivo declarado de la decisión de la CUP de enviar a su exdiputada Anna Gabriel a Ginebra (Suiza) en vez de permitir que declare este miércoles en el Tribunal Supremo, donde ha sido citada por el juez que instruye la causa contra el procés independentista. El mismo propósito que buscaba el destituido president Carles Puigdemont cuando decidió anticiparse a las decisiones judiciales y trasladarse a Bruselas (Bélgica) en un intento de denunciar la represión del Estado español y ganar apoyo internacional para la causa independentista. Además, obviamente, de evitar un posible encarcelamiento o condena por parte del Tribunal Supremo.

La CUP busca eco internacional y Puigdemont negocia con Esquerra un modo de desbloquear la investidura que sirva al mismo tiempo para recuperar protagonismo en Europa reuniendo nuevas evidencias de "la represión del Estado". La negociación entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana trata de reconstruir la unidad estratégica del nacionalismo catalán buscando un territorio común en el que quepan al mismo tiempo la decisión de los republicanos de mantenerse dentro de la ley —y evitar nuevas imputaciones— y la restauración de la legitimidad de Puigdemont que la candidatura del president destituido ha convertido en la piedra angular de su posición política.

En las últimas horas ha trascendido que una de los escenarios que están siendo sometidos a debate entre ambas organizaciones vuelve a ser que Puigdemont sea investido simbólicamente en el extranjero —no está claro si mediante un acto protagonizado por los diputados independentistas en exclusiva o con la participación también de alcaldes, concejales y otros cargos soberanistas que reconozcan la legitimidad del president destituido—.

La Vanguardia, citando fuentes de la negociación. publicó este martes que se está trabajando incluso con la hipótesis de que ese acto tenga lugar el próximo martes 27 de febrero y que casi inmediatamente Puigdemont dé “un paso a un lado” para facilitar que Jordi Sànchez, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real desde hace 128 días y número dos de Junts per Catalunya, sea presentado como candidato a la Presidencia. Ese día, el martes 27, Puigdemont participará en un acto en el Parlamento belga organizado por sus aliados del partido flamenco NV-A, lo que ha comenzado a alimentar toda clase de especulaciones.

Una investidura simbólica de Puigdemont estaría precedida por una votación en el Parlament votaciónque reconociese su legitimidad como president.

Las opciones de Sànchez

La candidatura de Sànchez a la Presidencia de la Generalitat —una posibilidad que ya fue adelantada hace dos meses por infoLibre— pondría al Tribunal Supremo ante un difícil dilema. Puede negarle la posibilidad de acudir a la sesión de investidura, en coherencia con las decisiones que ha tomado hasta la fecha con el argumento de que existe riesgo de reiteración delictiva, pero si lo hace dará nuevos argumentos al soberanismo para denunciar a los cuatro vientos, especialmente en Europa, "la represión" a la que, aseguran, está siendo sometido el independentismo. Sobre todo porque existe un precedente: hace 31 años la justicia permitió a un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, abandonar la prisión para acudir a la sesión de investidura en la que se presentaba como candidato a presidir la Lehendekaritza.

En aquella ocasión, la Audiencia de Pamplona resolvió de forma unánime que debía permitirse a Yoldi asistir a la sesión porque no se puede privar a un ciudadano en prisión preventiva de la posibilidad de presentarse como candidato a presidente de la comunidad autónoma, ya que además de sus derechos políticos se estarían lesionando los de sus electores. Esta decisión fue además ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Si, por el contrario, el Supremo permite a Sànchez acudir al Parlament y convertirse en president de la Generalitat —tiene votos suficientes para lograrlo—, el juez tendrá que decidir si mantiene en prisión preventiva nada menos que al jefe de Gobierno de Cataluña —representante ordinario del Estado en la comunidad catalana— o cambia de criterio y le deja en libertad.

El objetivo del soberanismo

En ambos casos, el soberanismo conseguiría poner de nuevo el foco en lo que consideran el centro de la cuestión: el problema no es Puigdemont sino que el Estado español no reconoce el resultado de las elecciones y trata de impedir que la mayoría soberanista forme gobierno siguiendo el mandato mayoritario del Parlament elegido el 21 de diciembre.

Consumadas las citaciones judiciales ordenadas por el juez instructor —este martes acudieron a declarar el expresident Artur Mas y la alcaldesa de Vilanova y expresidenta de la asociación de municipios por la independencia, Neus Lloveras–, la Mesa del Parlament evitó tomar cualquier decisión para descongelar la investidura que pusiese en peligro las delicadas negociaciones entre JuntsxCat y Esquerra y ganar así algo de tiempo para conseguir un acuerdo.

No obstante, el anuncio del PSC de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para forzar la puesta en marcha del calendario previsto en la ley, lo que obligaría a convocar elecciones si el Parlament no elige president en el plazo de dos meses, forzará con toda probabilidad a los independentistas a no demorar indefinidamente una decisión.

La posibilidad de que Puigdemont aceptase una investidura simbólica y estuviese dispuesto a dejar la candidatura en manos de otro diputado de JuntsxSí ya fue descartada en el pasado por el president en el exilio, entonces dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su apuesta por la defensa de la legitimidad de su cargo.

Si JuntsxCat y Esquerra llegan a un acuerdo para impulsar una investidura simbólica en Bruselas y poner a prueba al Supremo proponiendo a Sànchez, los soberanistas habrán dado un nuevo impulso a su estrategia de internacionalización del conflicto, con la que tratan desde hace meses de desacreditar la actitud del Gobierno de España. Exactamente lo mismo que persigue la CUP con la huida de Anna Gabriel a Ginebra.

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En rueda de prensa con los diputados de la CUP y el Secretariado Nacional, Benet Salellas, exparlamentario anticapitalista y abogado de la propia Gabriel, justificó su traslado a Suiza en la necesidad de poner en marcha una estrategia de “internacionalización de la situación política” de Cataluña.

Que Gabriel se haya establecido en Ginebra no es casual, explicó, porque la CUP busca expresamente el altavoz de los organismos de derechos humanos con sede en la ciudad para intentar poner un “espejo ante la dictadura en la que se está convirtiendo el Estado español” . Los anticapitalistas quieren que Gabriel tenga presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque en su agenda más inmediata está mantener reuniones con agentes políticos suizos, informa Europa Press.

Un portavoz del Gobierno suizo ya anticipó este martes que si el caso de Anna Gabriel se basa en motivos políticos su país no atenderá una eventual demanda de extradición.