Unicef teme por el futuro de 720.000 menores rohinyás atrapados por la violencia

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido de que 720.000 niños rohinyás están en riesgo por la llegada de la temporada de tifones a Bangladesh, por la persistente violencia o por la violación de sus derechos fundamentales, por lo que ha reclamado protección para ellos aprovechando que se cumplen seis meses del último gran éxodo migratorio.

Una ola de ataques perpetrada el 25 de agosto por insurgentes en el estado birmano de Rajine desencadenó una represión implacable que empujó a casi 700.000 rohinyá a cruzar al vecino Bangladesh. Sumados a los rohinyás que ya habían huido en oleadas anteriores, la cifra de refugiados ronda ya el millón.

Un informe de Unicef cifra en 185.000 los niños que permanecen en Rajine, mientras que otros 534.000 figuran entre los refugiados en territorio bangladeshí. "Alrededor de 720.000 niños están atrapados", ha advertido el director de los programas de emergencias de la organización, Manuel Fontaine.

Los rohinyás musulmanes apátridas en un país de mayoría budista, han sido expulsados de sus hogares y sus comunidades y ahora se encuentran a la deriva, atrapados en una especie de limbo y sin apenas derechos. A ello se suman constantes amenazas para la salud y la vida como son los tifones que podrían empezar a llegar a Bangladesh.

Una potencial inundación de los campos de refugiados, ya de por sí "frágiles e insalubres", aumentaría el riesgo de contraer enfermedades transmitidas a través del agua y obligaría al cierre de clínicas, centros de aprendizaje y otras instalaciones para los niños, ha advertido Unicef en su informe.

La jefa de prensa del Comité Español de Unicef, Belén de Vicente, que ha visitado recientemente la zona, ha señalado que en Kutu Palong, considerado ya el campo de refugiados más grande del mundo, las personas "viven hacinadas en pequeñas chozas con unas condiciones de vida absolutamente precarias".

Tomar medidas

"Esta no es una crisis que se solucione fácilmente, podría llevar años superarla si no se coordinan esfuerzos para abordar las causas subyacentes que la han motivado", ha reclamado Fontaine, cuya agencia ha lanzado un nuevo llamamiento al Gobierno de Birmania para que respete los Derechos Humanos, elimine la restricción de movimientos para los rohingya y permita el acceso de esta comunidad a servicios básicos y medios de subsistencia.

Los rohinyás, ha advertido Fontaine, "no van a volver a no ser que se garantice su seguridad y se les conceda la nacionalidad, a menos que puedan mandar a sus hijos al colegio y vean la oportunidad de un futuro".

Muchos de ellos, como ha recordado De Vicente, tienen aún nítidos los recuerdos de la barbarie. Mohamed, con 11 años, vio cómo soldados birmanos "arrojaban al fuego" a varios de sus amigos, mientras que Tasmin contempló como los militares "mataban a su padre delante de ella".

Human Right Watch ha asegurado que, desde finales de 2017, el Gobierno birmano ha destruido "al menos 55 aldeas", en las que ha acabado con todas las viviendas y con la vegetación "empleando maquinaria pesada. "La mayoría de estas aldeas están entre las 362 aldeas completa o parcialmente destruida por ataques incendiarios" desde el 25 de agosto, cuando las fuerzas birmanas, en respuesta a una serie de ataques de milicianos, pusieron en marcha su "campaña de limpieza étnica contra los rohingyas".