Rajoy intenta escapar de la presión por las pensiones con el anuncio de retoques mínimos en el sistema

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó salvar este miércoles en el Congreso el desafío que le han lanzado desde la calle las protestas de miles de jubilados en defensa de unas pensiones “dignas”. Tal y como había anticipado ya Moncloa, no dio “golpes de efecto”. Sus propuestas fueron escasas e imprecisas. Tampoco atacan el nudo del problema. Sólo ofreció subir las pensiones mínimas y las de viudedad, pero no indicó en qué cuantía y prefirió plantear deducciones fiscales a los jubilados antes que aumentarles las prestaciones. En las negativas fue más concreto: nada de mejorarlas según crezca el IPC y menos aún de echar marcha atrás en las reformas de 2011 y 2013, que son las principales demandas de las protestas de los pensionistas. La única fórmula para enmendar la crisis de la Seguridad Social que propuso es “crear empleo; cuanto más y mejor empleo, más y mejores pensiones”. 

La propuesta apuntada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión, ni siquiera la mencionó el jefe del Ejecutivo.

La cuantía de la pensión contributiva mínima de jubilación es este año de 639,3 euros –788,9 con cónyuge al cargo–. Las cobran casi tres millones de personas. Y llevan subiendo el mismo 0,25% que las demás desde 2014, a razón de entre 1,5 y dos euros anuales. Junto a quienes perciben las prestaciones no contributivas de jubilación –257.442 en diciembre de 2017– y las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), un régimen en extinción, suman casi el 40% de las pensiones españolas. La cuantía de la pensión no contributiva alcanza los 369,9 euros al mes y la del SOVI, 381 euros.

Pese a que en su primera réplica Mariano Rajoy desechó actualizar las pensiones según crezca la inflación –“la indexación al IPC no funciona”–, al responder a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, calificó de “razonable” que las pensiones suban al ritmo en que lo hagan los precios, “al menos las más bajas”. Antes, por toda precisión, el presidente se había comprometido a subir las pensiones “todo lo que sea posible”. Pero después, en declaraciones a los periodistas tras el pleno, el portavoz del PP, Rafael Hernando, aseguró que el “objetivo fundamental” del Gobierno es “mejorar las pensiones de las personas que tienen más dificultades” incluso por encima del aumento del precio de la vida, previsto en un 1,6% para este año.

Las pensiones de viudedad las perciben 2,35 millones de personas, según las estadísticas de la Seguridad Social correspondientes al pasado febrero. La cuantía media de estas prestaciones es de 652,17 euros mensuales. Tanto las pensiones de viudedad como las de orfandad se pueden cobrar junto con otra por jubilación. Pero únicamente el 14% de las pensionistas –el 91% de quienes perciben la prestación de viudedad son mujeres– combina viudedad y jubilación: unas 575.000, según un reciente estudio del BBVA. Es decir, 1,7 millones de mujeres viven sólo de la pensión que ha generado como beneficiaria de su marido.

Los perceptores de esta prestación cobran el 52% de la base reguladora del fallecido. Pese a que la reforma de 2011 obligaba al Gobierno a elevarla hasta el 60%, éste suspendió la subida los últimos seis años para no aumentar el gasto. El pasado año el Ejecutivo anunció que la aumentaría, pero de forma gradual: un 1% este año y un 7% en 2019. Sin embargo, el real decreto aún sigue en fase de elaboración, por lo que la medida continúa sin entrar en vigor. El proyecto de la norma cifraba el coste de la medida en 175,1 millones de euros para el ejercicio en curso y en 1.381 millones de euros anuales a partir de 2019.

Deducciones fiscales

Otra de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy son posibles deducciones fiscales a los pensionistas, que tampoco concretó. Tras la primera de las protestas masivas de los jubilados, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció una deducción fiscal para los jubilados de “edad muy avanzada”, sin precisar a partir de cuántos años. Sólo explicó que se trataría de compensarles por “los mayores costes inherentes de discapacidad” que deben afrontar. En realidad, la medida ya la había avanzado en noviembre tras pactar con Ciudadanos una rebaja en el IRPF de 2.000 millones de euros que ha quedado en suspenso por la falta de Presupuestos para este año.

Según los datos de la Agencia Tributaria, en España declaran cobrar una pensión contributiva 9,67 millones de personas, de las cuales 6,05 millones, el 62,6%, ingresan por ello menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 12.673 euros al año. Como el mínimo exento, por debajo del cual no se está obligado a declarar IRPF, es de 12.000 euros, la deducción anunciada por Montoro podrá beneficiar en principio a menos de la mitad de los pensionistas.

Además, la cuantía de la pensión decrece según aumenta la edad del perceptor. A partir de los 80 años, la pensión media asciende a sólo 872 euros al mes. Es decir, al estar destinada la deducción a los pensionistas de edad más avanzada, el número de los favorecidos será aún más reducido.

Otro factor que debe tenerse en cuenta es que actualmente, el mínimo exento del IRPF es de 5.550 euros anuales para todos los contribuyentes, pero aumenta en 1.150 euros para quienes tienen más de 65 años y en 1.140 euros si se superan los 75. De elevarse ese mínimo personal que no tributa debería beneficiar a los pensionistas de más de 80 años. De esa edad en adelante hay en España un total de 1,68 millones de pensionistas que cobran por su jubilación, según las estadísticas de la Seguridad Social.

“No reformar nada ni de 2011 ni de 2013”

El presidente del Gobierno hizo una encendida defensa de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, así como de la reforma laboral, cuya derogación piden algunos de los partidos. “No dar marcha atrás en ninguna reforma”. “No reformar nada ni de 2011 ni de 2013”. Sólo cuando le preguntaron los diputados de la oposición, Rajoy recordó que el PP no había votado la reforma de 2011. Y reprochó al resto de los grupos políticos que rechazaran la de 2013, que se aprobó con los únicos votos del partido en el Gobierno. En el caso de la primera, quien hoy es secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, justificó su voto en contra porque consideraba la reforma “imprecisa” e “incoherente”. “Le exige un mayor sacrificio a los trabajadores y baja las pensiones”, argumentó. Entonces el Gobierno del PSOE aumentó la edad de jubilación de forma gradual hasta los 67 años, se amplió el periodo de cómputo de los 15 a los 25 años, los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión pasaron de 35 a 37 años y los necesarios para jubilarse a los 65 se elevaron de 35 a 38.

La reforma de 2013 se tradujo en la aplicación de una fórmula para revalorizar las pensiones que sustituye desde entonces al IPC: si la Seguridad Social cierra en déficit, como ha venido ocurriendo a partir de 2012, sólo subirán un 0,25%; si tiene superávit, podrán aumentarse un 0,5% por encima del IPC. Además, el próximo año entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que reducirá la pensión en función de la esperanza de vida de cada generación. Pese a que Rajoy abrió su discurso en el Congreso explicando que comparecía porque los partidos le solicitaban información sobre el efecto del factor de sostenibilidad en las pensiones, muy poco dijo al respecto. Nada en concreto aparte de que “responde a un pacto intergeneracional”, puesto que garantiza que “el valor de la pensión recibida en el conjunto de la vida de un nuevo pensionista, que tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que se jubile hoy”.

Poco después, en una entrevista en TVE, Tomás Burgos negó que el factor de sostenibilidad vaya a recortar la pensión en un 4% acumulativo en 10 años como había denunciado UGT. Por el contrario, aseguró que significará sólo un “pequeño ajuste” en la cuantía inicial de la pensión.

Mariano Rajoy también repitió que los “recursos son limitados” –“No podemos gastar lo que no tenemos”, insistió una vez más–, al tiempo que reprochaba a los partidos de la oposición que no le indicaran cómo recaudar más ingresos. El presidente rechazó de forma tajante la posibilidad de subir los impuestos, tal y como proponen PSOE y Podemos. De hecho, lo que ofreció fueron bajadas en el IRPF y manifestó su “acuerdo” con el portavoz de Ciudadanos y su propuesta de reducción del IRPF. Albert Rivera le recordó que su partido exigía, para apoyar los Presupuestos, un recorte en el IRPF a quienes cobren entre 12.000 y 17.000 euros anuales, “lo que supone entre 33 y 60 euros en el bolsillo del 22% de los pensionistas”.

El déficit de la Seguridad Social, desbocado

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Además, pasó igualmente de puntillas por el déficit que aqueja a la Seguridad Social. Sí presumió en varias ocasiones de haber recortado el déficit del Estado del 9,3% al 3,1%, pero obvió que, entretanto, los números rojos de la Seguridad Social se han desbocado. Hasta el punto de que el sistema cerró 2017 con el mayor déficit de su historia, 18.000 millones de euros. También atribuyó a la reforma laboral la creación de medio millón de empleos anuales. No mencionó que la devaluación de los salarios y el aumento de la precariedad del empleo han propiciado un recorte histórico en la recaudación de las cotizaciones sociales. Igualmente defendió las tarifas planas de los contratos indefinidos –reducciones de cuotas a las empresas que empleen a trabajadores fijos–, que han recortado estos últimos años los ingresos de la Seguridad Social. Aseguró que esas reducciones han sido “útiles”. El Gobierno suprimió casi todas nada más tomar posesiónsuprimió casi todas nada más tomar posesión precisamente porque las consideraba de eficacia dudosa, en sintonía con la mayor parte de los expertos. A partir de 2013, sin embargo, las recuperó gradualmente.

En su intervención ante el Congreso Mariano Rajoy destacó en dos ocasiones que, pese a la “absoluta emergencia” de la situación económica cuando el PP llegó al poder en 2012, dejó a salvo de la tijera de los recortes tanto las pensiones como el desempleo. Se olvidó el presidente de que las medidas incluidas en la reforma de 2013 tienen como objetivo explícito contener el gasto público en pensiones. De hecho, el Gobierno calcula que este ejercicio el recorte en esta partida ascenderá a 1.200 millones de euros. Las pensiones, además, han perdido  2,4 puntos de poder adquisitivo entre 2016 y 2017. Desde 2014, la merma ha sido de nueve décimas, gracias a que la inflación fue negativa hasta 2015.

También obvió que una de las primeras medidas adoptadas por su Ejecutivo fue aplicar una batería de medidas encaminadas a menguar la protección por desempleo: redujo en 10 puntos porcentuales la cuantía de la prestación contributiva a partir del sexto mes en que se cobra, endureció los requisitos de accesos a la Renta Activa de Inserción y el subsidio de paro, y suprimió el subsidio para mayores de 52 años, que sólo se puede percibir desde 2012 a partir de los 55. Así, la cuantía medida de la prestación contributiva por desempleo se redujo en sólo tres años un 11% –de 843 a 779 euros al mes–. El gasto del sistema en prestaciones y subsidios, por beneficiario, cayó en ese mismo periodo de 910 a 771 euros, según los cálculos de CCOO.