La Fiscalía del Supremo salva a la senadora imputada del PP con una bofetada al juez que inició 'Púnica'

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado este jueves un paso que, de manera objetiva, ayuda al Gobierno a aprobar los Presupuestos del Estado a la vez que asesta una auténtica bofetada al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y también a la Fiscalía Anticorrupción. Ese paso se resume así: Pilar Barreiro, la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena cuya imputación fue invocada por Ciudadanos como el gran escollo para dar vía libre a las cuentas públicas de 2018, quedará exonerada si la juez Ana Ferrer acepta la solicitud de sobreseimiento "provisional" formulada por el fiscal Fernando Sequeros. Los indicios acumulados contra ella, dice Sequeros, "no trascienden de la mera suposición".

En contra de lo que sostenían Eloy Velasco y Anticorrupción, Sequeros argumenta que el hecho de que el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, fuese contratado para mejorar la imagen de Barreiro en Internet no implica ningún delito: la frontera entre los contratos de publicidad institucional y los de estricta mejora de la imagen personal de políticos es "brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa", mantiene el fiscal. Los indicios acumulados en la investigación "carecen de entidad y relevancia", escribe también. Y "no permiten racionalmente –sin aventurar una acusación arriesgada– inferir la existencia de hechos reprochables en el orden penal".

Tras aceptar la resolución de Velasco –denominada exposición razonada– donde el magistrado de la Audiencia plasmaba los indicios de delito que pesaban sobre Barreiro –de prevaricación a cohecho y malversación pasando por fraude a la Administración y falsedad–, el Supremo abrió el caso contra la senadora en octubre. Ahora, el fiscal del Supremo ataca esa misma exposición razonada que llevó al alto tribunal a la apertura de diligencias.

Fuentes consultadas por infoLibre expresaron su temor a que la tesis aplicada por Sequeros debilite el conjunto de la investigación en lo que afecta a los investigados que lo están precisamente por haberse beneficiado de los llamados trabajos de reputación online. O sea, aquellos que, según los investigadores, servían para lavar la imagen de determinados políticos del PP pero no con cargo al presupuesto del partido o al suyo propio sino al de las instituciones que gobernaban.

Anticorrupción no observa "contradicción"

Oficialmente, Anticorrupción no se da por aludida ni por cuestionada y así lo trasladaron a este diario las fuentes consultadas en la fiscalía especializada. Pese a que el escrito de Sequeros constituye una especie de enmienda a la totalidad a los postulados esgrimidos por el juez Velasco de la mano de las fiscales de Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, Anticorrupción no observa "contradicción" con la postura de Sequeros, "que se refiere a un momento de la investigación posterior al de la exposición razonada".

Pero, sobre todo, las fuentes oficiales recalcaron que Anticorrupción no variará su posición en el caso: se mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, inculpado por hechos casi idénticos a los examinados en cuanto a Barreiro, con la diferencia de que en su caso no llegaron a firmarse contratos de reputación online con las empresas de De Pedro, Eico y Madiva. Y también se dirigirá acusación por el mismo motivo contra el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. ¿Seguirá la misma doctrina Anticorrupción en el caso de la exconsejera madrileña Lucía Figar? Este diario lo desconoce.

Según Sequeros, "las conclusiones de la exposición razonada" –una especie de auto dirigido a otro tribunal– con la que Velasco pidió al Supremo que investigase a Barreiro por encomendar a la trama del conseguidor Alejandro de Pedro su lavado de imagen en Internet con cargo, supuestamente, al Ayuntamiento de Cartagena en 2014, "no parecen respetar el principio de intervención mínima". Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre expresaron, con una pregunta, su estupefacción ante ese aserto: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó? Si no respetaba el principio de intervención mínima tendría que haberla rechazado". La admisión se produjo en octubre de 2017 con el visto bueno de la Fiscalía, entonces capitaneada por el ahora fallecido José Manuel Maza. 

El golpe de la Fiscalía del Supremo, la de mayor rango y la más cercana al fiscal general del Estado, alcanza a Anticorrupción porque la exposición razonada de Velasco se cimentaba en un escrito previo elaborado por las fiscales del caso Púnica. Y ese escrito de las fiscales no solo calificaba de "sólidos" los indicios de delito recabados contra Barreiro sino que la involucraba en un "plan criminal" en el que aparecía un personaje hoy secundario pero en aquel momento –comienzos de 2017– central: Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia igualmente en representación del PP. Sánchez dimitió después de que el TSJ murciano aceptase la exposición razonada elaborada por Velasco para explicar por qué Sánchez debía ser investigado, en este caso por el tribunal autonómico ante el que estaba aforado.

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Tres diligencias desde octubre

Las diligencias practicadas han sido tres: tomar declaración a la senadora, que negó haber usado fondos públicos para mejorar su imagen personal; tomar declaración al presidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, que refrendó lo dicho por Barreiro y aseguró muy tajante que el partido iba a pagar los trabajos de reputación no institucionales; y recabar del Ayuntamiento de Cartagena un certificado de que lo "habitual" bajo el mandato de Barreiro era que su jefe de gabinete participase en los contratos de publicidad. Según el fiscal, resultaba "ociosa por innecesaria" la opción de que desfilaran ante el Supremo los otros imputados y testigos relacionados con la trama murciana.

La Fiscalía ha presentado su escrito justo el día después de que la magistrada Ana Ferrer, asignada a la investigación de la aforada Barreiro, aceptase la personación de la asociación de abogados Adade y del PSOE como acusación popular bajo una única dirección letrada. Fuentes de la nueva acusación popular, que ya ejerce ese papel en las diligencias que sobre Púnica instruye la Audiencia Nacional, confirmaron la inminente presentación de un escrito contrario al sobreseimiento. El Ayuntamiento de Cartagena, ahora gobernado por el PSOE, se personó como acusación particular –es decir, como perjudicado– pero, según la Fiscalía, no compareció finalmente ante el Supremo el día en que se le citó para la declaración del presidente local del PP .