El Defensor advierte de que las quejas suben un 51% y llama a cambiar las políticas redistributivas

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha advertido este lunes del "enorme coste social" que ha supuesto la crisis sufrida por España entre 2008 y 2015 y que, a su juicio, ha separado al país "de la senda convergente con la UE". Por ello, llama ahora a todas las autoridades competentes a "cambiar las políticas redistributivas" poniendo la recuperación de la igualdad en "primer plano".

En declaraciones a los medios en el Congreso, tras entregar el Informe Anual del Defensor del Pueblo a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, Fernández Marugán ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos".

Así, ha señalado que parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia, son algunos de los colectivos que siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.

Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.

Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).

En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

Servicios públicos y derechos sociales 

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.

Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.

Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".

Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. Fernández Marugán está al frente de la institución desde que el pasado mes de julio Soledad Becerril cesara en el cargo. abre ahora una oportunidad "para revisar el funcionamiento de las políticas sociales" y que su mejora "incida en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas".