Una quincena de diputados suscribe una proposición de ley para promover y facilitar las demandas colectivas

Un total de quince diputados y diputadas del Congreso han firmado una proposición de ley impulsada por organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivo facilitar y blindar el uso de las demandas colectivas como fórmula "para hacer valer los derechos de los afectados" de las grandes "estafas masivas y sistémicas". Así lo han explicado la mañana del martes la portavoz de Xnet Simona Levi y la presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), Patricia Suárez, que junto a los parlamentarios Ignasi Candela (Compromís), Alexandra Fernández (En Marea) y Joan Tardà (ERC), han presentado y registrado la propuesta en la Cámara Baja. 

La proposición, impulsada por Xnet, Asufin, 15MpaRato y el abogado Fernando Zunzunegui, ha sido suscrita también por plataformas, colectivos y particulares como Acción Cívica contra la Corrupción, la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia o el economista Pau A. Monserrat, entre otros. 

La iniciativa busca modificar la Ley de enjuiciamiento civil para eliminar el requisito que limita la acción colectiva a asociaciones de consumidores y al Ministerio Fiscal. El objetivo, señalan sus promotoras, es que la alianza de consumidores, con vocación de no perdurar, sea suficiente para presentar demandas colectivas. En lugar de demostrar que se actúa en representación de la mayoría de afectados, como está establecido actualmente, la propuesta pretende que los consumidores únicamente tengan que demostrar estar afectados y probar que la estafa es sistémica. Las organizaciones también buscan que las sentencias favorables tengan efectos para todos los afectados, de modo que se cree jurisprudencia para que los casos posteriores "sólo impliquen trámites administrativos". 

Las organizaciones también presentarán una instancia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar un cambio respecto a la carga de trabajo de los jueces. Actualmente, si un juez resuelve una demanda colectiva únicamente computa como una sola sentencia emitida, pese a que la carga de trabajo es muy superior para los magistrados. El objetivo es que "puedan tener cabida en la actividad de los tribunales las demandas acumuladas y las demandas colectivas sin que suponga el colapso de la actividad de los juzgados y los organismos judiciales ni de los propios magistrados".

Otra de las acciones que prevén llevar a cabo, tal y como han explicado, es el envío de una misiva a diversos eurodiputados porque "el asunto de las demandas colectivas está empezando a moverse" en territorio europeo, de forma que "es el momento de apretar como sociedad civil". A través de la carta requieren a los europarlamentarios una modificación y ampliación de las Recomendaciones de la UE, con el fin de eliminar el punto seis: "Los Estados miembros deberían asegurarse de que las acciones de representación solo puedan ser interpuestas por entidades previamente designadas oficialmente (...) o por entidades que hayan sido acreditadas ad hoc por las autoridades nacionales de un Estado miembro o por los órganos jurisdiccionales para una determinada acción de representación". También instan a añadir un nuevo punto, según el cual "los Estados miembros deberían facultar a grupos de afectados para emprender acciones colectivas siempre y cuando su agrupación sea vinculada a esta acción concreta y no tenga vocación de continuidad".

Trabajo conjunto entre ciudadanía y diputados

La iniciativa registrada es pionera en su forma. La organización Xnet se ha propuesto reinterpretar el artículo 126 del Reglamento del Congreso, según el cual las proposiciones de ley serán adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros catorce, o bien por un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. Para Xnet, la primera vía "apenas es utilizada", de modo que propone fomentarla a través de la acción ciudadana. "Necesitamos tan sólo quince firmas" para que una propuesta impulsada porla ciudadanía "se transforme en proposición de ley". Según esta lógica, serían "los diputados, interpelados como personas, no como partidos", quienes firmarían la propuesta y ésta pasaría a trámite. 

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Actualmente, recordó Simona Levi, la actividad de la sociedad civil se plasma a través de la iniciativa legislativa popular, que no sólo supone un "gran desgaste" para los ciudadanos, sino que habitualmente "termina sin resultados". Otra fórmula, es que la sociedad civil aporte propuestas y los partidos las coopten. No obstante, ha añadido, "la sociedad civil activa funciona" y sus demandas deben materializarse a través de una "relación entre iguales y de colaboración mutua" con los diputados. 

El diputado Joan Tardà ha subrayado, en este sentido, estar convencido de que se trata de "una buena metodología para que la ligazón entre sociedad civil organizada y diputados adquiera resultados". El parlamentario ha reconocido que "ese es el verdadero lobismo" que le interesa, y ha recordado que "la indefensión de los últimos tiempos tiende a aumentar ante la administración, que ya ni pretende disimular que defiende intereses espúreos". Con él ha coincidido la diputada Alexandra Fernández, quien entiende que es necesario "revertir el descrédito de las instituciones a base del empoderamiento de la sociedad civil y del control sobre lo público". Finalmente, el parlamentario Ignasi Candela ha llevado a su discurso la experiencia valenciana para insistir en que la "iniciativa ataca al corazón de la mayor amenaza de la democracia: la acumulación de poder, el primer estadio para la corrupción masiva".

Los diputados que han firmado la propuesta, siguiendo la fórmula sugerida por las organizaciones, son: Joan Baldoví, Enric Bataller, Ignasi Candela, Joan Capdevila, Ester Capella, Francesc Xavier Eritja, Miguel Anxo Fernán Bello, Alexandra Fernández, Teresa Jordà, Joan Olòriz, Gabriel Rufián, Jordi Salvador, Marta Sorlí, Ana Marría Surra y Joan Tardà.