Sanidad

Los hospitales privados se repartieron 1.578 millones en conciertos en 2016

Movilización en defensa de la sanidad pública.

Los hospitales privados que están en manos de empresas se repartieron 1.578 millones de euros públicos por conciertos en 2016, según datos difundidos en el informe Sanidad Privada, Aportando valor. Análisis de situación 2017 [consultar, aquí] elaborado por la Fundación IDIS, una asociación en la que están representadas las principales empresas de la sanidad privada junto a algunas compañías suministradoras. Esta cifra supuso el 25,6% de su facturación durante el citado ejercicio, que alcanzó los 6.175 millones de euros. Es decir, uno de cada cuatro euros que ingresaron estos hospitales en 2016 provino de presupuestos públicos. 

Sin embargo, esta no es la única cantidad que centros sanitarios privados obtuvieron por conciertos en 2016, pues el informe de IDIS no incluye cifras detalladas de los ingresos obtenidos del erario público por parte de los grupos hospitalarios que están gestionados por entidades ligadas a las Iglesia católica, que gestionan el 27,3% de las camas privadas y tienen una facturación anual que ronda los 4.000 millones de euros. Entre ellos, la Orden de San Juan de Dios, que es el segundo agente del sector hospitalario por cuota de mercado detrás de Quirónsalud; Hermanas Hospitalarias, Cruz Roja, Hospitales Católicos de Madrid o el Grupo Hospitalario Recoletas. 

El informe, hecho público este jueves, también muestra que los ingresos por conciertos de los hospitales que define como "no benéficos" han aumentado de forma progresiva en el último lustro: 1.488 millones de euros en 2012, 1.433 en 2013, 1.483 en 2014, 1.540 en 2015, y 1.578 en 2016. En total, 7.522 millones de euros en cinco años. Además, estos datos también evidencian que en 2016 ingresaron noventa millones de euros más por estos acuerdos que en 2012. En porcentaje es un 6% más. 

Asimismo, el documento evidencia que todas las comunidades, en mayor o menor medida, pagan a empresas para que se encarguen de prestar servicios incluidos en la cartera del sistema público de salud en el ámbito hospitalario (derivaciones de consultas, operaciones...). Y es que de cada diez hospitales privados, cuatro tienen algún tipo de concierto con la Administración pública. Son 193 de los 451 existentes, el 43% del total. Además, un 7% de los hospitales privados, una treintena, están integrados en la Red de Hospitales de Titularidad Pública de Cataluña. 

Autonomías  

Precisamente Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero dedica a llegar a acuerdos con empresas privadas. Destina uno de cada cuatro euros de su presupuesto sanitario –concretamente, el 25,1% en 2015– a establecer conciertos con centros privados para prestaciones específicas y convenios singulares con 31 hospitales privados que en su mayoría están en mano de fundaciones o patronatos. Cataluña también es la comunidad con una mayor proporción de hospitales privados sobre el total, el 69%. Además, el total de camas privadas asciende al 56%. 

No obstante, esta comunidad ha desarrollado un sistema muy heterogéneo en términos de propiedad, formas de gestión y organización, el llamado modelo catalán, en el que dentro de la red pública coexisten centros propiedad de la Generalitat, de órdenes religiosas, ayuntamientos, consorcios, fundaciones y organismos con diversas formas jurídicas. Es un sistema que, en teoría, da preferencia a las entidades sin ánimo de lucro y que se diferencia de los sistemas iniciados en otras autonomías –Madrid y la Comunitat Valenciana, especialmente– donde sus Gobiernos han experimentado fórmulas de colaboración con empresas que, en algunos casos, son incluso ajenas a la sanidad.

De hecho Madrid es la segunda comunidad que más parte de su presupuesto sanitario dedica a llevar a cabo a acuerdos con empresas. En 2015 fue un 12,4% de su presupuesto. Le siguen Baleares y Canarias (10%), La Rioja (8,4%), Navarra (7,7%), País Vasco (6,8%), Murcia (6,4%), Asturias (6%), Galicia y Castilla-La Mancha (5,5%), Aragón (5,4%), la Comunitat Valenciana y Extremadura (4,5%), Andalucía (4,3%), Castilla y León (4%) y Cantabria (3,7%). 

Colaboración  

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La colaboración público-privada en sanidadse lleva a cabo a través de los citados conciertos, por los que se acuerda la prestación de servicios empleando medios ajenos a la administración sanitaria y que suelen hacerse para aligerar las listas de espera tanto de intervenciones quirúrgicas como de pruebas diagnósticas; convenios, que suponen la integración del establecimiento privado en la red pública como es el caso, por ejemplo, de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Povisa (Vigo), Fundación Hospital Jové (Asturias) o la Orden San Juan de Dios en diferentes comunidades autónomas; y concesiones administrativas (el llamado modelo Alzira). 

El modelo de concesión administrativa, que es el más cuestionado por los defensores de la sanidad pública, es el siguiente: la Administración encarga a una o varias empresas la construcción del edificio y, a cambio, éstas reciben un canon anual por prestar la atención tanto sanitaria como no sanitaria a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas, revierten a la Administración que, mientras tanto, es simplemente una inquilina en el edificio. 

Ribera Salud, pionera de este sistema en la Comunitat Valenciana, donde se enfrenta a la inminente reversión del hospital que dio nombre a este sistema, el de Alzira; y Quirónsalud (creada de la fusión de Grupo Hospitalario Quirón e IDC Salud) son los principales agentes de este modelo de sanidad privatizada

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