La limpieza imposible de Palomares: sin plan, plazos, almacén, tratado ni dinero

Los planes para retirar los residuos radiactivos de Palomares han entrado en punto muerto. No hay plan definitivo, ni plazos, ni cauce político activo. Y sí un amplio catálogo de argumentos de Estado para no acometer la limpieza. El principal es que sin Estados Unidos es imposible. Pero no el único: falta planificación económica, detalles sobre los puntos de partida y llegada durante el hipotético traslado y programa para la gestión de los residuos. Lo único que hay –admite ahora la Abogacía del Estado– es un mero estudio preliminar. La euforia en 2015 del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), que dio por encarrilada la solución tras dar continuidad a las negociaciones pilotadas con anterioridad con por el Gobierno socialista, se ha apagado por completo. El plan para limpiar de plutonio Palomares ha entrado en noche cerrada.

La Abogacía del Estado, en su respuesta a una demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para forzar la limpieza de la zona, admite la "imposibilidad" de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos, dado que el plan del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de 2010, tiene sólo un carácter "preliminar". Dicha "imposibilidad" se extiende incluso a la reclamación de "fijar un plazo para la ejecución del mismo. El taponamiento de esta vía se agrava con el enfriamiento diplomático, tras quedar en suspenso el protocolo acordado en 2015 por los Gobiernos de Mariano Rajoy y Barack Obama para la descontaminación de Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería). Donad Trump no ha dado la menor continuidad a la declaración solemnizada por el entonces ministro de Exteriores Margallo y su homólogo estadounidense, el demócrata John Kerry. El día de la firma con Kerry, Margallo dijo que ambos países venían a "reparar un error histórico cometido hace 50 años". Margallo empezó en 2012 a afirmar que España tenía "garantías" por parte de Estados Unidos.

Lo cierto es que no sólo la parte diplomática está parada. La planificación española también es insuficiente para iniciar los trabajos, según la Abogacía del Estado. "No existe un plan definitivo aprobado por el órgano competente, el Consejo de Ministros [...], y menos aún un plazo en el que deba ser cumplido un plan definitivo inexistente", señala la Abogacía del Estado en su escrito, de 5 de marzo. El plan de limpieza de 2010 elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) es una mera "propuesta preliminar informada favorablemente por el CSN en 2010", que define sólo los conceptos básicos y los elementos conceptuales de las actuaciones previstas, "dejando para una fase posterior el desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto y los aspectos específicos de tipo operacional y administrativo". Al plan, que tiene por objetivo "retirar las tierras afectadas por el accidente con la mayor cantidad de radiactividad", le falta por desarrollar lo relativo a "impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental", según la Abogacía del Estado.

El escrito insiste en la "imposibilidad de fijar un plazo para la ejecución del plan", que "no da pleno cumplimiento" a todos los requisitos del reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y "sólo regula una mínima parte de los aspectos que exige un plan de rehabilitación". La ayuda de Estados Unidos, sin la que España no se plantea acometer la limpieza, "requeriría [...] la suscripción de un tratado internacional en toda regla, y no una mera declaración de intenciones [...]". Dicho tratado debería abarcar cómo se hacen los traslados de material radiactivo, su paso por aguas internacionales, los puertos de salida y llegada, el coste económico... Las acciones previstas en el plan de rehabilitación tendrían un coste de 30 millones de euros, según un informe técnico de la Comisión Europea.

Falta de instalaciones

La Abogacía del Estado se apoya también para apuntalar la "imposibilidad" de retirar los residuos en que España carece de instalaciones para el almacenamiento definitivo de materiales contaminados con plutonio, lo que obligaría a cambiar el tipo de licencia del centro de almacenamiento de El Cabril. El almacén previsto en la provincia de Cuenca, que además también sería temporal, se está topando con problemas judiciales.

La Abogacía del Estado señala además que no existe una "exposición inaceptable [al plutonio] para la población" Palomares. Lo que se da en la zona contaminada, según el escrito, es una "exposición perdurable", que según el escrito no incumple los requisitos legales. Transcurridos más de 52 años desde el accidente, España carece de un estudio epidemológico de Palomares, como publicó infoLibre. La zona de peligro se encuentra actualmente vallada.

"Absolutamente nada"

"La conclusión está clara: no van a hacer absolutamente nada. Dicen que el problema es que no hay almacenamiento, cuando bastaría una modificación del reglamento. El plan del Ciemat está elaboradísimo, listo para ponerse en marcha. Pero no hay voluntad. Es un tema problemático en un pueblo lejano, en el que no piensa nadie", afirma José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción.

A su juicio de Domínguez, Palomares es de facto una instalación nuclear, y en la zona contaminada el plutonio se expande vía fauna y vía viento. Domínguez afirma que las autoridades están interesadas en difundir mediante filtraciones que el coste de la reparación sería inaceptable. "Pero no es cierto. Está cifrado en 30 millones", afirma.

17 de enero de 1966

El 17 de enero de 1966 colisionaron durante una operación rutinaria de reportaje en vuelo sobre Palomares un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fallecieron siete tripulantes. Los restos de las naves se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar. Cayeron cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Una se halló la misma noche del 17 de enero en el lecho seco del río Almanzora, al este de Palomares y a 300 metros de la costa. No había sufrido daños. Otra cayó al Mediterráneo. Un pescador de Águilas (Murcia), Francisco Simó, con el tiempo "Paco el de la bomba", la localizó. Fue recuperada intacta el 7 de abril, 80 días después de la colisión, a 8 kilómetros de la costa. El paracaídas había funcionado.

Los problemas vinieron con las otras dos bombas, las que el CSN llama W-2 y W-3 en su informe Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica. La W-2 cayó en un valle a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo una detonación que ocasionó un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. Hubo "dispersión material en forma de aerosol", según el CSN. La bomba W-3 cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio. Nunca ha habido compensación.

La situación resultante fue ésta, según el informe del CSN: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico y se diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas desde Puerto Blanco (donde se encontró la bomba 2) hasta las laderas de sierra Almagrera situadas junto al río Almanzora, donde cesó la búsqueda "ya que era una zona de difícil acceso, deshabitada y sin uso en esas fechas", según el CSN.

Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación. Se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos. Fue retirada la tierra contaminada de 25.000 metros cuadrados de suelo junto con restos vegetales. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados por mar al país norteamericano en 4.810 bidones para su depósito en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur). The New York Times publicó en 2016 una información que desvelaba que de 40 veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.

Colapso de la hoja de ruta

Desde 1966 hasta ahora los sucesivos gobiernos de España y Estados Unidos han mantenido una línea de colaboración para la supervisión de las consecuencias. A pesar de los empeños de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Este último acuerdo menciona que, en caso de que se considerase la necesidad de proceder a una limpieza, el Ciemat prepararía las recomendaciones para alcanzar una limpieza final de la zona, tanto en superficie como subterránea.

Dichas recomendaciones están el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010, que prevé instalar in situ unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil acceso y que hayan permanecido inalteradas desde 1996 mediante aspiración con mangueras, expedición y transporte de los residuos radiactivos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final. El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Medio kilo de plutonio. Ese plan del Ciemat no es más que un documento de carácter preliminar, según señala la Abogacía del Estado.

"Puramente cosmética"

Ecologistas en Acción siempre ha considerado que la limpieza fue "puramente cosmética", como le trasladó el pasado año en un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear. Ahí le solicitaba que empezase a retirar los residuos. Ecologistas aludía en dicha comunicación a una carta de agosto de 1968 enviada por el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, en la que exponía que en Palomares “no se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Ante el fracaso de su solicitud, Ecologistas presentó en octubre del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional para que obligue al CSN "a limpiar 50.000 metros cúbicos y a que los almacene temporalmente a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos", en vista de la poca voluntad de colaboración de la Administración Trump.

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Las autoridades españolas afirman que no hay riesgo para la salud. "El riesgo que se podría dar en Palomares", señala en un informe el CSN, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, señala el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja". El informe añade que el seguimiento desde 1966 del estado de salud en más de mil habitantes de Palomares no ha observado "ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite [...]". Ecologistas en Acción denuncia en cambio que sí hay riesgos y que se oculta información mediante la declaración de documentación como secreto oficial.

La asociación ecologista acusa además al CSN de "plegarse a las presiones" de Estados Unidos y aceptar la limpieza de sólo 28.000 metros cúbicos, que en cualquier caso la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse".

Consultado por este medio, el Ministerio de Exteriores España asegura a través de un portavoz que el departamento que ahora dirige Alfonso Dastis "mantiene su compromiso con una solución definitiva con el traslado fuera de nuestras fronteras" de los residuos y recuerda que "hubo un acuerdo político con la anterior Administración de Estados Unidos", si bien no fue vinculante. Exteriores recalca que el Ciemat mantiene activo su programa de vigilancia radiológica.