La Justicia alemana desbarata la causa judicial instruida por el Supremo contra Puigdemont

Tal y como temían algunos en el Gobierno y en el Tribunal Supremo, la Justicia alemana no ha advertido violencia en los hechos que se le imputan a Carles Puigdemont y, basándose en ese criterio, ha decidido denegar la entrega del expresident a España para ser juzgado por el delito de rebelión del que le ha acusado el juez Pablo Llarena. “Para establecer que ha habido violencia no basta con 'que un delincuente amenace o utilice la violencia para inducir a un órgano constitucional a tomar las medidas deseadas', es necesario que “ejerza tal presión sobre el órgano constitucional que sea capaz de doblegar su voluntad”. Y “ese no es el caso aquí”, concluyó este jueves el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein.

A la espera de que se despejen las dudas sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas —la defensa de Puigdemont afirma que la Fiscalía alemana no puede recurrir la resolución— lo cierto es que la decisión de la Justicia alemana acaba de poner en evidencia ante toda Europa la debilidad con la que el Supremo ha justificado que el expresident haya tratado de proclamar la independencia de Cataluña por medios violentos. La violencia es la piedra angular de la causa que el juez Llarena ha instruido contra el procés: sin ella no podría procesar a sus principales protagonistas acusándoles de un delito de rebelión, enviarles a prisión, inhabilitarles antes de que haya sentencia y sentar las bases de condenas que pueden alcanzar los 25 años de cárcel.

Si Puigdemont es entregado a España sólo por el delito de malversación —la Justicia alemana aún examina esta cuestión—, el Supremo sólo podrá acusar —y eventualmente condenar— al expresident por ese delito, castigado con una pena máxima de ocho años, mientras que el resto de lideres independentistas, situados por debajo de él en la escala de responsabilidades del procés, seguiría enfrentándose a penas extremadamente severas.

La Justicia alemana, eso sí, entiende que no hay indicios de que Puigdemont "vaya a estar en riesgo de persecución política" si es enviado a España para ser juzgado por malversación, tal y como alegaban sus abogados defensores.

Por este motivo, en las últimas horas algunas voces ya especulan con la posibilidad de que el juez Llarena retire la euroorden, como ya hizo cuando Puigdemont estaba en Bélgica, para evitar tener que procesar al expresident sólo por el delito de malversación. Fuentes de la defensa de los acusados creen que el Supremo no puede tomar esa decisión, una vez que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ya se ha pronunciado, pero el letrado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, sí consideró abierta esta posibilidad. Fuentes de la Fiscalía alemana, por su parte, confirmaron que están estudiando si es posible.

El temor de Llarena

Llarena, cuando tuvo que justificar en diciembre la retirada de la euroorden que se estaba tramitando entonces en Bélgica, señalaba en el auto que los hechos investigados sugieren la comisión de “un delito de naturaleza plurisubjetiva mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”, por lo que, si se excluye a una parte de los imputados de la acusación, el proceso podría conducir “a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”. Si se deniega la entrega por el delito de rebelión —exactamente lo que acaba de pasar en Alemania—, reconocía entonces Llarena, el proceso acabaría favoreciendo a los fugados en comparación con quienes no abandonaron España.

Paradójicamente, si el Supremo no puede dar marcha atrás en la euroorden, su mejor opción es que la Justicia alemana deniegue también la entrega por malversación. En ese supuesto, Llarena tendría las manos libres para mantener las acusaciones y el Alto Tribunal podría juzgarle en rebeldía —y eventualmente condenarle— aunque permanezca fuera de España.

El mazazo que la decisión ha supuesto para el Gobierno dio lugar a una limitada reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Fuentes de La Moncloa pidieron tiempo para examinar la resolución judicial y apostaron porque la justicia española adopte “las medidas más adecuadas ante estas nueva circunstancia” para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país.

La alegría por parte de los partidos independentistas y sus dirigentes, en cambio, fue inmediata. Todos ellos, empezando por el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, la máxima autoridad política en estos momentos del soberanismo, subrayaron inmediatamente la victoria que para su causa supone que la justicia de la principal potencia europea haya desacreditado la instrucción judicial del Supremo al establecer que no hubo violencia.

Una victoria de la internacionalización del conflicto

La decisión de la Justicia alemana apuntala la estrategia de internacionalización del conflicto puesta en marcha por el secesionismo al alimentar el relato de que los procesados no van a recibir un trato judicial justo en España. Un discurso con el que los independentistas tratan de generar masa crítica suficiente como para que la comunidad internacional acabe presionando al Gobierno de Mariano Rajoy para que abra negociaciones con los soberanistas.

La detención de Puigdemont en Alemania, cuando cruzaba en coche el país camino de Bélgica procedente de Dinamarca, supuso un duro golpe para el independentismo. A partir de este viernes, cuando el expresidente pague la fianza de 75.000 euros que le ha impuesto el tribunal y salga de la prisión de Neumünster en la que habrá permanecido once días, recuperará la capacidad plena tanto de dirigir la estrategia de Junts per Catalunya y del independentismo en su conjunto como de utilizar su situación como altavoz de las demandas soberanistas.

Si es entregado a España a condición de no poder ser juzgado por rebelión, Llarena tampoco podrá suspender sus derechos como diputado y con toda probabilidad tampoco podrá decretar su ingreso en prisión, toda vez que sólo se arriesgaría a ser condenado por malversación y desobediencia. En ese escenario estaría en situación de ser investido president de la Generalitat e incluso de volver a ser candidato si al final se repiten las elecciones.

Como informó infoLibre hace una semana, las autoridades judiciales españolas y el Gobierno de Mariano Rajoy se las prometían muy felices cuando fueron informadas de la detención de Pugdemont en suelo alemán al dar por hecho que la justicia germana atendería sin problemas la petición de entrega formulada por el Supremo. Esta convicción se basaba en que el derecho alemán castiga con un mínimo de diez años de cárcel y hasta cadena perpetua –aunque en la práctica no se superan los 25 años en prisión– un delito en apariencia semejante al español: el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para “socavar la continuada existencia de la República Federal de Alemania” o bien “para cambiar el orden constitucional basado en la ley fundamental de Alemania”.

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Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, se extendieron cada vez más las dudas sobre la decisión final de la justicia alemana. De hecho, el auto de la primera jueza que interrogó a Puigdemont en la localidad de Neumünster ya afirmaba que “no cabía duda de que el contenido de la orden de detención europea indica que la extradición de la persona perseguida podría considerarse inadmisible”. ¿Cuál era el problema? La necesidad de que la justicia alemana observase, con arreglo a su propio Código Penal, que el delito que se atribuye a Puigdemont fue cometido con violencia o llamando a la violencia.

Oliver Garcia, editor de la web especializada Dejure.org, ya había advertido de que la jurisprudencia alemana sostiene que “el rasgo diferenciador” de un acto de violencia es su “grado de efecto coercitivo”. “No es el uso de la fuerza en sí mismo lo decisivo, sino la conexión del efecto entre ella y el objetivo deseado”. Esto significa que no todos los actos de violencia son suficientes para hablar de “alta traición”, sino que también “deben tener una relevancia de impacto en el caso concreto precisamente para lograr el objetivo de la secesión”.

“En otras palabras”, subrayaba Oliver Garcia, lo decisivo es establecer una relación entre la violencia y el objetivo de la independencia, hasta el punto de que “incluso los disturbios ocasionales importantes en el contexto de un movimiento de secesión se descartan como delitos penales si carecen de la capacidad de provocar realmente la secesión”. Un argumento que encaja con lo que hasta este momento ha trascendido de la decisión del Tribunal que ha decidido rechazar la entrega de Puigdemont para ser juzgado por el delito de rebelión.