Los colectivos de lucha contra la corrupción alertan de que el arresto de Falciani puede disuadir a futuros alertadores

La detención en Madrid de Hervé Falciani, el informático francoitaliano que reveló el famoso listado con más de 130.000 evasores fiscales ocultos en el banco británico HSBC, preocupa enormemente a los principales colectivos de lucha contra la corrupción en España. Y no sólo porque evidencia la falta de respeto de las autoridades españolas hacia los alertadores, piezas clave a la hora de destapar la mayor parte de los tejemanejes que se producen tanto en el sector privado como en el público. Sino también porque muestra la situación de desamparo en la que se encuentran los whistleblowers en España, que todavía no cuenta con una normativa avanzada para protegerlos, y porque puede acabar desincentivando a aquellas personas que en algún momento se hayan planteado poner en conocimiento de la justicia casos de fraude fiscal o corrupción.

Falciani fue arrestado el pasado miércoles por agentes de la Policía Judicial después de que las autoridades españolas dieran por válida, a mediados del mes de marzo, la última orden de extradición contra el informático emitida por Suiza en mayo de 2017. La sorpresa por la detención fue mayúscula entre jueces y fiscales. Principalmente, porque la Audiencia Nacional ya denegó en 2013 su entrega al entender que destapó "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección". Las fuentes pulsadas por este diario el pasado jueves aseguraron que la nueva solicitud de extradición cursada por la Confederación Helvética esgrime exactamente los mismos hechos que la que sustentaba la de 2012, cuando fue detenido en Barcelona.

A diferencia de la posición adoptada por la Fiscalía hace cinco años, cuando se opuso de forma rotunda a la entrega de Falciani, en esta ocasión el Ministerio Público solicitó prisión incondicional para el detenido mientras se tramita la orden de extradición. Sin embargo, a primera hora de la tarde del pasado jueves, el juez Diego de Egea decretó la puesta en libertad del exempleado del HSBC, que no podrá abandonar el territorio y tendrá que comparecer periódicamente en tanto se tramita el expediente. Falciani, que fue condenado en 2015 por el Tribunal Penal Federal helvético a cinco años de cárcel por sus revelaciones, ha asegurado, tras su liberación y a través de su abogado, que sigue “confiando en la justicia española, pero no en la Suiza”. Sin embargo, reconoce que no se esperaba una nueva detención en España después de “haber estado colaborando con las autoridades” en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

De hecho, Anticorrupción aún investiga en secreto un caso basado en las relevaciones del informático. Fuentes jurídicas confirmaron a infoLibre que los datos facilitados por Falciani son esenciales para el avance de esa pieza secreta y señalaron que la solicitud de prisión incondicional solicitada por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo no fue consultada ni comunicada con carácter previo a Anticorrupción. Nada ha trascendido sobre el contenido de esa pieza secreta nutrida con información facilitada por Falciani. Nada, salvo que se inscribe en la causa donde un juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, investiga también, aunque en otra pieza distinta, a directivos del HSBC, del Santander y del banco francés BNP Paribas.

“Gravísimo” y “bochornoso”

Los colectivos españoles de lucha contra la corrupción se muestran “estupefactos” por la detención del alertador, cuyas revelaciones han destapado los vínculos de organizaciones criminales –el cártel de Sinaloa o Al Qaeda, por ejemplo– con el HSBC y han ayudado a las autoridades de varios países a recuperar miles de millones ocultos en la entidad financiera. Por eso, califican el arresto como un hecho “bochornoso” y “gravísimo”. “Falciani fue puesto en libertad en 2013 con la condición de que colaborara. En todos estos años, tanto las instituciones españolas como las de otros países han tenido solo buenas palabras hacia él. Y ahora, se le detiene. Estamos alcanzando unos niveles de desvergüenza excesivos”, critica en conversación con este diario Sergio Salgado, miembro del colectivo Xnet.

En todo este tiempo, Falciani ha colaborado con Estados Unidos y varios países europeos –Francia, Italia, España, Irlanda, Reino Unido y Bélgica– en investigaciones sobre fraude fiscal. Y los resultados han sido satisfactorios. La famosa lista Falciani ha permitido a las autoridades tributarias de los mencionados Estados de la Unión Europea recuperar al menos 1.120 millones de euros que permanecían ocultos en Suiza. En el caso de España, donde el Tribunal Supremo ha terminado avalando el listado del informático como prueba válida para construir una condena por delito fiscal, la información aportada por Hervé Falciani ha facilitado la recuperación de casi 300 millones de euros, según reveló en 2013 el exsecretario de Estado de Hacienda durante la vista judicial en la que se estudió la extradición del alertador a Suiza.

En la misma línea se pronuncia Pedro Arancón, portavoz de la Plataforma X la Honestidad. Para el activista, “es gravísimo” que al informático se le persiga “mientras que evasores fiscales han sido indultados a través de una amnistía inconstitucional”. Tanto Salgado como Arancón apuntan que los últimos acontecimientos evidencian “la falta de seriedad del Gobierno en la protección de los denunciantes” y lamentan que el Ejecutivo de Mariano Rajoy los esté poniendo “en riesgo” en lugar de respaldarlos. “Eso es muy grave, porque detrás de cada caso de corrupción destapado hay siempre un alertador”, recuerda el activista de Xnet. Según el informe Report to the nations on occupational fraud and abuse 2016, que elabora bianualmente la Asociación de Auditores de Fraude Certificados, un 39,1% de los casos se detectaron gracias a un 'chivatazo'.

Desincentivar futuras denuncias

En 2013, España era –junto a Grecia, Portugal, Eslovaquia y Finlandia– uno de los países de la Unión Europea que menos protección ofrecían a los whistleblowers. Sin embargo, en los últimos años este problema ha conseguido hacerse hueco en una agenda política agitada día tras días por escándalos de corrupción. Varias comunidades han aprobado ya leyes autonómicas para lograr que los alertadores no se sientan desamparados. Pasos a los que se sumó a finales de 2016 la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, una iniciativa que se está tramitando en el Congreso. A pesar de ello, Arancón considera fundamental, además de todos estos pasos, “modificar el delito de revelación de secretos para que no pueda ser imputable en los casos de corrupción”.

Con todo esto sobre la mesa, la Plataforma X la Honestidad y Xnet alertan de otro peligro. En conversación con este diario, se muestran preocupados ante la posibilidad de que lo sucedido esta semana con el exempleado del HSBC tenga un efecto disuasorio sobre posibles alertadores que estuvieran sopesando destapar información sensible sobre tramas financieras. “Con qué cara las unidades de Anticorrupción le dicen a un alertador que coopere, que colabore y que estará protegido, cuando a Falciani se le ha detenido por un capricho del Gobierno”, asevera Salgado, que considera que lo que se ha hecho “ha sido una auténtica chapuza”. “Por supuesto que sucesos de este tipo terminan desincentivando”, sentencia Arancón.