Educación pública

La educación tiene la función básica de transmitir conocimientos para posibilitar la supervivencia del individuo a través de la adaptación y manipulación del medio. En segundo lugar la transmisión de valores que permitan la convivencia pacífica y gratificante de individuos diferentes en un medio social complejo y pluricultural. La pérdida de cualquiera de estas dos funciones pone en peligro la vida y la dignidad de los individuos, por lo que la educación debe ser considerada como uno de los servicios básicos.

Un servicio básico debe ser garantizado con independencia de las circunstancias –sociales, económicas, políticas, etc.-. La única organización que tiene continuidad y poder para garantizar este servicio es el Estado. Además es también la única organización que tiene legitimidad para la transmisión de conocimientos y valores pues, al representar los intereses de todos los ciudadanos, busca que los conocimientos sean veraces y los valores democráticos.

La educación, como servicio básico, debe estar exclusivamente en manos del Estado. No debe existir ninguna organización privada gestionando la educación porque a estas organizaciones les mueve el interés de su grupo y transformarán la educación en la transmisión de conocimientos interesados y valores excluyentes. Para que el Estado se mantenga por encima de los ciudadanos garantizando sus derechos, no puede competir con ellos ni asociarse a grupos. No puede compartir con grupos de ciudadanos la realización de estos servicios sin perder su condición de garante de los derechos de todos, sin colocarse en la peligrosa situación de favorecer a un grupo de ciudadanos y perder su neutralidad e independencia. Todo el esfuerzo económico de la ciudadanía, vía impuestos, debe revertir de igual manera sobre todos los individuos para que sólo sus capacidades e intereses establezcan diferencias entre ellos. La educación de todos por el Estado hace que la ciudadanía se ocupe por igual en ella, ya que todos se benefician de la misma educación, la mayor calidad de ésta beneficia por igual a todos.

La educación exclusivamente en manos del Estado evita también el mercadeo con los derechos humanos. No se debe vender la dignidad o los conocimientos necesarios para la supervivencia. Es necesario establecer límites, marcar con claridad lo que no puede ser objeto de la actividad mercantil porque está en juego la propia sociedad democrática. La base de la sociedad democrática es la existencia de ciudadanos con igualdad de derechos, si los derechos se convierten en objetos de compra hemos dejado de movernos en la sociedad democrática para situarnos en una sociedad desigual en la que parte de sus individuos han dejado de ser ciudadanos para transformarse ellos mismos en mercancía.

El capitalismo ha desarrollado una estructura de supervivencia a costa del Estado. Empresas privadas sostenidas con dinero público que dejan los beneficios en manos privadas y las pérdidas son asumidas por el Estado. El problema actual de España es que el desarrollo de esta forma de capitalismo se ha extendido a los servicios públicos haciendo que lo que inicialmente era un sistema de producción que distribuía la riqueza de manera desigual e injusta se presente en la actualidad como el mecanismo de destrucción del Estado democrático.

La necesidad de sacar el sistema capitalista de los servicios básicos es la necesidad de sostener la democracia, de garantizar la supervivencia de un Estado de ciudadanos libres e iguales. Sólo el ser humano que tiene garantizado lo básico puede ser libre para decidir y pactar con otros en régimen de igualdad, por lo que sólo con ese mínimo se puede hablar de ciudadanos. La garantía de los servicios básicos mantiene la cohesión del Estado porque genera en los individuos la idea de pertenencia a una organización que protege lo más elemental para cualquiera y les hace sentirse seguros en esa comunidad. La cohesión también aumenta con la enseñanza pública y única porque facilita el contacto entre las diferentes clases sociales, géneros, creencias, etc., por medio de la convivencia, aumentando la comprensión del otro y la empatía; dificultando la utilización de unos por otros.

Aquello que nos hace personas libres no puede ser en ningún caso objeto de mercado, tiene que ser garantizado por el Estado de forma exclusiva y ser valorado en relación a la realización de los derechos humanos y valores.

 

Natividad Pérez es socia de infoLibre