El desbloqueo de la 'operación Chamartín' vuelve a dividir a Ahora Madrid

La controvertida operación Chamartín podría estar cerca de comenzar a desarrollarse casi un cuarto de siglo después de comenzar a ser planeada. Este martes, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte (DCN) –compuesta por BBVA y Grupo San José– confirmaron haber alcanzado un acuerdo para desbloquear un proyecto urbanístico que ha sido altamente polémico desde su planteamiento y que ha sufrido multitud de cambios de planes. La aprobación inicial del proyecto podría producirse en julio, si bien Madrid Nuevo Norte –el nuevo nombre del plan– ya ha provocado el rechazo tanto de Ganemos Madrid como de IU, que cuentan con seis de los 20 concejales de Ahora Madrid en el consistorio madrileño.

El proyecto acordado por el Ayuntamiento de Madrid, Fomento y la promotora prevé edificar un total de 2,66 millones de metros cuadrados –frente a los 3,37 que contemplaba el plan de la anterior alcaldesa, Ana Botella–, que se repartirán entre un centro de negocios donde se construirán oficinas y una parte destinada fundamentalmente a la vivienda que albergará, de aprobarse el plan, unos 10.500 nuevos hogares, de los cuales el 20% serán protegidos y otro 18%, aproximadamente, corresponderán al ayuntamiento, que los dedicará a fines sociales.

Será el consistorio el que lidere los siguientes pasos de un plan que pasará a ser una iniciativa pública, y que contempla también la remodelación de la estación ferroviaria de Chamartín para convertirla en la mayor de España. Esta nueva estación, según el ayuntamiento, debe funcionar como principal nodo de comunicaciones con el extrarradio de Madrid y, además, también serviría para reducir el tráfico rodado que generará la construcción de las nuevas oficinas contempladas en el plan. Entre las empresas que se establecerán en el complejo se encuentran Adif, Renfe o Correos.

Tanto la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como el concejal de Desarrollo Sostenible, José Manuel Calvo, aplaudieron este martes un acuerdo que, consideran, "supone un paso más en la resolución de esta operación paralizada durante 25 años que ahora por fin está encauzada" porque el consistorio ha "tomado las riendas", en palabras del edil. Calvo aseguró que se ha cerrado con Fomento y DCN "un acuerdo casi definitivo", mientras que Carmena sostuvo que se trata de "un proyecto sostenible, social, y que va a permitir que tengamos la estación que necesitamos", y se mostró orgullosa de haber puesto en marcha un asunto que estaba "empantanado".

Ambos dirigentes, además, mostraron su convencimiento de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid no pondrá problemas para aprobar la modificación del plan general de ordenación urbana, que se discutirá el próximo julio y que es necesaria para continuar la tramitación del proyecto. Calvo afirmó que el plan va a tener "más apoyo" que cualquier otra iniciativa, y se mostró incluso optimista a la hora de asegurar que el Gobierno municipal confía en "contar con un consenso unánime" del pleno.

Pero parece complicado que este consenso pueda darse, y precisamente es en una parte de Ahora Madrid donde el proyecto genera mayores dudas. Los concejales del colectivo Madrid 129 (Guillermo Zapata, Celia Mayer y Javier Barbero) aún no se han pronunciado sobre el asunto y rechazan ofrecer su visión hasta analizar con más calma el proyecto. Pero los tres ediles de IU (el exedil de Hacienda, Carlos Sánchez Mayo, el tercer teniente de alcaldesa, Mauricio Valiente, y la concejala Yolanda Rodríguez) y los tres que forman parte de Ganemos (Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán), habitualmente críticos con algunas decisiones de Carmena, ya se han mostrado en contra de un plan que, aseguran, supone una "contradicción" con el programa electoral de Ahora Madrid.

La desigualdad y las viviendas protegidas

Con esas palabras se expresa en conversación con infoLibre un portavoz de Ganemos Madrid, que critica que el "modelo de ciudad" que promueve la nueva operación Chamartín esta más próximo al de PP, Ciudadanos o el PSOE que al promovido por Ahora Madrid. Para Ganemos, hay varios puntos criticables en el plan, pero fundamentalmente se refieren a que, a su juicio, el proyecto incrementará las ya "grandes desigualdades" que existen entre el norte y el sur de la ciudad. "Existe un 12% de oficinas que están vacías en Madrid, incluso en el eje de la Castellana, así que no hace falta construir más. Pero es que, además, esas oficinas se podrían construir en las zonas industriales del sur, que están abandonadas y no se van a reutilizar", denuncia el portavoz.

Ganemos considera además insuficiente el porcentaje de viviendas protegidas que contempla el proyecto –la mayor parte de lo que se construya van a ser "viviendas de lujo", critica el portavoz del colectivo– y recuerda que el hecho de que cuenten con protección no implica que sean viviendas públicas. "La construcción de esa cantidad de viviendas es excesiva para la demanda, y además van a ser viviendas de lujo y privadas" en lugar de pisos públicos, resumen estas fuentes, que denuncian, además, que el nuevo plan generará una gran "congestión" de tráfico.

IU hace críticas muy similares a un proyecto que, consideran, "se reafirma en las características del último proyecto del PP". El plan "fomenta el desequilibrio norte-sur", asegura la federación en un comunicado, porque "se fomentan los usos terciarios y la vivienda libre de lujo en el norte de la ciudad, mientras se sigue manteniendo el grueso de la vivienda protegida, las zonas industriales abandonadas y la mano de obra de la clase trabajadora en el sur". "El desarrollo de terrenos que son públicos al 82% sólo producirá un 20% de vivienda protegida, equipamientos sociales limitados (que se vienen reduciendo en las últimas propuestas) y zonas verdes reducidas al mínimo legal", critica igualmente IU, que denuncia que haya crecido el número de oficinas que será posible construir con respecto a anteriores proyectos.

"Lo que se baja de viviendas por un lado se sube de oficinas por el otro y de este modo el impacto en la movilidad de la ciudad de Nuevo Norte sería el más alto de todas las propuestas que se han hecho para la operación Chamartín", denuncia la federación, que sostiene, además, que el aumento de la capacidad de las carreteras de acceso al nuevo complejo "producirá un efecto llamada a la utilización de vehículo privado que se contradice con la política de limitar el acceso motorizado al interior de la M-30 para alcanzar una mejor calidad del aire".

Recuperar la propuesta de 2016

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Tanto Ganemos como IU lamentan que el proyecto final acordado por el ayuntamiento diste del que planteó el propio consistorio en 2016 tras reunirse con colectivos sociales y de vecinos, un proyecto que no contaba con el apoyo de Fomento y DCN (de hecho, el ministerio llegó a amenazar al consistorio con exigirle 700 millones de euros invertidos en la operación Chamartín). Ambos grupos exigen que se vuelva a recabar la opinión de los colectivos afectados, e IU asegura incluso que "es imposible cambiar el carácter especulativo de la Operación Chamartín si se aceptan los parámetros fundamentales del Plan General de Ordenación Urbana heredado del PP".

Ese plan de 2016 al que se refieren IU y Ganemos se publicó después de la negativa de Carmena a continuar con el proyecto promovido por Ana Botella, que planteaba edificar nada menos que 19.000 viviendas y urbanizar casi 600.000 metros cuadrados más de los que finalmente se construirán. El proyecto de 2016 que reivindican IU y Ganemos contemplaba la urbanización de 1,6 millones de metros cuadrados, frente a los 2,6 millones que se ejecutarán finalmente y a los más de tres que proponía el plan promovido por Botella, e incluía la construcción de 4.600 viviendas, un millar de ellas protegidas, frente a las 10.500 que se edificarán con el nuevo plan.

Por ello, IU pide "equilibrar el reparto de usos entre residencia y actividad económica en cualquier propuesta de desarrollo urbano para la zona, de manera que el impacto en la movilidad de la ciudad no sea contradictorio con las políticas de reducir el acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas", y asimismo aumentar, en cualquier caso, "el porcentaje de vivienda protegida" reflejando "el grado de propiedad pública de los terrenos", que son propiedad de la administración en más de un 80%. "Debemos apostar por un cambio radical en las políticas urbanísticas que no puede partir de otro punto que no sea la defensa de los acuerdos adoptados en las mesas sociales para este caso, y la respuesta a las necesidades de los barrios más vulnerables e infradotados", plantea IU.