Estas son las injusticias que denuncian jueces y fiscales

Sus demandas no son nuevas y sus protestas ya son algo habitual en los últimos años. Después de incesantes negociaciones con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, los jueces y fiscales de toda España han decidido cumplir sus amenazas e ir a la huelga. "A los jueces no nos agrada, pero el análisis que hemos hecho es que la gente está desesperada y siente que no nos están haciendo ningún caso", critica Conrado Gallardo, magistrado y miembro de Foro Judicial Independiente, en conversación con infoLibre. Tal y como avisaron el pasado mes de marzo, la convocatoria será en mayo, aunque empezarán a movilizarse el próximo 26 de abril. Pararán, desde ese día y hasta el 17 de mayo, todos los jueves de 12.00 a 13.00 horas para ir avisando de que, en caso de no ser escuchados, llegarán al día 22 con un paro, esta vez, de 24 horas. Y, en ese momento, "si no cambia nada, habría que tomar medidas más drásticas", avisa Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Y con él coincide Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia: "En caso de no conseguir nada, las movilizaciones tendrán su continuidad". 

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), así como la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, comunicaron formalmente la convocatoria el pasado lunes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Inicialmente, los paros comenzaban este jueves, pero el incumplimiento en el plazo de preaviso obligó a las asociaciones a desconvocar este primer paro y aplazarlo. No obstante, tanto jueces como fiscales aplaudieron esta notificación porque, según entienden, esto significa que, "aunque sea de manera indirecta", se les "reconoce el derecho de huelga". 

Se trata de nuevas movilizaciones que se suman al calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron las protestas frente a las sedes judiciales de toda España, donde se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales recogidas en el documento 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se adhirieron más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía. Según explican las fuentes judiciales consultadas por infoLibre, sus demandas se refieren a la mejora de la independencia judicial y de las condiciones profesionales, principalmente. En resumen, según explican, buscan una mejora generalizada de la calidad de la justicia en España. "La situación no para de empeorar", critica Gallardo, que espera "que los ciudadanos empaticen con sus demandas". "Llevamos años negociando con distintos gobiernos, pero parece que la justicia no le interesa a nadie", añade. Se refiere, sobre todo, a las últimas movilizaciones ocurridas en el año 2013, cuando Alberto Ruiz-Gallardón se encontraba al frente del Ministerio de Justicia. En aquel momento, los jueces preparaban la que era ya su tercera convocatoria de paros. Los fiscales, en cambio, se enfrentaban a la primera. "Salvo algunos detalles, estamos igual, en una situación con la justicia fragmentada", lamenta Gallardo.  

Ahora, en el comunicado del pasado 5 de abril, las siete asociaciones tildaron de "decepcionante" la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que "no parece haber una mayoría clara" en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ, "ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la justicia tras el fracaso de la subcomisión creada al efecto". En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea.

  Demandas de los jueces

Por el refuerzo de la independencia judicial

Según recogieron los jueces en su documento 14 propuestas para la mejora de la Justicia, el primer objetivo a conseguir es el refuerzo "de la independencia judicial". Para ello, en primer lugar solicitan una modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ. "Es algo que al principio defendíamos nosotros solos, pero a esta demanda se han ido sumando, poco a poco, las demás organizaciones profesionales", detalla en conversación con este diario Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. "Pedimos que los vocales sean elegidos exclusivamente por los jueces y no por los partidos políticos", critica. Sólo así, además, según el documento que firmaron hace casi un año, se asegurará la igualdad de género y la presencia de las minorías. "Esto es algo que ha demandado ya Europa y a lo que todavía España no ha puesto remedio", critica Raimundo Prado. 

Además, de forma paralela, consideran vital para la independencia de los magistrados la presencia de un CGPJ "más activo en la defensa de los miembros del poder judicial ante cualquier ataque contra su independencia", explica Rodríguez Padrón, que incide también en la importancia de la supresión del magistrado autonómico designado por los distintos partidos presentes en las cámaras autonómicas. "Consideramos que esto siempre ha sido contrario a los más elementales principios de lejanía de la jurisdicción en relación a los partidos políticos y a la política, máxime cuando estos jueces están llamados a juzgar a quienes les han nombrado previamente", explica. 

Por la modernización de la profesión

Para los magistrados, es central también en sus demandas la adecuada modernización de la administración de la justicia para aumentar, de esta manera, su calidad y su eficacia. "Pedimos un plan económico suficiente y estable que mejore las carencias que tenemos en los recursos, tanto materiales como personales", explica Rodríguez Padrón. En este sentido, los magistrados expresan su malestar por ser el país con menos personal de toda la Unión Europea lo que, inevitablemente, aumenta la carga de trabajo de cada profesional. Lo que genera esto, critican las fuentes consultadas, es una lentitud enorme en el proceso de resolución de cada causa que entra en el juzgado. "No pedimos un aumento del número de jueces, sino que se reordene de una vez por todas el modelo judicial que tenemos que nos hace estar estancados y continuar con un solo juez por cada 10.000 habitantes", lamenta Rodríguez Padrón. 

De forma paralela, además, todas los magistrados coinciden en la necesidad de una adecuada informatización judicial, algo que, dicen, se les prometió hace tiempo y que, sin embargo, no se ha implantado de forma adecuada. "No funciona adecuadamente y se están retrasando muchos asuntos por esta cuestión", critica Prado. "La oficina judicial, en estos momentos, no responde a la eficiencia y a la coordinación que se requieren", explica Rodríguez Padrón, que critica las diferencias entre comunidades. "Es una vergüenza. Hay algunas autonomías que tienen un sistema instalado por su administración de justicia y siguen una política de 'papel cero' y otras, como Madrid, en las que no tenemos nada informatizado". 

Por unas condiciones profesionales dignas

En último lugar, aunque lo más importante, a juicio de Prado, se encuentran las demandas relativas a las mejoras profesionales. "No vamos a negarlo, pedimos mejoras salariales", explica. La principal, según coinciden todas las fuentes consultadas, es la "convocatoria inmediata de la mesa prevista en la ley de retribuciones y reclamar las mejoras que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años". Para ello, las distintas asociaciones, también de fiscales, enviaron un escrito el pasado mes de enero dirigido a los ministerios de Justicia y Hacienda en el que solicitaban la actualización y adecuación de un régimen salarial desfasado, que no había tenido ningún tipo de variación en 15 años. "Directamente, nos han llegado a decir que no convocan la reunión de la mesa porque no es el momento", se queja Gallardo. "Con los recortes que llegaron con la crisis económica se recortó a toda la función pública pero, en términos proporcionales, a nosotros mucho más. Y ahora pretenden subir el sueldo a todos los funcionarios por igual", critica Prado.

Reclaman, además, la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente antes de la supresión y reducción tras la aprobación de la Ley Orgánica 8/2012 de 27 de diciembre, previa a la huelga anterior que, según los convocantes, secundaron un total de 2.000 profesionales de la justicia. 

Además, y en paralelo a las demandas de la modernización urgente de la profesión, solicitan la implantación de unas cargas máximas de trabajo para resolver, así, el problema de la lentitud de la resolución de los procesos judiciales. 

  Demandas de los fiscales

"Los fiscales nos sumamos a las demandas de los jueces, como por ejemplo la mejora de los medios personales y materiales, pero tenemos otras propias de nuestra profesión", explica Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales. ¿Cuáles son? Principalmente, del mismo modo que los jueces, reclaman más independencia aunque, en esta ocasión, la piden del Ministerio de Justicia. "A diferencia del CGPJ, que sí tiene medios presupuestarios propios que gestiona como considera, la Fiscalía General del Estado carece de autonomía presupuestaria y dependemos del Ministerio de Justicia para todo", critica. 

El 65% de los jueces y el 51% de los fiscales secundan la huelga

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Y pone ejemplos. No organizan los concursos de traslados ni tampoco controlan la formación profesional inicial ni posterior de todas las personas que entran en la profesión. "La formación está regulada a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que depende del Ministerio de Justicia y que además no hay al frente del mismo ningún fiscal. Queremos nuestra propia formación porque sabemos lo que necesitamos para poder reciclarnos como profesionales", argumenta. 

"Hay otras cosas que no concebimos", continúa. Se refiere al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que la instrucción de las causas penales –que "son un problema", según entiente Dexeus– se practicará "durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas". Sin embargo, lamenta Dexous, como la instrucción no está en manos del fiscal, la causa tampoco, así que es imposible que se controlen los plazos y se cumpla la normativa. "El encaje del artículo no es lógico, por lo que se debe de derogar o modificar", añade. 

Frente a todas estas reclamaciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió este miércoles al Congreso de los Diputados el apoyo de los grupos para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y poder, así, atender a las reivindicaciones de jueces y fiscales. En este sentido, explicó que los "instrumentos" para poder atender a las demandas tanto salariales como profesionales son los presupuestos y las reformas legales. Sin embargo, las fuentes consultadas por infoLibre no se muestran del todo de acuerdo con este argumento. Si bien entienden que algunas de sus demandas dependen, necesariamente, de la aprobación de los PGE, explican que si en estos no se incluye ningún tipo de mejora de las partidas presupuestarias dedicadas a la justicia, difícilmente su aprobación podría solucionar algo. Además, según critican, el principal instrumento y escollo es la falta de voluntad política. Tanto del Gobierno como de los demás partidos políticos.