Montoro aguanta el pulso a Llarena: se congratula de que se interese al fin por la actuación de Hacienda en Cataluña

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió este miércoles aguantar el pulso que le había planteado el juez del Supremo Pablo Llarena. El origen de la última crisis entre el Poder Ejecutivo y el Judicial está en una entrevista publicada en El Mundo en la que el ministro negaba que el 1-O hubiese sido financiado con fondos públicos. Sus afirmaciones levantaron ampollas en el Supremo, ya que el juez ya había detallado en el auto de procesamiento de Puigdemont y otros políticos catalanes los gastos públicos que habría conllevado la consulta. También, porque las palabras de Montoro dieron pie a que algunos de los acusados utilizaran las declaraciones para cuestionar al Supremo. En respuesta, el magistrado requirió este miércoles a Montoro que aclare sus palabras. Y éste respondió valorando "positivamente" el llamamiento. Porque le iba a permitir aportar a la Justicia datos "que hasta ahora no se habían solicitado".

"El Ministerio de Hacienda y Función Pública valora positivamente el requerimiento del juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado", figura en un comunicado difundido por el departamento de Montoro, en lo que supone una evidente carga de profundidad contra la instrucción del juez.

El documento recuerda que el ministerio "inició diversos controles en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad".

En este sentido, señala que aportará toda la documentación, "donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles".

"A la mayor brevedad posible"

Esta era la respuesta de Montoro horas después de que Llarena le requiriese "a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones" al diario El Mundo, algo que a juicio del magistrado contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

En la providencia, el instructor señalaba que en las declaraciones indagatorias celebradas esta semana, varios de los procesados habían argumentado "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros". Y que esos alegatos tienen base "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación" del 1-O.

En la citada entrevista, el titular de Hacienda señalaba que desde el pasado septiembre su departamento tiene el control sobre los 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", dijo Montoro, según el relato que ofrece el periódico.

"¿Un delito de falsificación?"

Tras ser repreguntado sobre la anterior afirmación, Montoro respondió que eso sólo podría haber ocurrido por un delito de falsificación de un funcionario en complicidad con algún defensor del procés. "Por eso hay una investigación judicial en marcha. Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo".

El auto de procesamiento dictado por el juez Llarena incluye una serie de cantidades por las que se acusa, entre otros, a Carles Puigdemont de malversación de fondos públicos. Citando como fuente varios atestados de la Guardia Civil, cifra en 1.602.001 euros "los gastos públicos que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum". 

Siempre según los informes de la Guardia Civil, el desglose de los 1,6 millones sería el siguiente: 224.834 euros para el desarrollo de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto, 277.804 euros para la campaña de publicidad, 979.661 euros para el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones para los integrantes de las mesas electorales, y 119.700 en concepto de participación de observadores internacionales.

Hacienda insiste: el dinero no ha salido del FLA ni de la financiación autonómica

Antes de emitirse el comunicado de Hacienda, pasadas las 21.00 horas, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del ministerio de Hacienda, Belén Navarro, reiteraba en el Congreso que en Cataluña "no ha habido dinero" del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o de las entregas a cuenta por la financiación de esa comunidad "que no haya ido destinado al pago de facturas de proveedores". Además, agregó que la investigación judicial en marcha dirá si esos pagos de facturas "no correspondieran a tal fin", informa Europa Press.

Fuentes de la defensa de Puigdemont consultadas por infoLibre destacan que las facturas no se llegaron a pagar y que "el Gobierno lo sabe porque la intervención así lo ha comprobado". De hecho, subrayan que, por ejemplo, en el concepto de la campaña de registro de catalanes en el extranjero, el juez se confunde al ser el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) una organización de derecho privado. No cabe pues, argumentan, la acusación de malversación.

Rajoy también sostuvo lo mismo que el ministro

Las declaraciones de Montoro que han llevado a que el juez pida explicaciones al ministro no son, no obstante, las primeras del titular de Hacienda en este sentido. Y la hemeroteca también guarda palabras similares del presidente del Gobierno.

Junqueras es el líder mejor valorado por los catalanes y el único que aprueba según el CIS

Ver más

El pasado 31 de agosto, Montoro ya avaló que, hasta ese momento, la Generalitat no estaba destinando dinero público al 1-O. En una comparecencia en el Congreso, y en respuesta al diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, el ministro se dijo en disposición de "garantizar" que la Generalitat "no está utilizando un euro, porque esos certificados provienen de los funcionarios". "Esos funcionarios no van a tener ningún comportamiento en clave política para llevar a cabo una ilegalidad",  consideró.

Ya pasado el 1-O, cuando quedó demostrado que, al contrario de lo que se había sostenido desde el Gobierno, sí hubo urnas y sí se depositaron papeletas en las urnas, Rajoy se pronunció en los mismos términos que su compañero. Era 7 de febrero. Y respondía de la siguiente forma al líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "No hay ningún informe de nadie que diga que con el Fondo de Liquidez Autonómica se han pagado los gastos a los que usted hace referencia [del 1-O] y, si usted tiene el informe o puede aportar alguna prueba o alguna factura, déselo al Gobierno de España que tenga la seguridad que actuará, o dígaselo, si lo estima oportuno y conveniente a los tribunales".

La acusación de malversación fue puesta en cuestión la semana pasada por los jueces del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que tienen que decidir sobre la Orden Europea de Detención dictada contra Carles Puigdemont. Estos jueces consideran que la exposición de Llarena no contiene una "descripción suficiente" de las circunstancias en las que se produjeron los hechos y piden más datos antes de pronunciarse de forma definitiva.