La exdirectora de Comunicación de Aguirre dice que los consejeros usaban dinero público para promocionarse

La exdirectora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego ofreció al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, un listado de exconsejeros del gobierno regional que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos online al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

"Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madrid; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", dijo Gallego, que matizó que esto no quiere decir que obtuvieran algún beneficio personal sino que tenían sus propios medios para hacer sus campañas, de acuerdo con la declaración judicial que prestó el pasado 5 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Se refirió así a los organismos que utilizaron dichos exmiembros de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la contratación relativa a prensa y publicidad sin consultar para ello con la autorización de la Dirección General de Medios (DGM), puesto que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades.

"Había consejeros que tenían sus propios equipos de confianza y además coincidía con que la estructura de su Consejería tenían organismos con presupuestos para favorecer acciones de comunicación para ellos mismos. No lo quiero decir de manera peyorativa, pero... un chiringuito", dijo Gallego a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

Así pues, aunque la DGM tenía que dar la autorización en lo que respecta a las campañas de publicidad de los departamentos del Consistorio, ha reconocido que hubo duplicidades en contratos con el informático De Pedro (como en el caso de la Consejería de Educación) y que se enteró de las mismas mucho tiempo después.

Cobros a través del Canal

Respecto a los trabajos de reputación realizados por EICO, la empresa de De Pedro, la exdirectora de la DGM apuntó ante el magistrado instructor que recibió el primer informe de los mismos en 2012 y un año después comenzaron las reclamaciones por parte del informático por una deuda contraída con la Comunidad de Madrid de 40.000 euros.

Gallego le remitió al entonces consejero de Transportes Borja Sarasola, por ser con quien había negociado las condiciones de este contrato, y fue ahí cuando De Pedro le dijo que a él le pagaba el Canal de Isabel II a través de una empresa adjudicataria. Dado que Sarasola se desentendió de la situación, recurrió al entonces consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria para buscar una solución.

Fue en octubre del año 2012 cuando Victoria le propuso a la acusada formalizar un contrato entre De Pedro, que seguía prestando servicios para la Comunidad de Madrid, y la DGM de 1.800 euros al mes. "Yo le dije que no lo veía, pero él me tranquilizó diciendo que no era un contrato sino el pago de un gasto menor y que era una situación provisional", aseguró Gallego.

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Según el relato de los hechos, Victoria le comunicó que se iba a hacer un concurso ad hoc de la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II para concedérselo a la empresa de De Pedro, si bien se acabó adjudicando a otra compañía. Por ello decidió hablar con la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) para ver si la empresa Indra podría contratarle hasta que salieran un nuevo concurso del Canal.

Así, Gallego no supo aclararle al juez qué trabajos hizo De Pedro a Esperanza Aguirre, al no ser ella la que se encargaba de esa función. Respecto de Ignacio González, dijo que De Pedro se dedicó a poner en valor su gestión en política en calidad de presidente de la Comunidad de Madrid aunque también se le encomendaron trabajos de noticias "más personales" pero que afectaban a su cargo.

"Las noticias eran institucionales y personales y esto era algo que se hacía habitualmente en los departamentos de comunicación", apuntó Gallego en una primera parte de interrogatorio que se reanudará este jueves 26 de abril en dependencias judiciales.