Palma prohíbe el alquiler de pisos turísticos en un ensayo inédito para frenar el 'boom' de los precios

El Gobierno local de Palma de Mallorca, integrado por PSB-PSOE, MÉS y Som Palma, ha lanzado la medida más taxativa adoptada hasta ahora en España contra el boom del alquiler turístico, considerado causante de una drástica subida de precios del arrendamiento en los núcleos urbanos de las grandes ciudades. El pleno debatirá este jueves la aprobación inicial de la prohibición del alquiler de pisos a turistas, medida que —según las previsiones del Gobierno local— podría entrar en vigor en julio de este mismo año. No hay medias tintas. Si sale adelante la medida, el arrendamiento turístico, que ha experimentado una fulgurante expansión a través de plataformas digitales como Airbnb o HomeAway, estará fuera de la ley en edificios residenciales. PP y Ciudadanos ya han anunciado su voto en contra, pero las fuerzas de izquierdas y nacionalistas tienen mayoría.

Sólo se permitirá el alquiler turístico en viviendas unifamiliares, que suman 23.000 de las 180.000 en la ciudad. No obstante, tampoco las unifamiliares podrán alquilarse a turistas si la vivienda está en suelo rústico protegido, en la zona acústicamente contaminada próxima al aeropuerto y en los polígonos industriales. El motivo del tratamiento diferente de pisos y unifamiliares es que el fenómeno que se quiere atacar, la subida del alquiler, se concentra en el núcleo urbano, donde los primeros son abrumadora mayoría.

Con 406.492 habitantes, en Palma hay una oferta de 20.000 plazas turísticas "no regladas", según el Ayuntamiento. Esto ha supuesto un incremento del 50% desde 2015. Sólo de Airbnb hay 2.972 entradas, asegura el Consistorio, que añade: "Existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de las viviendas vacacionales y el aumento de los precios del alquiler: el alquiler turístico no es el único factor que ha hecho que los precios suban, pero es innegable que ha incidido. El incremento del precio de alquiler ha sido progresivo en los últimos años: un 40% por ciento de subida desde el 2013". Un alquiler de 750 euros en 2013 estaría ahora en 1.250, aplicando esta media. El equipo de gobierno de Palma asegura además que intenta atajar los problemas de ruido y de fricciones en la convivencia que ha ocasionado el boom del alquiler.

La medida adoptada en Palma es posible por la modificación de la Ley de Turismo de Baleares llevada a cabo en 2017 por la mayoría parlamentaria del PSB-PSOE, los nacionalistas de izquierdas MÉS y Podemos, explican desde el área de Turismo. Esta norma permitía a los consejos insulares o al Ayuntamiento de Palma establecer en qué zonas se permite y en cuáles no el alquiler turístico. Eso explica que el alcalde de Palma, Antoni Noguera (MÉS), que en cumplimiento del acuerdo de gobierno tomó el bastón de mando a mitad de mandato tras dos años en manos de los socialistas, haya podido hacer lo que ni Ada Colau en Barcelona ni Manuela Carmena en Madrid han conseguido en sus ciudades, pese a haber hecho el mismo diagnóstico del problema del precio del alquiler.

La diferencia es el marco legal, que en Palma ya ha permitido perseguir la oferta irregular en plataformas digitales, castigada con sanciones de hasta 400.000 euros. Según el Consistorio, la inmensa mayoría (95%) de lo que aún se publicita en las webs de alquiler lo hace sin los permisos necesarios. El Gobierno local de Palma, en el ámbito de su poder de decisión para delimitar zonas, ha decidido prohibir el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad. Sin excepciones. La delimitación municipal es provisional. Los criterios definitivos de delimitación los deberá establecer el Consell de Mallorca, presidido por Miquel Ensenyat (MÉS) y con mayorías de izquierdas similares a las de Palma y las Islas Baleares.

Un mercado distorsionado

Joan Buades, investigador especialista en turismo y colaborador de Alba Sud, afirma que la decisión encara "correctamente" el problema latente: que "en Baleares el suelo construido es enorme, pero a la vez buena parte de la población no puede acceder a la vivienda". "Tal y como están las cosas, a los propietarios no les sale a cuenta alquilar para uso residencial. Prefieren hacerlo por días, a turistas. Esta medida reequilibra el mercado a favor de la población residente [en Palma]. Al quedar toda esa vivienda residencial sin la posibilidad de alquiler turístico, evidentemente tendrá que salir al mercado de alquiler residencial", señala Buades, autor del informe Alerta climática máxima. Más desigualdad. El fin del turismo litoral.

Buades afirma que era urgente actuar ante el encarecimiento del alquiler y ante la extensión de los alquileres sin declarar. Y subraya: "Aquí ya empieza a ocurrir lo que pasa en Ibiza o en Formentera, que hay dificultades para que vengan policías, jueces, funcionarios o médicos. Sencillamente porque con el precio de la vivienda, no les merece la pena. Eso genera un problema para cubrir servicios públicos", afirma. Sindicatos policiales, de médicos y enfermeros ya habían dado al voz de alarma ante esta situación.

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Buades no ve la mano del sector hotelero, de enorme potencia en las Islas Baleares, tras la medida. "Los hoteles ya están llenos. Ese sector ya alcanzó su madurez", afirma.

"Aquí ha habido compañeros a los que les ha salido trabajo con contrato en un hospital y no lo han podido coger. Se han tenido que marchar porque no encontraban un piso que pudieran pagar", explica Laura García, enfermera extremeña residente en Palma, que lamenta la situación creada por el boom de los precios. "Un piso de 50 metros cuadrados, con una habitación y sin ascensor, puede costar 700 euros", señala.

José Luis Zimmermann, director de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), el lobby de la economía de las plataformas, evita una valoración concluyente, a la espera de conocer detalles. De partida, adopta una actitud conciliadora. "Seguimos como hasta ahora, trabajando a favor de que exista una regulación que debería ser de ámbito estatal. Ahora mismo hay una dispersión enorme, con diferentes modelos. Nuestra voluntad es colaborar [con las administraciones públicas] porque creemos que en esta actividad económica hay muchas externalidades positivas", señala Zimmermann.