Tercer juez apartado de los juicios de 'Gürtel' por su proximidad al PP

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a Juan Pablo González del tribunal que debe enjuiciar la pieza de Gürtel conocida como la de la caja B o de los papeles de Bárcenas ha elevado a tres el número de jueces excluidos de todos los procesos vinculados a esta macrocausa de corrupción por su afinidad al PP. González había sido recusado por todas las acusaciones populares con la adhesión explícita de la Fiscalía Anticorrupción, como adelantó infoLibre. Su apartamiento se ha producido este viernes por nueve votos a favor y ocho en contra.

El magistrado, que no podrá participar en la vista de la caja B ni en otras tres derivadas del tronco común de Gürtel -la visita del Papa a Valencia, los contratos otorgados por AENA a la trama y los adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez- sigue así la senda de Concepción Espejel y Enrique López, que ya fueron recusados y apartados en 2015. Dos años más tarde, Espejel se convirtió en mayo de 2017 en presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Desde ese puesto, la magistrada pilotó el pasado otoño una maniobra que alteró a última hora la composición del tribunal que ya había sido designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas. De la nueva sala, conformada también por miembros de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal, desapareció el magistrado Julio de Diego, aquel cuyo voto deshizo el empate en la sala del primer proceso de Gürtel celebrado en la Audiencia, el de la llamada Primera Época, lo que forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo. El lugar de De Diego pasó a ocuparlo Juan Pablo González, cuya carrera profesional ha crecido bajo el impulso del PP. Aquella maniobra de cambio de tribunal sobre la marcha ha acabado teniendo un efecto bumerán.

En su escrito de recusación la acusación popular que encabeza IU sostuvo como "obvio" que aquellas resoluciones "que el magistrado pudiera tomar y que no fuesen del agrado del partido presidido por el señor Rajoy Brey pudieran frustrar cualquier promoción de su carrera judicial".

Íntima amistad con Mayor Oreja

'El Bigotes' asegura que no volverá a colaborar con la Justicia: "¿De qué me sirve?"

Ver más

González llegó en 2001 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en el Senado, participó en cursos de FAES, y fue nombrado magistrado de enlace en París ya con Rajoy como presidente. "Además –señalaba el texto–, la prensa ha venido reflejando la íntima amistad del magistrado González con el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, cuyo hermano José Mayor Oreja aparece en la contabilidad B del PP". En la votación del Senado que aupó a González al CGPJ participaron otros dos dirigentes del PP cuyos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas: Pío García Escudero, que ya ha declarado como testigo en la instrucción, y Jesús Sepúlveda, coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa que reflejan los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas.

La recusación de González fue el último intento de las acusaciones por impedir el desembarco de Juan Pablo González en los tribunales de Gürtel. Previamente, impugnaron el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que había avalado el cambio de tribunal: ese paso, vino a ser el argumento central, alimentaba la sospecha de que se había preparado un tribunal a la carta para el PP. Aunque los recursos contra esa decisión fueron desestimados, los argumentos manejados pusieron "en alerta" a miembros de la judicatura que sin pertenecer al llamado sector progresista -minoritario- vieron con temor que la sombra del desprestigio acechaba de nuevo. 

Una de las acusaciones, la ejercida por los socialistas, invocó por ejemplo una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice esa sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".