El CNI avisó a Defensa de que un teniente coronel cobraba favores a empresas y el ministerio sólo lo trasladó de puesto

La Subsecretaría de Defensa destituyó en marzo de 2014 al teniente coronel Epifanio Ramírez Requeno a propuesta de su superior, el general de brigada de intendencia de la Armada Pedro Manuel Robles Gener, de su puesto como jefe de subunidad en la Unidad de Contratación del Ministerio de Defensa. El subdirector de Régimen Interno y el jefe de Seguridad del ministerio habían trasladado a Robles Gener un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde se revelaba que, en una comida, el teniente coronel Ramírez Requeno había pedido a unos empresarios un porcentaje por un contrato.

Pese a ello, el 11 de septiembre de ese mismo año, Epifanio Ramírez se incorporó a otro puesto similar, como secretario de la Junta de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército (DIAE). Apenas tres meses después, el fiscal abría diligencias de investigación por otra comida en la que el teniente coronel también había negociado una comisión a cambio de facilitar un contrato a una empresa adjudicataria de Defensa, Seguridad Integral Canaria. Sólo que esta vez le habían grabado. En abril de 2015 fue detenido, junto con otro teniente coronel, Cruz Picazo Ramírez. Ambos acaban de ser condenados por el Tribunal Militar Central a dos años de prisión por recibir de varias empresas regalos, cantidades en metálico e invitaciones a acontecimientos deportivos –además de conseguir contratos para sus hijos–, a cambio de información sobre los contratos del ministerio.

Es decir, pese a las sospechas fundadas en un informe del CNI, Defensa se limitó a trasladar al teniente coronel Epifanio Ramírez de una unidad de contratación a otra, donde continuó con la operativa que ya había practicado en su anterior destino. El ministro de Defensa en aquella época era Pedro Morenés, actual embajador de España en Estados Unidos.

infoLibre ha preguntado al ministerio por el motivo de que no se adoptara ningún otro tipo de medida contra el militar ahora condenado, pero al cierre de esta edición no ha contestado.

Según puede leerse en la sentencia del Tribunal Militar Central, a la que ha tenido acceso este periódico, el general Robles Gener explicó a la Policía Judicial que no esperó a que se “materializara” la orden de cese del teniente coronel y le pidió que “recogiera su despacho y se marchara”.

Cuando Ramírez Requeno declaró ante la Policía Judicial, aseguró que el cese se había debido a “un intento de prevaricación”, en palabras de su superior, quien sólo se lo había aclarado “después de mucho preguntarle”. No obstante, el militar ahora condenado atribuyó su destitución a que se había mostrado “disconforme con cómo se estaban realizando determinadas contrataciones”.

En su nuevo puesto, el teniente coronel Epifanio Ramírez estaba encargado de analizar y comprobar la idoneidad de la documentación sobre los contratos que iba a licitar la Junta de Contratación del Ejército de Tierra y participaba en la elaboración de los pliegos de condiciones. Ésa era la información que luego vendía a las empresas interesadas en participar en los concursos de Defensa. Conocer con antelación esos pliegos de condiciones supone una ventaja competitiva para las empresas. Pero no tenía capacidad de decisión, según declaró su entonces superior, el general de división de intendencia Antonio Budiño Carballo. 

Además, aunque no debía tras su traslado de empleo, el militar continuó teniendo acceso a una aplicación informática llamada POP NET, lo que le permitía seguir al tanto de los contratos que preparaba la Secretaría de Estado de Defensa. Él mismo reconoció ante la Policía que cuando veía alguna oferta, se la comunicaba a las empresas que conocía. Después, ante los jueces, se negó a contestar más preguntas que las de su abogado defensor y a ratificar sus declaraciones previas ante la Policía y ante el juez instructor: “Están mal transcritas”, alegó. Por el contrario, el Tribunal Militar asegura que ni el teniente coronel ni su abogado formularon en su momento “protesta alguna” por este motivo.

Asesor de empresas

En la vista oral del juicio, el militar ahora condenado indicó que se dedica “profesionalmente y de manera retribuida” a asesorar empresas, aunque “nunca sobre contratos del Ministerio de Defensa”. De hecho, algunos de los empresarios investigados por los cohechos pagados a ambos tenientes coroneles coincidieron en declarar que Epifanio Ramírez se presentaba como asesor de empresas en materia de contratación. A uno de ellos, incluso, le aseguró que se encontraba en la reserva, aunque no era cierto.

Los funcionarios públicos están obligados a solicitar la compatibilidad de su trabajo con cualquier actividad, pública o privada, por cuenta ajena o por cuenta propia, que pretendan simultanear. Porque, en principio, tienen prohibido ejercer “actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuvieran destinados”, tal y como establece la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. No así los militares en la reserva activa. De ahí el interés del teniente en coronel en destacar que no asesoraba a empresas interesadas en contratar con Defensa y de asegurar que estaba en la reserva, lo que ocurre cuando cumplen 61 años.

Un “sueldo extra” y sobres con 2.000 euros

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En esas mismas declaraciones durante la instrucción de las que luego se desdijo, el teniente coronel Ramírez Requeno calificó de “amigo personal” al otro condenado “desde hace más de 25 años”. Ambos pertenecen a promociones consecutivas del mismo Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, coincidieron en la Academia General Militar y en la Academia de Intendencia, además de en algunos cursos de perfeccionamiento.

Epifanio Ramírez reconoció entonces que Cruz Picazo “actuaba de intermediario” y que iban “al 50% en las retribuciones pagadas por las empresas”. Aunque negó haber facilitado a éstas información privilegiada ni haberles anticipado pliegos u otra documentación no publicada, sí admitió haber recibido “retribuciones” cuya cuantía fijaba él mismo, así como invitaciones a los toros, el fútbol o el tenis y comidas en restaurantes o botellas de vino. También reveló que el dinero recibido no lo declaraba a Hacienda, sino que lo guardaba en una caja fuerte y lo había gastado en un Audi A5 Sportback y en “grandes reformas” en sus propiedades inmobiliarias en Albolote de Zurita (Granada) y en su residencia habitual de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Por el contrario, el teniente coronel Cruz Picazo negó durante la instrucción que existiera una “asociación entre ambos para asesorar a las empresas”. También rechazó que hubiera “asesorado, favorecido, pedido o cobrado nada” a los contratistas. Pero, según el informe redactado por la Policía Judicial sobre una comida en la que fueron grabados los dos militares y dos responsables de la empresa de seguridad Proman, Cruz Picado indicó a los directivos que “lo adecuado” era percibir “un sueldo extra”, ya que los tenientes coroneles “asumían la responsabilidad y evitaban los problemas en los cuarteles y los incumplimientos de contrato”. Al salir de la cafetería adonde se habían dirigido tras comer, el coche del director general de Proman fue detenido por la Policía Municipal y registrados sus cuatro ocupantes. Los agentes encontraron en poder del teniente coronel Epifanio Ramírez dos sobres, con 2.000 euros cada uno en su interior.