La industria armamentística se lucra con la seguridad fronteriza

Tras la llegada masiva de migrantes que experimentó Europa durante el año 2015, las instituciones comunitarias han fijado la inmigración como una de sus “prioridades urgentes”. Esta preocupación no sólo se percibe en las constantes declaraciones políticas al respecto. El próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 casi triplica el gasto en esta materia respecto a las cuentas del periodo anterior –pasaría de los 13.000 millones de euros hasta los casi 35.000 millones–. Sin embargo, la estrategia europea no pasa sólo por rascarse el bolsillo. En el plan de Bruselas también juega un papel clave la colaboración de los llamados terceros países en el control de los flujos migratorios. Una externalización de la seguridad y vigilancia fronteriza en la que la industria armamentística lleva años haciendo caja, según se desprende del informe Expandiendo la fortaleza, elaborado por la organización Transnational Institute (TI).

Para Mark Akkerman, investigador del TI y autor del estudio, todos los casos analizados revelan “que la política de interacción” de la Unión Europea con las regiones vecinas “se ha vuelto obsesiva con el control migratorio”, sin importar los altos costes que esto implica “para los países o para las personas desplazadas por la fuerza”. “Es un concepto de seguridad limitado y, en última instancia, contraproducente, ya que no aborda las causas de raíz que obligan a la gente a migrar: los conflictos, la violencia, el subdesarrollo económico y la incapacidad de los Estados para gestionar debidamente estas situaciones”, sostiene Akkerman, que también participa activamente en la Campaña Holandesa contra el Comercio de Armas (Stop Wapenhandel). En opinión del activista, en lugar de “externalizar las fronteras y los muros”, el Viejo Continente debería apostar firmemente por “externalizar la solidaridad real y el respeto por los derechos humanos”.

Con esta primera reflexión sobre la mesa, el estudio del Transnational Institute hace hincapié en el papel jugado por las grandes firmas armamentísticas y de seguridad biométrica, que se han beneficiado durante los últimos años del incremento del gasto en seguridad fronteriza. Un actor destacado en este macabro juego de intereses ha sido el gigante francés Thales, que ha proporcionado a terceros países tanto equipamiento militar para el control de fronteras como sistemas y equipos biométricos. En materia de seguridad biométrica, el informe destaca el papel de compañías como Veridos, OT Morpho y Gemalto. Sin embargo, estas cuatro empresas no son las únicas que están haciendo caja con el drama de la inmigración: “Alemania e Italia financian sus propias empresas de armamento –Hensoldt o Rheinmetall (Alemania) y Leonardo e Intermarine (Italia)– para apuntalar el trabajo de seguridad fronteriza en varios países de la región del MENA [acrónimo en inglés de Medio Oriente y Norte de África], en particular Egipto, Túnez y Libia”.

Thales y su apuesta por la biometría

Thales, importante proveedor militar para los países de Oriente Medio y África, es el décimo mayor productor de armas a nivel global y el cuarto a nivel europeo. En los últimos años, la compañía gala se ha hecho con numerosos contratos en materia de seguridad fronteriza, como por ejemplo el acuerdo para la implementación en la frontera de Letonia Oriental de un sistema con software de comando y control, optrónica, sensores y red de comunicaciones. Pero, cuando se trata de la externalización de la frontera europea, Thales ha apostado firmemente por “capitalizar el crecimiento de los mercados de seguridad” en África. “Por ejemplo, desde 2005 Marruecos ha estado cambiando hacia las tarjetas de identidad biométricas –huellas dactilares digitales– para ‘controlar los flujos migratorios’. Thales ha ayudado a implementar el proyecto”, explica el TNI.

Sin embargo, los vínculos más estrechos de la multinacional francesa son con Egipto, país al que en los últimos años ha ayudado con aviones de combate Rafale y radares para buques de guerra. De hecho, la excusa del control migratorio está abriendo la puerta a la concesión de licencias de exportación de material bélico a países con mínimos estándares democráticos. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en 2015, cuando el Gobierno holandés dio luz verde a Thales Netherland para exportar sistemas de radar a Egipto por valor de 34 millones de euros, una tecnología pensada para su instalación en corbetas. Aunque el Ejecutivo encabezado por Mark Rutte reconoció estar preocupado por las violaciones de derechos humanos en el país árabe, decidió dar el visto bueno a la operación por el papel que juega la armada egipcia para detener la inmigración “ilegal” hacia suelo europeo.

En 2017, la firma gala decidió que era momento de reforzar su posición en el mercado de la seguridad y control fronterizo. Para ello, anunció la adquisición por casi 5.000 millones de euros de la firma de seguridad digital Gemalto, referente en el sector de la biometría. Entre los clientes de la compañía con sede en Ámsterdam se encuentra Marruecos, que la contrató para el suministro, operación y seguridad de los nuevos pasaportes biométricos. Además, Gemalto ha hecho negocios en Ghana, Argelia, Costa de Marfil, Líbano, Moldavia, Nigeria o Turquía. “Nuestra tecnología biométrica y soluciones permiten a las agencias de gobierno resolver mejor los crímenes, prevenir el fraude en aplicaciones de votación o de beneficio público, proteger las fronteras nacionales y proteger identidades”, recoge la empresa en su página web.

Leonardo, Rheinmetall o Airbus

También han sacado tajada las italianas Leonardo e Intermarine. La primera compañía, dedicada al sector de la aeronáutica, ha suministrado en los últimos años más de una docena de helicópteros a Argelia y, en febrero de 2017, la empresa austríaca Schiebel eligió el radar PicoSAR de la firma italiana para equipar los sistemas no tripulados Camcompter S-100 vendidos a un país africano –no se desveló cuál– para el control de fronteras. La segunda saltó a los periódicos en 2009, cuando Italia decidió donar seis buques patrulleros de Intermarine a la guardia costera libia para tareas de seguridad fronteriza. “Según Amnistía Internacional, la guardia costera libia usó Ras Jadir, uno de los barcos donados por Italia, durante un horrible incidente el 6 de noviembre de 2017, cuando 50 refugiados murieron ahogados por sus acciones”, apunta el estudio.

Sin embargo, añade el informe, el “mayor donante europeo de equipos militares para la seguridad y el control de las fronteras en terceros países es Alemania”. En 2016, por ejemplo, el Ministerio de Defensa germano envió a Jordania 16 vehículos de combate Marder producidos por Rheinmetall para reforzar la seguridad en la frontera con una Siria que por aquel entonces se desangraba a borbotones. “Airbus es otro beneficiario. Alemania donó a Túnez una gran cantidad de equipos de seguridad producidos principalmente por Airbus, incluidas lanchas rápidas, equipos de visión nocturna o sistemas de vigilancia y reconocimiento”, continúa el estudio del Transnational Institute, que también referencia adquisiciones de helicópteros del gigante aeroespacial por parte de Mali, Egipto o Ghana y de un sistema de vigilancia fronteriza por parte de Argelia.

Dinero europeo para empresas turcas

El 18 de marzo de 2016, la UE y Ankara alcanzaron un acuerdo según el cual los europeos pagarían inicialmente 3.000 millones de euros a Turquía a cambio de mantener a los refugiados en suelo turco (a la espera del pago de una nueva partida por 3.000 millones adicionales). Oficialmente, los miles de millones de Europa exclusivamente iban a ir destinados a ayudar a Turquía a gestionar a los refugiados en su territorio y a impedirles que entren en Europa. Sin embargo, el pasado mes de marzo Mediapart (socio editorial de infoLibre) y sus socios del consorcio European Investigative Collaborations (EIC) revelaron que la Unión Europea había sufragado a Turquía, por importe de 83 millones de euros, vehículos militares y equipamiento de vigilancia para asustar a los refugiados. Incluida la frontera turco-siria, oficialmente abierta.

Los periodistas del consorcio EIC analizaron cientos de contratos europeos. Uno de ellos mostraba que la UE había financiado en un 75% la compra de Turquía de 82 blindados Cobra II, cuyo coste total asciende a 47,5 millones de euros. Estos vehículo, equipados con periscopios, pueden patrullar el muro del lado turco, detectando a los refugiados que se acercan del otro lado. Fabricados por Otokar, una de las principales compañías turcas de armamento, estos vehículos fueron entregados a las Fuerzas Armadas turcas en la primavera de 2017.

Pero la financiación europea no se dirige sólo a la frontera turco-siria. En mayo de 2017, Aselsan, una empresa en manos del Ejército turco, en un 87%, ganó un contrato por importe de 30 millones de euros con la UE para proporcionar a Turquía 50 vehículos con los que patrullar la frontera griega, 20 de los cuales están blindados contra las minas y las granadas. Según los documentos consultados por el EIC, estos vehículos son contribuciones de Europa a “la prevención de la inmigración ilegal, del tráfico humano, de los delitos del paso de fronteras [cross-border crimes] y del sistema de traficantes”. “Turquía está utilizando dinero de la UE para fortalecer su propia industria militar y de seguridad”, sentencia el TNI.