La Justicia española cosecha un nuevo fracaso en su actuación contra Puigdemont y los 'exconsellers'

Los tribunales españoles se llevaron este miércoles un nuevo revés en su batalla judicial por conseguir la extradición del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que lo acompañaron en su huida. La negativa de la Justicia belga a ejecutar la euroorden de detención contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig supone el segundo varapalo judicial en apenas un mes para el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, después de que en abril los tribunales alemanes rechazaran entregar a Puigdemont a España para que fuera enjuiciado por rebelión. Ya hace más de medio año que la Justicia española cursó por primera vez las órdenes europeas de detención, pero desde entonces no ha conseguido la extradición de ninguno de los acusados.

La noticia saltaba este miércoles por la mañana, cuando el propio Comín anunciaba que los tribunales belgas habían decidido no ejecutar la euroorden de detención dictada contra él, Serret y Puig al encontrar defectos de forma en su entrega. El error en el que se ha basado la decisión es que la euroorden de detención que dictó Llarena y que recibió Bélgica no iba acompañada de una orden de detención nacional, como requieren la legislación y la jurisprudencia europea. Llarena únicamente vinculó a su euroorden el auto de procesamiento contra los tres exconsellers, algo que a juicio de la Justicia belga no se adecúa a la normativa comunitaria.

La decisión de los jueces belgas ha provocado una airada reacción por parte del Tribunal Supremo, que les ha acusado de falta de "compromiso con la colaboración judicial". Para el Supremo, el auto que Llarena adjuntó a su euroorden es el que explica "con más desarrollo argumental" los hechos acusatorios, por lo que el Alto Tribunal considera que "sólo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden".

Pero el de este miércoles es tan sólo el último capítulo del tira y afloja que mantienen desde hace meses los tribunales españoles con las administraciones de justicia no solo de Bélgica, sino también de Alemania, donde reside actualmente Puigdemont. El expresident se encuentra en libertad desde el pasado 6 de abril, cuando los jueces germanos consideraron que no había existido un grado de violencia suficiente como para juzgarle por rebelión y rechazaron entregarlo a España por este delito. Esa decisión provocó una fuerte crítica del Supremo a la Justicia alemana: los jueces acusaron a sus colegas alemanes de falta de rigor y señalaron que "si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en Alemania no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia simbólica".

Un proceso iniciado en noviembre

El rechazo alemán a la entrega de Puigdemont fue el primer gran varapalo que recibió la Justicia española en un proceso que ya dura más de siete meses y que ha estado plagado de sobresaltos. Fue el pasado 3 de noviembre cuando comenzó la carrera judicial para conseguir la extradición del expresident y los cuatro exconsellers huidos. Entonces su caso no estaba en manos de Llarena, sino en la Audiencia Nacional, a cargo de la jueza Carmen Lamela, que ordenó la busca y captura de los cinco huidos tanto a nivel nacional como internacional después de que éstos no se presentasen a declarar como imputados por prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Poco después, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa y el juez Llarena asumió el proceso contra los líderes independentistas. Y una de sus primeras decisiones fue suspender la euroorden dictada por Lamela, algo que hizo el 5 de diciembre del año pasado, apenas un mes después de que se pidiese la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsellers. Si Llarena anuló la euroorden no fue porque discrepase con ella, sino porque –tal y como reconoció en su auto– consideraba que existía un riesgo de que las autoridades belgas acotasen los delitos por los que tendrían que ser enjuiciados los exmiembros del Govern y denegase "parcialmente" esa euroorden.

A juicio de Llarena, la posibilidad de que la Justicia belga hubiera, por ejemplo, entregado a Puigdemont por el delito de malversación pero no por el de rebelión –el más grave, penado con hasta 30 años de prisión– hubiera dificultado "la respuesta homogénea" que justificó la acumulación de las actuaciones en el Tribunal Supremo y hubiera introducido "perturbaciones de defensa" para los investigados que sí se presentaron en los tribunales, como es el caso del exvicepresident Oriol Junqueras. Es decir, el juez estimaba que en ese supuesto Puigdemont y los cuatro exconsellers depuestos podrían verse beneficiados judicialmente por el hecho de haber huido con respecto al resto de procesados.

Alemania rechazó entregar a Puigdemont por rebelión

Llarena sí mantuvo activas las órdenes de detención nacionales que había dictado Lamela con la esperanza, tal y como señaló en su auto, de que los cinco huidos regresaran a España para "tomar posesión" de las actas de diputados que obtendrían días después, en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Pero no solo no lo hicieron, sino que la libertad de movimientos que consiguieron a raíz de que la Justicia belga levantara las medidas cautelares que pesaban contra ellos permitieron a Puigdemont visitar Dinamarca –en enero– y Suiza –en marzo–, en ambos casos para participar en debates.

La Fiscalía española intentó que, en este segundo viaje, las autoridades suizas detuviesen a Puigdemont y Serret, que lo acompañaba, pero Suiza lo rechazó recordando que se había retirado en diciembre "la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y más personas, entre ellas Meritxell Serret", por lo que no tenían ningún derecho a arrestarlos. Por ello, el 23 de marzo Llarena decidió reactivar las euroordenes contra el expresident y los cuatro exconsellers huidos, y añadió una sexta contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que acababa de anunciar su huida a Suiza tras no presentarse a declarar en el Supremo como imputada por rebelión.

Hubo que esperar muy poco para que esta orden de detención diera resultado, ya que la policía alemana arrestó a Puigdemont el 25 de marzo, cuando trataba de atravesar la frontera alemana desde Dinamarca procedente de Finlandia, a donde había sido invitado por un grupo de diputados. El expresident fue recluido en prisión durante varios días, pero el 6 de abril fue puesto en libertad al entender el Tribunal Superior de Schlewsig Holstein que sus acciones no cumplen los requisitos que marca la ley alemana para ser consideradas como delito de alta traición, el equivalente a la rebelión de la que se le acusa en España.

"Para establecer que ha habido violencia no basta con 'que un delincuente amenace o utilice la violencia para inducir a un órgano constitucional a tomar las medidas deseadas', es necesario que "ejerza tal presión sobre el órgano constitucional que sea capaz de doblegar su voluntad", y "ese no es el caso aquí", concluyó el tribunal alemán en el que supuso el primer gran varapalo de los tribunales europeos a la Justicia española.

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Bélgica no ha analizado el fondo de la cuestión

No obstante, la gran diferencia entre la decisión que tomó en su momento el Tribunal Superior de Schlewsig Holstein y la que anunció este miércoles la Justicia belga es que los jueces alemanes rechazaron entregar a Puigdemont al no entender como válidos los argumentos de Llarena, mientras que los belgas no han entrado a valorar el fondo de la cuestión y han rechazado tramitar la euroorden solicitada por el Tribunal Supremo por un defecto formal (el de no haber incluido una orden de detención nacional). Eso implica que el juez Llarena podría emitir una nueva euroorden contra Comín, Puig y Serret subsanando este error, aunque debería volver a iniciarse la tramitación desde el principio.

¿Y Ponsatí? La cuarta exconsellera que huyó con Puigdemont a Bruselas ya no se encuentra en Bélgica, sino en Escocia, donde trabaja como profesora en la universidad de Saint Andrews. Ponsatí se entregó a las autoridades británicas en marzo, tras dictarse contra ella la euroorden de detención, pero fue puesta en libertad condicional a la espera de que los tribunales escoceses tomen una decisión sobre su extradición a España. Esta decisión no se anunciará al menos hasta el mes de agosto.