Más allá del feminismo y las pensiones: las otras movilizaciones sociales que llenan las calles

“Yo sí te creo” o “Rajoy, ladrón, nos robas la pensión”. En lo que llevamos de año, han sido los gritos más escuchados en las calles de toda España. Sin embargo, el colectivo feminista o las asociaciones de pensionistas y jubilados no han sido las únicas que han protagonizado protestas. Algunas han pasado más desapercibidas, pero las demandas, en muchas ocasiones, han concentrado a muchas personas en distintas protestas que se han sucedido en el tiempo.

Es el caso de las camareras de piso –más conocidas como Kellys–, los funcionarios de prisiones, los trabajadores interinos o los jueces y fiscales. Todos ellos han protagonizado distintas protestas, que no han sacado a la calle a tantos miles de personas como el movimiento feminista o las distintas asociaciones que buscan “pensiones dignas”, pero sus reivindicaciones continúan. Y, algunas, no tienen visos de acabar en el corto plazo.

infoLibre hace un repaso de dichas reivindicaciones sociales, que tienen un eco menor en los medios de comunicación.

01. Reivindicaciones de jueces y fiscales

Sus demandas no son nuevas, pero desde finales de abril han tomado otro rumbo. El día 26, las asociaciones de los profesionales de la justicia convocaron paros semanales como antesala de una huelga de 24 horas que tendrá lugar el próximo 22 de mayo. Jueces y fiscales endurecían, de este modo, las reivindicaciones que, desde hace años, trasladaban al Ministerio de Justicia sin que éste, por su parte, diera ningún tipo de respuesta, según denuncian. “En los últimos seis años, no ha habido ningún encuentro”, denuncia el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, en conversación con infoLibre.

Todas las demandas las resumieron el pasado 5 de abril en un documento, 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se adhirieron más de 3.500 profesionales de la Judicatura y la Fiscalía y con el que daban comienzo al calendario de movilizaciones que, según anuncian, se extenderá más allá del 22 de mayo si Justicia continúa sin reunirse ni llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos. Según explican, tanto jueces como fiscales persiguen el mismo objetivo: una mejora generalizada de la calidad de la justicia en España. Así, los jueces luchan por el refuerzo de la independencia judicial, por la modernización de la profesión –la adecuada integración de las nuevas tecnologías en los juzgados, que continúan realizando casi todos los trabajos en papel, según lamentaron en conversación con este diario– y por unas condiciones profesionales dignas –la reforma salarial y la recuperación del régimen de vacaciones y permisos–. Los fiscales, por su parte, además de adherirse a las mismas demandas, añaden la reclamación de una mayor independencia, ya que están, según denuncian, a un amparo excesivo del Ministerio de Justicia.

Por ello, se han venido concentrando todos los jueves desde el pasado 26 de abril y hasta último jueves, como preparación para el paro de la jornada del martes 22 de mayo. Una vez pase esa fecha, según asegura Prado, verán si tienen que continuar en las calles y cómo llevar a cabo las próximas protestas.

02. La huelga eterna de la Justicia gallega

El pasado 7 de febrero comenzaba la que se convirtió en la huelga más largahuelga que ha tenido lugar en Galicia y la primera que afectó a la administración de su Justicia. Ya avisaron el pasado mes de diciembre. En aquel momento, el comité de huelga del sector –formado por SPJ USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO– había convocado un paro para el día 13 después del “brindis al sol” de la Xunta, que no aportó propuestas suficientes a las reclamaciones de los funcionarios, según entendieron entonces los representantes de los trabajadores. Por ello, estos mostraron su postura: si el Gobierno autonómico no cambiaba de parecer, continuarían con las movilizaciones. Y así lo hicieron.

Las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos fueron, desde entonces, casi continuas, pero el acuerdo no llegaba. El principal escollo era el incremento del complemento autonómico transitorio que solicitaban los trabajadores y trabajadoras. Estos reclamaban 190 euros más de salario al mes, una mejora que el Gobierno veía inasumible, por lo que elevó su oferta máxima a 115 euros de subida de media entre los tres cuerpos que integran el sector. Las demás reivindicaciones  –las plazas de refuerzo, las sustituciones, las amortizaciones y las bajas por incapacidad temporal– ya las habían conseguido. Pero no cesaron en sus protestas para conseguir la mejora salarial. 

Tras la última propuesta por parte de la Xunta y varias asambleas de trabajadores que acabaron en conflicto, el Gobierno autonómico dio por terminados los paros porque los empleados no se mostraban dispuestos a continuar y los sindicatos mayoritarios comenzaban a retirarse del comité de huelga, según explica a infoLibre Constantino Novoa, portavoz de CCOO en el sector de Justicia. De hecho, su sindicato fue uno de los que, junto a UGT, lo abandonaron. La Xunta, por su parte, dejó de convocar servicios mínimos.

Con esta situación, los dos sindicatos dieron a conocer este viernes –cuando se cumplían 100 del comienzo de la huelga– que están dispuestos a firmar el documento aportado por la Administración, en el que se recoge una mejora salarial no demasiado alejada de las demandas iniciales de la plantilla. “No hemos conseguido todo lo que reclamábamos, pero sí una gran parte. En eso consiste la negociación”, explica Novoa. Todo apunta, por tanto, a que los empleados acepten la última oferta de la Administración y cesen, después de meses y grandes retrasos en la Justicia, en su lucha. 

03. Protestas de entidades del sector de la Dependencia

“A día de hoy, existen dos tipos de IVA diferenciados por el mismo servicio, dependiendo de si la financiación es mayormente pública o privada […]. Esta situación es injusta para los mayores dependientes con necesidades de atención y asistencia profesional que no pueden acceder al sistema público”. Con estas palabras presentaba Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), el manifiesto firmado por más de 100 entidades de todo el país junto a agentes sociales y económicos vinculados a la atención de las personas dependientes. Piden, de esta manera, “la equiparación del IVA que pagan los mayores y dependientes en el sector”. Y lo hacen tanto al Gobierno central como a los distintos grupos parlamentarios. “Entendemos que en nuestro sector se produce una paradoja fiscal muy importante ya que el mismo servicio, prestado por una misma entidad, tiene dos tipos impositivos diferentes de IVA en función de quién abone el servicio. Si más del 75% de la financiación es pública, el tipo será del 4%, y si es inferior, se aplicará un 10%”, critican los colectivos firmantes. 

Además, el sector de la Dependencia critica e intenta llevar hasta la política otra cuestión que les afecta en gran medida. La lista de espera para que se reconozca el nivel de dependencia de cada persona a veces es muy larga, “por lo que se encuentran doblemente perjudicadas por la Administración: no se resuelve su expediente, y mientras tanto tiene que asumir un coste más elevado por la falta de diligencia de la administración pública. Muchas de estas personas necesitan contratar servicios privados mientras tanto ya que no pueden mantener su autonomía”. En este sentido, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho. Diariamente, fueron más de 100 personas las que murieron en esta situación. “Consideramos la necesidad de que se adopte de manera urgente el establecimiento de un tipo unificado de IVA del 4% en todos los servicios de atención a la dependencia independientemente de la financiación de dicho servicio”, concluyeron.

De momento, y según confirmaron a este diario fuentes de CEAPs, las personas mayores y dependientes y los colectivos sociales y económicos que apoyan sus demandas y reivindicaciones están manteniendo reuniones con los distintos grupos parlamentarios antes de que se aprueben los Presupuestos del Gobierno para este 2018. “Lo que estamos ahora es reuniéndonos e intentando convencer a los grupos parlamentarios para que aprueben una enmienda que equipare el IVA para la mayoría de los dependientes”, explican. “Si cuando se aprueben los Presupuestos no se consigue nada, o se consigue de una manera parcial, seguiremos adelante, pero tenemos que decidir de qué manera”, añaden. De momento, la movilización sigue, pero en el terreno político.

04. La lucha de los funcionarios de prisiones

Las protestas de los funcionarios de prisiones no son nuevas. Llevan alrededor de un año manifestándose contra su situación laboral, pero fue el pasado mes de febrero cuando, con una gran marcha en Madrid, dieron el pistoletazo de salida a un 2018 de protestas. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip),  CCOO y UGT son los sindicatos que han estado promoviendo las movilizaciones que, lejos de decaer, continúan produciéndose. Y cada vez con más ganas. Este mismo jueves se concentraron a las puertas del centro penitenciario de Morón (Sevilla), donde los agentes intentaron disuadir la manifestación con cargas policiales. "Hay funcionarios con dedos rotos y con hematomas múltiples", cuenta José Luis Pascual, presidente de Acaip.

Pero esto, según confirma, tampoco les frenará en sus protestas. “Tenemos un calendario de movilizaciones. El lunes estaremos en Tenerife, el martes en Jaén y Logroño, el miércoles en Valdemoro y Castellón, etc.”, y así una larga lista de concentraciones por toda la geografía española. Y el objetivo es claro: “Nos manifestamos para protestar por el desmantelamiento del sistema, por la falta de personal y para conseguir la eliminación de la brecha salarial”, explicó Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias. Denuncian que la Secretaría General del organismo, dependiente del Ministerio del Interior, está desmantelando el sistema penitenciario, “que es desigual, precario y con falta de personal”.

“No sólo continuamos con las movilizaciones, sino que las intensificamos”, insiste Pascual. Entienden que la protesta en la calle es la única vía que les queda para “evitar que el servicio público decaiga”. Quieren terminar, así, con las agresiones diarias que sufren y la brecha salarial que les impide tener el mismo salario por el mismo trabajo en distintos tipos de provincia. “Las manifestaciones van a ser diarias. Vamos a tener concentraciones que sin ninguna duda afectarán al servicio y paralizarán los centros”, sentencia.

05. Movilizaciones de las camareras de piso

“El PP ya no puede decir que no conoce nuestra situación”. Con esta frase resumieron las camareras de piso, más conocidas como kellys, la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado mes de abril. Han dado ya el primer paso para conseguir avances en sus reivindicaciones: acabar con su clandestinidad. “Ya hemos salido de la invisibilidad, y ahora lo que queremos son resultados”, afirma Eulalia Corralero, presidenta de Kellys Unión Catalunya.

Y para conseguir esos resultados, afirma, les toca seguir luchando. De momento, no hay nada asegurado, pero sí que tienen planes a corto plazo. En primer lugar, según confirma Corralero, tienen “planeado” hacer una concentración en agosto, igual que la que llevaron a cabo el año pasado. Y, además, plantean paros, “pero eso es más complicado”. “Estamos creando plataformas donde invitamos a todos los sindicatos para llegar a un consenso y conseguir hacer un parón”, aclara. Lo que quieren, con estas fórmulas, es presionar. “Rajoy es un político, y estamos en campaña electoral. Lo que queremos son resultados de lo que nos dijo en la reunión”. 

¿Y qué le pidieron? Que se ponga fin a la externalización, adelantar la edad de jubilación y que se reconozcan las enfermedades laborales que padecen como consecuencia de su empleo. “Lo hagas como lo hagas, hay un impacto en el cuerpo y en la salud”, relató Corralero a este diario. 

Mariano Rajoy explicó a las camareras de piso su intención de trasladar todas sus denuncias a la mesa tripartita compuesta por comunidades autónomas, agentes sociales y administración. Aunque las kellys confían en un consenso que recoja sus peticiones, reconocen que en esa mesa “están los mismos” que les han “traído hasta aquí”, y por ello seguirán su lucha activamente.

06. La lucha por el soterramiento del AVE en Murcia

Más de 200 días. Es el tiempo que llevan los vecinos de Murcia protestando en las calles contra lo que califican de injusto: la llegada del AVE en superficie y, como consecuencia, la división de la ciudad en dos. Comenzaron a manifestarse el 12 de septiembre del pasado año y, desde entonces, las concentraciones en las vías por donde la alta velocidad atravesará la ciudad han sido diarias. Pero, además, llevaron sus reivindicaciones hasta Madrid y, más tarde, a Europa. 

En concreto, los murcianos reclaman que se cumpla el convenio firmado en 2006 y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que, por el momento, ha quedado en papel mojado. En él se creó un proyecto de soterramiento integral que contó con el apoyo de todas las administraciones y de los vecinos de la ciudad. Sin embargo, la intención de Fomento, según denunciaron los propios ciudadanos, fue desde el primer momento que la alta velocidad llegara a la ciudad lo antes posible, para lo que comenzaron a construir una vía que, dijeron, sería provisional. En paralelo, prometieron, se realizarían las obras de soterramiento, vías a las que se trasladaría más tarde el trazado del AVE.

Sin embargo, tras años de promesas, temen que una vez que llegue el tren de alta velocidad no se lleve a cabo la construcción de una vía subterránea y que la vía provisional construida sea, en cambio, definitiva. “Lo único que está a ojos de cualquiera que mire es la vía de llegada en superficie del AVE por una vía provisional que nosotros la admitimos si es para soportar la circulación actual hasta que se haga el soterramiento”, explica en conversación con infoLibre Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento. Sin embargo, denuncia, lo que se encuentran es que la instalación va a ser definitiva. “Una vez que llegue el AVE, cualquier motivo de crisis económica o de un nuevo Gobierno, la obra puede quedarse paralizada y nos encontraremos con el AVE en superficie y la obra de soterramiento sin hacer”, denuncia. 

De momento, la Plataforma ha conseguido que el fiscal superior de Justicia de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, abriera diligencias por las obras de soterramiento del AVE tras la denuncia que presentaron desde la asociación. Iba dirigida, entre otros, contra el presidente del Administrador de Infraestructura Ferroviarias (Adif), Juan Bravo; el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez, y directivos de Aldesa, la adjudicataria de las obras. 

07. Protestas de los interinos

La de este jueves fue la protesta más grande que protagonizaron, puesto que pudieron unirse los funcionarios de varias ciudades españolas para protagonizar una gran jornada de lucha. Medio millar de interinos se concentraron a las puertas de la Asamblea de Madrid para protestar por sus condiciones laborales y para reclamar poder acceder a un puesto fijo en la Administración a través del concurso de méritos y no mediante un proceso de oposiciones, como se contempla actualmente.

El pasado enero comenzaron a organizarse y media docena de asociaciones acaban de constituirse en plataforma. El objetivo, luchar contra el “fraude de ley”que sustenta sus empleos, según explica Jorge Azón, portavoz de la Plataforma de Interinos y profesor en La Rioja. “Las administraciones públicas, las de todos los colores políticos, han estado haciendo un fraude de ley tremendo desde hace 20 años”, denuncia.

Lo que ocurre es que, según detalla, desde que se dieron transferencias a las comunidades, “lo que han hecho es sacar muy poquitas plazas y las demás cubrirlas con trabajadores temporales, mucho más baratos”. “Salíamos un 20% o un 30% más baratos”, continúa. Según los cálculos realizados por CCOO, hasta el 70% de estos empleados públicos se encuentra en fraude de ley. Es decir, más de 450.000. “No es personal, se trata de un fraude de ley del sistema”, critica. “Han creado un sistema paralelo, alternativo, donde está el 30% de los empleados públicos de forma fraudulenta”, denuncia. 

La intención, por ello, es seguir movilizándose, aunque de momento se trata de palabras pronunciadas a nivel interno. “Hemos planteado una manifestación en Madrid y huelgas, pero tenemos que concretarlo”, detalla. Al ser tantos sectores y de tantos lugares distintos de España, es complicado aunar fuerzas y unir las voces en una misma protesta aunque, explica Azón, la de este jueves podría ser el punto de partida para comenzar a hacerlo. 

08. Reivindicaciones estudiantiles

La última protesta que protagonizaron, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, se enmarcó dentro de las manifestaciones que se han venido sucediendo a lo largo y ancho de todo el país tras la lectura de la sentencia que condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de La Manada. Pero, sin embargo, este no ha sido el único motivo que ha sacado a los estudiantes a las calles en las últimas semanas. La falta de acuerdo en las cifras económicas que dejó en vía muerta el pacto educativo después de que el PSOE y Unidos Podemos abandonaran las reuniones que los grupos parlamentarios venían celebrando desde hace casi un año en el Congreso y el aval que el Tribunal Constitucional dio a los puntos más polémicos de la Lomce hicieron que la marea verde volviera a salir a las calles. 

Durante los años duros de la crisis económica, fueron uno de los sectores sociales más movilizados, pero desde hace algunos años sus reivindicaciones se habían silenciado. Al menos en las calles del país, que dejaron paulatinamente de teñirse de verde. Sin embargo, estas dos noticias avivaron, de nuevo, las demandas estudiantiles. 

“Ya no hay excusas”. Bajo ese lema, profesorado, alumnado y familias sacaron a la calle su repulsa a la hoja de ruta que, para ellos, plantea el Gobierno del PP: “Una política que recorta millones de euros a escuelas, institutos y universidades; que da alas a una reforma educativa basada en la segregación del alumnado, y que liquida de un plumazo derechos laborales a trabajadores y trabajadoras de la enseñanza”, expresaron a través de una nota.

La falta de una adecuada inversión educativa también estuvo presente en la protesta, como ya lo estuvo en las grandes manifestaciones que protagonizaron en los años en los que los jóvenes estuvieron más movilizados. “El borrador de Presupuestos del Estado vuelve a reducir la inversión pública en educación al 3,7 % del PIB, una inversión similar a la registrada en el año 1992", denunció la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública al comienzo de la manifestación del pasado 10 de mayo. 

Ahora, con todos estos motivos, ven razones para volver a las reivindicaciones habituales. Así, para Francisco García, portavoz de la plataforma y responsable de enseñanza de CCOO, esto no es más que el “pistoletazo de salida de una campaña de movilizaciones” que esperan prolongar durante los próximos meses, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya “dinamitado” el pacto educativo, según estas organizaciones, por “no derogar la LOMCE ni revertir los recortes” en educación.

09. Movilizaciones de científicos e investigadores 

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Las reclamaciones de los científicos de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) no son nuevas. Han cumplido ya 18 años, y según detallan desde la Plataforma 5s6s, el Gobierno lleva cometiendo ilegalidades desde hace, concretamente, cinco años. Este jueves, el escenario de sus protestas fue el Congreso de los Diputados, donde pidieron otra vez más al Gobierno que se cumpla la Ley de la Ciencia y se les equipare al sistema retributivo por mérito con el que cuenta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se trata de una reivindicación que se incluyó en la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011. Sin embargo, la falta de un reglamento que desarrolle esta medida ha impedido que se haya puesto en marcha de manera real.

Esta situación ha llevado a estos profesionales a poner una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que señalan que, a pesar de que la ley prevé que el nuevo régimen de carrera profesional y retributivo entraría en vigor el 1 de enero de 2014, la Administración no ha hecho lo necesario para ello. El Tribunal dictó, el pasado abril, una sentencia en favor de los investigadores, obligando al Gobierno a actualizar sus sueldos desde hace cuatro años. Esta sentencia debía quedar reflejada en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Sin embargo, PP y Ciudadanos han pactado una enmienda que sólo cumpliría con esta medida en 2018. 

“No se trata sólo de dinero, sino de nuestra dignidad y de nuestra contribución a la sociedad española y de nuestro papel para conseguir una sociedad del conocimiento. Nosotros enriquecemos a la sociedad y queremos que nuestro trabajo se vea evaluado de manera adecuada”, declaró a Europa Press el investigador del Centro de Astrobiología (CAB) David Barrado. Cuentan con el apoyo de PSOE –que ya registró en la Cámara Baja una proposición no de ley por la que insta al Ejecutivo a cumplir la Ley de la Ciencia– y Unidos Podemos y reclaman, ahora, el de Ciudadanos y PP.