La acusación recurre el archivo de las preferentes porque las cajas "manipularon el mercado" para crear una "ilusión"

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) recurrió el auto de archivo de la causa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja alegando que estas entidades "manipularon el mercado" para dar al producto una "apariencia de rentabilidad" y mantener la "ilusión de que tenía liquidez" e incluso "una buena cotización".

Según el escrito de la CIC que recurre el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha tenido acceso Europa Press, la información contenida en determinados folletos de las emisiones de participaciones preferentes era "falsa en lo relativo a la cotización del producto", pues "garantizaban la existencia de un verdadero procedimiento de circulación y negociación de estos valores, que garantizaban su liquidez".

"Las entidades manipularon el mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez del que carecía, a fin de evitar que se descubriera la realidad y se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados", remarca.

"En definitiva, Caja Madrid, Bancaja (posteriormente Bankia) y las restantes entidades aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF para crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización, a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real", explica.

"Estrangulamiento" por parte de la Fiscalía

Pero además, la CIC argumenta su recurso denunciando que en esta causa ha existido un proceso de "estrangulamiento" de la instrucción que comenzó el Ministerio Fiscal oponiéndose desde el primer momento a la apertura del procedimiento.

Razona que puede admitir que la instrucción se limitara a las "cúpulas directivas" de estas entidades, pero lo que a su juicio resulta "censurable" es que no se investigara a las mismas por posible estafa o engaño provocado a los inversores por la simple emisión de las preferentes.

La CIC responde de esta forma al magistrado instructor Fernando Andreu, que el pasado 18 de mayo archivó esta parte de la investigación, tras más de un año sin acordar ninguna diligencia, y al entender que no quedó acreditado que las entidades emitieran este producto con el fin de engañar a los inversores.

Sin distinción entre su ideación y su comercialización

Respecto a la distinción que hizo el magistrado entre la planificación de este producto financiero y su comercialización, la CIC asegura que es "absolutamente artificial", ya que ambas cosas están "íntima e indisolublemente unidas".

"Por lo tanto, consideramos que es este el momento de reconsiderar y revisar la falsa premisa que ha condicionado la instrucción, consistente en la total separación entre lo que se llama 'la ideación y comercialización general' de las preferentes (de la que se responsabiliza a 'la cúpula directiva') y la 'comercialización individualizada por los empleados' (que sería imputable en su caso a los directores, comerciales y empleados en general)", reza el escrito.

Se trata de una mecánica –que compara con la que se puede llevar a cabo en una estafa piramidal– diseñada e implementada por parte de la dirección de Caja Madrid, Bancaja y Bankia y ejecutada por toda la red comercial, a la que se dotó "de los correspondientes incentivos económicos".

Falsa apariencia de ausencia de riesgo

La acusación denuncia que, desde la emisión de las preferentes a principios de mayo de 2010, todas las que le siguieron estuvieron cotizando al cien por cien de su valor e incluso algo por encima. Así, cuando un cliente minorista quería vender sus preferentes, la entidad se las compraba al precio que unilateralmente determinaban y posteriormente buscaba a otro cliente minorista de la propia red la que vendérselas, manteniendo artificialmente el precio alrededor del precio de colocación original.

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Todo ello en un contexto que se vaticinaba negativo para las cajas teniendo en cuenta los problemas financieros que "barruntaban" de cara al cobro de los dividendos y cupones de la inversión. Con tales actuaciones consiguieron que la volatilidad en el precio de las preferentes fuera prácticamente cero, generándose una falsa apariencia de falta de riesgo.

Cuando en mayo de 2010 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) denunció la situación el mercado se paralizó por completo y se negó a los clientes la posibilidad de seguir operando con las participaciones preferentes, "quedando literalmente atrapados".

En su auto de archivo de la investigación, el juez descartó que el supervisor actuara como cooperador necesario de esta práctica, cuya investigación quedó acotada a la acometida desde el año 2009 ya que no podría existir reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por importe de 300 millones de euros) por prescripción del presunto delito.