El 'caso Gürtel' aún amenaza con obligar a Rajoy a declarar por segunda vez como testigo

El abandono de la primera línea de la política anunciado este martes por Mariano Rajoy le permitirá soltar amarras en buena parte de los casos judiciales que todavía aguardan a su partido pero no en todos. Porque en la llamada pieza de los papeles de Bárcenas o de la caja B, la que hasta la sentencia conocida hace dos semanas se preveía la más ardua de sortear para la formación conservadora, son dos las acusaciones que han pedido la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo. 

Para ese juicio, todavía no hay fecha. La investigación sobre los papeles de Bárcenas, parcialmente reabierta tras la confesión de Francisco Correa, ya concluyó que el PP había destinado 1,55 millones de dinero de la caja B a la reforma de la sede central de Génova con Rajoy como máximo dirigente del partido.

Si la Audiencia Nacional accede a citarle, será la segunda vez en que el ya expresidente se vea forzado a testificar en un segundo juicio. Y no en un juicio cualquiera sino en otro derivado del tronco común de Gürtel, el mayor caso de corrupción destapado en España y detonante de la moción de censura que tras derribar a su gobierno ha puesto fin a 14 años de liderazgo político en el PP.

El precedente de lo sucedido el 26 de julio de 2017, el del juicio de la llamada Época 1, resulta inquietante para el hasta ahora líder conservador. Rajoy no solo no logró esquivar el llamamiento del tribunal ni que se le permitiera declarar por videoconferencia sino que, como refleja la sentencia, su versión acabó siendo considerada "insuficientemente verosímil" para la sala. Acabó, en resumen, siendo el motivo por el que el tribunal "pone en cuestión" su credibilidad y la de los restantes testigos del PP que negaron la existencia de la caja B y el pago de sobresueldos.

La solicitud para que Rajoy comparezca de nuevo como testigo lleva dos sellos: el de Adade, la acusación popular que consiguió su citación en la vista oral de Época 1 tras haberla visto denegada y cuando nadie lo creía ya posible; y el de la aquella otra que, con IU al frente, agrupa a distintas asociaciones.

Tanto Adade como IU le incluyeron en su lista de testificales a Mariano Rajoy ya en abril de 2015. Lo hicieron en los respectivos escritos con los que reclamaron la apertura de juicio oral de esa pieza. El 28 de mayo de ese mismo año, el juez instructor, José de la Mata, que había heredado el caso de su antecesor Pablo Ruz, decretó la apertura de juicio.

¿Por qué desde entonces, transcurridos ya tres años, la Audiencia Nacional no ha desvelado aún si acepta que la declaración de Rajoy se integre en el repertorio de pruebas de la acusación? Básicamente, por la concatenación de varios factores que han demorado la celebración del juicio, cuyo inicio ni siquiera tiene fecha fijada aún.

Todo empezó cuando se supo qué magistrados enjuiciarían la pieza de los papeles de Bárcenas, que ya entonces se presumía como la de mayor calado político por cuanto, si bien el elenco de acusados había quedado reducido a seis. Y uno de ellos -el recién fallecido Álvaro Lapuerta- salió pronto de la lista al serle diagnosticada una "demencia sobrevenida" que le eximió de cualquier responsabilidad penal.

De los tres miembros que debían integrar la sala dos fueron recusados de inmediato por su proximidad al PP: Concepción Espejel, hoy presidenta de la Sala Penal de la Audiencia; y Enrique López, que había aterrizado en la Audiencia Nacional tras su tormentoso abandono del Tribunal Constitucional (TC) después de que la Policía le interceptase conduciendo una moto sin casco y con más alcohol en sangre del legalmente permitido.

Una carrera impulsada por el PP

Ambos habían progresado en su carrera profesional con el impulso directo del PP. Y, como subrayó la Fiscalía Anticorrupción en el escrito con que se adhirió a la solicitud de que fuesen apartados de la pieza troncal de Gürtel y luego de todas las del caso, tanto Luis Bárcenas como otros cuatro acusados participaron en alguna de las votaciones que auparon a Concepción Espejel al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a Enrique López al TC. 

Una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia apartó de los papeles de Bárcenas a los dos jueces en enero de 2016, la tramitación siguió adelante hasta que el 14 de octubre la confesión de Francisco Correa en el entonces recién iniciado juicio de Época 1 condujo a la reapertura parcial de la instrucción sobre la caja B.

Esa reapertura dividió en la práctica el caso de los papeles en dos: el juez De la Mata indagaría de nuevo sobre las donaciones que nutrieron la caja B y su eventual vínculo con los contratos públicos adjudicados a los donantes mientras que seguiría camino de la vista oral la parte relativa, básicamente, al pago en negro de 1,4 millones para la reforma de la sede central de Génova entre los años 2005 y 2010. Es decir, cuando Mariano Rajoy ya estaba más que asentado como presidente del PP.

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El auto de apertura de juicio dice lo siguiente sobre el dinero opaco que fluyó desde el PP hacia Unifica, la empresa que acometió la remodelación de la sede: que se ha "constatado, en plano indiciario, que las cantidades abonadas por el PP a Unifica por las obras efectuadas en la sede central al margen de la facturación y contabilización oficial, habrían ascendido al importe total de 1.552.000 euros".

En noviembre de 2017, con el juicio de Época 1 recién clausurado y en espera de sentencia, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dio un paso que otra vez arrojó incertidumbre sobre la fecha real en que se juzgará la pieza de los papeles de Bárcenas: sobre la marcha, con efecto retroactivo y bajo el argumento de que tocaba establecer las nuevas normas de reparto, la sala cambió la composición del tribunal que debía dirigir la vista de la caja B.

El magistrado Julio de Diego, cuyo voto había deshecho el empate entre el progresista José Ricardo de Prada y el conservador Ángel Hurtado -presidente y ponente- cuando hubo que dirimir si Rajoy comparecería o no como testigo en Época 1, quedó fuera del tribunal. Y su lugar sería ocupado por Juan Pablo González, sobre el de que cayó de inmediato una tercera recusación. Y también esta vez por idénticos motivos a los esgrimidos con Concepción Espejel y Enrique López. Finalmente, y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal de la Audiencia apartó a Juan Pablo González hace un mes.