Algunos rasgos de la situación actual por José Errejón Villacieros

En un contexto global en el que aparecen señales de desaceleración del crecimiento con señales de una nueva crisis de la deuda (Argentina, Turquía), de guerra comercial entre EEUU y la Unión Europea y de encarecimiento de la factura del petróleo, la crisis del régimen se agudiza, pero no se percibe un horizonte alternativo.

La crisis en Cataluña ha enfrentado al régimen con sus limitaciones genéticas y con un partido en el Gobierno de la nación incapaz de comprender las exigencias que para el mantenimiento del pacto constitucional representan las aspiraciones soberanistas de una parte significativa de la sociedad catalana.

El PP, en la tradición de derechas de la que forma parte y de la que tampoco está libre Cs, ha llegado a albergar la ilusión de revertir los “excesos” del desarrollo del Estado de las Autonomías, infligiendo una derrota al bloque rojo/separatista y consiguiendo un reagrupamiento neonacionalista que consolidara el dominio del proyecto histórico reaccionario que impulsa desde el 2011.

La acelerada descomposición del PP, una vez probada la existencia histórica de una caja B en su financiación, podría haber precipitado el proceso de sustitución en la derecha política española en la medida en la que Cs, libre de responsabilidades gubernamentales, ha podido desempeñar el papel de campeón de la unidad de España y martillo de separatistas. Sin embargo, la posición adoptada durante el debate de investidura exigiendo la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones generales le ha ganado la enemistad de la mayor parte del PP, especialmente de sus dirigentes y cuadros más jóvenes que no parecen dispuestos a renunciar a su hegemonía en la derecha ni a sus cargos en favor del partido naranja.

La condena de importantes personajes del PP y su propia responsabilidad a título de beneficiario en su financiación irregular ha hecho punto menos que imposible su continuidad en el Gobierno y en su papel de apoderado de los intereses de la oligarquía española que está exigiendo una renovación de “su personal de servicio”.

Las políticas aplicadas en lo que llevamos de década han producido inmensos daños entre las capas populares, que han respondido con el magnífico ciclo de movilizaciones simbolizadas por el 15M y, más recientemente, con la movilización de pensionistas y mujeres. Si el primer ciclo tuvo entre sus consecuencias la emergencia de una formación política que planteaba de forma explícita la necesidad de un período constituyente que pusiera coto al proceso destituyente simbolizado por la reforma del art 135 de la Constitución, el segundo –falta ver si alcanza por duración y contenido el mérito de “ciclo”– se ha abierto con la censura a Rajoy y al PP por su probada corrupción y con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El anterior es uno de los rasgos característicos de esta fase de la crisis del régimen: se desenvuelve ante la pasividad de la mayoría de la sociedad española. Ello no es, en modo alguno, indicador de la "derechización" de la sociedad civil, sino generalización de cierto clima de desencanto ante los magros resultados obtenidos en el ciclo anterior y concretados en el apoyo –¡5 millones de votos!– otorgados a un partido surgido tan solo un año antes.

La fase actual de la crisis se desarrolla en frío, sin movilizaciones sociales que la referencien y por tanto está condenada a resolverse en sede exclusivamente institucional y con arreglo al manejo de la aritmética parlamentaria, con las restricciones de los indicadores de confianza de los mercados financieros que, a buen seguro, no operarán en favor de los intereses populares.

En ese contexto, la iniciativa del PSOE de hacer una moción de censura contra el gobierno del PP se enfrentaba a dificultades nada desdeñables. Solo Podemos, quien en 2016 contribuyera a impedir su acceso a la Moncloa, ha manifestado su apoyo sin condiciones, mientras que Ciudadanos, entonces dispuesto a pactar con quien fuera para obtener la relevancia que no le habían dado las urnas, hoy la rechaza estimulado por las encuestas en las que aparece como ganador indiscutible de unas elecciones generales.

Lo determinante, en todo caso, ha sido el apoyo de los grupos parlamentarios nacionalistas catalanes y vascos. Creo que esta posición, más allá de cálculos o reivindicaciones cortoplacistas, tiene como fundamento la consideración por parte de estos grupos de estar ante una oportunidad de renovar el pacto sobre el que se asentó en su día la transición postfranquista y la misma Constitución de 1978.

Los efectos del desalojo de Rajoy hoy no serán los que potencialmente se podrían haber producido en la primavera del 2016. Entre ambas fechas, aparte de la arriba mencionada pérdida de ilusión por el electorado de abajo, se han desencadenado los efectos de la crisis de Cataluña, no el menor de los cuales ha sido el emerger de un españolismo reaccionario que ha sumido a los partidos de izquierda en una evidente perplejidad y confusión. Que Rivera exija un gobierno para hacer frente –en primer lugar– a la “amenaza separatista” es bien elocuente de hasta qué punto la agenda social se ha difuminado a la hora de pergeñar proyectos políticos.

El atolladero vivido la semana pasada –dificultad del promotor de la moción de censura para alcanzar los 176 votos para llevarla a buen término y negativa del presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas como quería Cs– indica una crisis del sistema político para cuya resolución el mismo sistema parece carecer de instrumentos adecuados. Los “acuerdos fundacionales”, con sus virtudes ensalzadas hasta el empacho, no preveían situaciones de esta naturaleza.

Una situación que puede resumirse en la suma de las crisis sin un espacio de resolución aceptado por todos los actores. Una crisis del sistema de partidos pensado y diseñado como un esquema bipartidista que ha funcionado en buena parte de su historia con la muleta de alguno de los partidos nacionalistas de derechas y que, cuando se ha visto modificado con la entrada de dos nuevas formaciones, no ha sido capaz de articular procedimientos aptos para enfrentarse a situaciones como las derivadas de la imputación y condena del partido gobernante. Solo el recurso a la previsión constitucional de la moción de censura constructiva ha permitido abrir la posibilidad de regeneración institucional que la sociedad española y la continuidad misma de la recuperación económica estaban demandando

Crisis del sistema de partidos y crisis de los partidos, cada vez más incapaces de recoger los impulsos que viven en la sociedad. Organizaciones cada vez más burocratizadas y jerarquizadas, dominadas por verdaderos clanes, empeñando lo mejor de su tiempo y recursos en la tarea de conquista y conservación del poder interno, experimentan dificultades notables para lo que debiera ser una de sus tareas fundamentales: servir de canales de recepción e incorporación a la agenda política de las demandas de la sociedad.

Los efectos de estas crisis vienen ampliados por la persistencia de una de no menor alcance que afecta a la composición misma del Estado. La solución de la Constitución del 78 era, sobre todo, una promesa: la de que –partiendo de una regulación que apuntaba tímidamente el derecho a la autonomía territorial– se podían alcanzar y satisfacer las aspiraciones autodeterministas de algunos pueblos integrados en el Estado español. Pero han pasado cuatro décadas desde la promulgación de la Constitución y estas aspiraciones, acentuadas en sociedades cada vez más cultas y conscientes de sus posibilidades, no solo no han sido satisfechas sino que, cuando se articulaban vías dentro de la legalidad constitucional para un acceso gradual hacia ellas –el EA de 2006–, el Tribunal Constitucional, a instancias de uno de los partidos gobernantes del régimen del 78, las ha cegado, desencadenando una movilización soberanista que ha abierto la más seria crisis del régimen.

Una crisis que los partidos de la derecha han creído que podían aprovechar para revertir lo que para ellos son los “excesos del desarrollo autonómico” mediante la aplicación de un precepto constitucional que –es legítimo pensar– fue redactado para no ser aplicado nunca en la forma que lo ha sido por el gobierno del PP. Un precepto que revela la profunda incomprensión por estos partidos del carácter esencialmente paccionado del ordenamiento constitucional en la materia.

La derecha española ignora, o quiere hacerlo, que todo el edificio constitucional –la arquitectura de la convivencia– está basado en dos grandes pactos: el social y el territorial. Eufóricos como están por la ruptura del primero en favor de los sectores más pudientes, se han animado también a denunciar el segundo, vulnerando gravemente el espíritu del texto constitucional. No entienden –o no quieren hacerlo– que la convivencia en un Estado complejo como es España solo puede asentarse en el respeto a la diferencia y que la diversidad, lejos de amenazar la estabilidad de las sociedades, es una garantía de resiliencia.

De modo que hoy, cuando la corrupción probada de ese partido está exigiendo su sustitución por un gobierno que acometa la regeneración democrática e institucional, el concurso de las formaciones nacionalistas resulta indispensable no solo para sacar al PP del Gobierno, sino –lo que es mucho más importante– para encarar en clave política la solución al más importante problema institucional que tiene planteado hoy la política española.

La gestión de esta moción de censura ha mostrado un PSOE bien distinto del que hemos conocido cuando disponía de mayorías absolutas. Ahora no tiene más remedio que compartir no solo las decisiones, sino también los análisis que las fundamentan. A fortiori, su dirección está obligada a escuchar los puntos de vista y los análisis de otras formaciones, lo cual abre una posibilidad para que las políticas que vayan a aplicarse reflejen la pluralidad existente en la sociedad civil.

La crisis del régimen ha entrado en una fase distinta. El nivel de incomprensión y bunkerización de las posiciones de los distintos actores ha llegado a un punto de máxima tensión con ocasión del 1º de Octubre del 2017, lo que facilita el recurso a las medidas puramente coercitivas, a la sustitución de la política por el Código Penal. La política, la política democrática, precisa de espacios habilitados para el diálogo y el entendimiento y la negociación entre las diversas posiciones.

Para todos los actores, creo, se va a poner de relieve la necesidad de entendimiento mínimo sobre las propias reglas del juego. Es posible hacer de la necesidad una virtud. En nuestra época son escasos –pero los hay– los sectores sociales que se sienten motivados a un conflicto abierto dirigido a acabar con las posiciones del adversario y hasta de su propia existencia. Y junto a ello, hay que anotar también los saludables efectos de la cultura del pluralismo que ayuda a entender las distintas ideas del bien.

Hay posibilidad de intentar un nuevo pacto social.

Este diálogo pudiera tener alcance constituyente.

La moción está permitiendo desenmascarar a Cs. Un partido cuyo “constitucionalismo” consiste en querer desconocer lo que ha sido el desarrollo constitucional previsto en su Título VIII y la forma en la que el hecho autonómico se ha encarnado en una configuración específica de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Es un partido que conecta con la posición de algunos reformistas del régimen franquista cuyas líneas rojas se situaban, también, en el rechazo del autogobierno de las nacionalidades. No es posible aventurar, al menos por el momento, si Cs va a iniciar un proceso de derechización –de fascistización, dicen algunos–, pero es más que probable que, habiendo perdido la ocasión que creían asegurada de suceder a Rajoy en La Moncloa, entiendan que ya no tiene otro camino que profundizar sus contenidos más de derechas en liza por este electorado.

Decía en diciembre de 2017: “Los números no dan para una moción de censura. Sin Cs se necesitaría a ERC, PNV, Bildu, PdCat, etc., lo que parece demasiado incluso para Pedro Sánchez. Para presentar este bloque habría que hacerlo como resultado o consecuencia de un pacto constituyente similar al de San Sebastián de 1930”. No sé si el apoyo de todos estos grupos parlamentarios a la investidura de PS es el embrión de un nuevo pacto de San Sebastián. El contexto no es el mismo, y la fuerza relativa de los actores de la izquierda y la derecha, respectivamente, tampoco.

La corrupción y el desfile incesante de dirigentes del Partido Popular por el juzgado y la condena al PP como partícipe a título lucrativo de la estafa de Gürtel supone un grave riesgo de deslegitimación institucional. Incluso en ausencia de movilizaciones sociales y ciudadanas de importancia, el clima de desafección hacia el régimen podría generalizarse. Lo malo es que se identifica el régimen con la democracia. Hay que explorar hasta dónde llega la infección, esta identificación trabaja a favor de despertar adhesiones a modelos fascistas y bonapartistas.

Tras la investidura de Sánchez podemos asistir a un pulso muy duro entre los partidos de la derecha y el bloque que ha apoyado la investidura. La situación de empate catastrófico solo puede despejarse si uno de los dos bandos consigue una ventaja sustantiva sobre el otro. Resulta muy difícil vaticinar cuál de los dos bandos puede desnivelar la balanza a su favor. El bloque que ha apoyado la investidura debería articularse como tal para el período inmediato en el que entramos, pero poniendo cuidado en no alimentar los argumentos de la derecha reaccionaria sobre el “peligro rojoseparatista” (ya el exministro García Margallo alertó contra lo que, de forma demagógica, llamó "el Frente Popular montado para desalojar a Rajoy").

Tan irresponsable invocación pretende despertar el miedo entre amplias capas de la sociedad como forma de movilización en favor de la recuperación del poder por la derecha. Por atávicos y rancios que sean los argumentos que se manejen por la derecha, harían mal los dirigentes del bloque que apoyó a Sánchez si se desdeñara el posible alcance de esta movilización en ciernes.

Tan mal como si, estimulados por la alarma de la movilización reaccionaria, cayeran en alguna modalidad de frentismo que terminara confirmando –para un amplio sector de la población– el demagógico alarmismo de las derechas. La prudencia y la cautela deberán ser rasgos principales de la labor del Gobierno y de sus socios. Ello no debería ir en demérito de acometer las indispensables reformas en el dominio de los derechos sociales, pero también de los civiles y los políticos –incluido el derecho a decidir–. Como ha dicho el propio Joan Tardà, el diálogo requerido para desatascar la crisis de Cataluña debe ser considerado como una tarea estratégica, en la que los negociadores deben estar dispuestos a poder cambiar sus posiciones de partida en el curso de la negociación.

Podemos tiene un difícil y fundamental cometido en esta etapa que se avecina. Lo primero que debiera tomar en consideración su dirección es que la investidura de Pedro Sánchez va a dar alas a una movilización del electorado socialista y que el curso de la misma pudiera resolverse en alguna caída del apoyo que viene recibiendo desde 2015. Sería un grave desatino si se respondiera a esta posibilidad con alguna modalidad de ataque al Gobierno o al PSOE, en lo que sería bastante probable que un amplio sector de las clases populares entienda su suerte unida a la del Gobierno socialista.

Al contrario, Podemos debiera orientar su acción como el más firme defensor del Gobierno en tanto que momento de oportunidad para equilibrar siquiera sea muy parcialmente la relación de las clases populares con las poderosas, actuando así de contrapeso a las presiones que estas últimas van a ejercer –ya lo están haciendo– sobre el gobierno de Sánchez.

Constituido el nuevo gobierno se pueden apuntar algunas notas de urgencia. La primera es que su composición revela, ante todo, la intención de desmontar la campaña de las derechas contra el “gobierno Frankenstein”: un gobierno monocolor, con independientes y en el que destaca –para algunos chirría– la presencia de alguien tan próximo al PP como Grande-Marlaska. Sin que se perciba presencia de personalidades en las que se pudiera ver reflejado Podemos como su principal sostenedor en la moción de censura.

Como todos los analistas han señalado, habrá que esperar las principales actuaciones de este gobierno para poder emitir un juicio o una valoración al respecto. La aprobación del techo de gasto para el presupuesto de 2019 será, sin duda, un buen indicador.

Son muchos y nada fáciles los retos que tiene por delante el Gobierno. El más importante de todos tiene que ver con los objetivos políticos que se fije y el calendario para llevarlos a cabo. Uno y otro podrán denotar si Sánchez y el PSOE han extraído las lecciones precisas del tiempo político que les ha tocado vivir, si han entendido la naturaleza profunda de las crisis que nos afectan como sociedad y como Estado, si perciben los trazos esenciales por donde debería discurrir el nuevo rumbo para asentar la convivencia colectiva en coordenadas de democracia, justicia social y solidaridad.