PSOE y Podemos exigen al Gobierno que relaje las restricciones de gasto para los ayuntamientos

Los consistorios progresistas quieren que el repentino cambio en el Gobierno central libere sus cuentas de los grilletes impuestos por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y, por ello, alcaldes tanto del PSOE como de las formaciones municipalistas próximas a Podemos ya han comenzado a moverse para impulsar la derogación o, al menos, la modificación de la regla de gasto en lo tocante a los ayuntamientos, una reivindicación en la que ambas formaciones ya coincidieron cuando el PP estaba en el Ejecutivo. Unidos Podemos ha solicitado reunirse con las nuevas ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hará lo propio con el nuevo presidente Pedro Sánchez.

La regla de gasto y la aplicación que hacía de ella el exministro Montoro han sido motivo de agrios enfrentamientos entre las corporaciones locales y la administración central en los últimos años. Buena muestra de ello es la intervención de las cuentas del ayuntamiento de Madrid que decidió el año pasado Hacienda al entender que el consistorio estaba sobrepasando los límites de gasto establecidos, lo que obligó a la corporación liderada por Manuela Carmena a hacer recortes en sus inversiones. Pero el de Madrid no es el único ayuntamiento opuesto a la medida: consistorios como los de Zaragoza, València, Cádiz, A Coruña, Barcelona, Valladolid o Vigo también han protestado contra una norma que, consideran, ahoga la autonomía de los municipios.

La regla de gasto está contenida dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y actualmente obliga a los consistorios con superávit a que dediquen prioritariamente este excedente a amortizar deuda, en lugar de poder invertirlo en otras partidas. "Es absurdo", denuncia el alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, "que con la ley actual yo no pueda contratar policías o jardineros si me hacen falta y me obliguen a usar el superávit para pagar deuda o para inversiones financieramente sostenibles", una serie de programas que sí permite Hacienda porque no suponen un incremento en el presupuesto anual, producen una reducción de gastos anual cuantificable y tienen un mínimo de vida útil de más de cinco años.

Con él coincide Fernando Rivarés, concejal de Hacienda de Zaragoza (Zaragoza en Común), que asegura que la regla de gasto ha conseguido que, en los últimos cuatro años, el dinero que los ayuntamientos tienen en sus tesorerías sin utilizar haya crecido un 32%. "En 2017, entre todos los municipios españoles había 6.812 millones de superávit. Imagina la inversión pública que se podría hacer si circulara ese dinero", lamenta el edil, que critica que la norma se aplique de igual manera tanto a los municipios más endeudados como a los que "cumplen con la estabilidad, han bajado la deuda por debajo del límite establecido y no tienen déficit".

PP y Cs bloquean los cambios en el Congreso

La coincidencia entre el PSOE y las candidaturas más próximas a Podemos en este asunto se ha reproducido en el Congreso. El pasado noviembre, los socialistas y Unidos Podemos combinaron sus votos para sacar adelante una proposición no de ley –sin efectos jurídicos– por la que el Congreso pidió formalmente al Gobierno que reformase la ley de Estabilidad Presupuestaria para eximir de la regla de gasto a los ayuntamientos con cuentas saneadas. Y ambas formaciones también se pusieron de acuerdo en septiembre para iniciar la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos –que esta vez sí buscaba modificar la norma y no solo pedir cambios al Gobierno– en la misma línea.

La iniciativa de Unidos Podemos planteaba eliminar las limitaciones que impone la ley para elevar el gasto público para los ayuntamientos que tengan "superávit o equilibrio presupuestario" y una deuda "inferior al 110%" de su PIB. Asimismo, el texto buscaba la eliminación del apartado que indica en la Ley de Estabilidad que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública", y también planteaba que se supriman de la norma los artículos que establecen la posibilidad de aplicar medidas coercitivas para los ayuntamientos que incumplan los objetivos marcados.

La proposición de ley fue tomada en consideración en el Congreso el pasado diciembre con los votos a favor de PSOE y Unidos Podemos y el rechazo de PP y Ciudadanos. Pero la mayoría de la derecha en la Mesa de la Cámara baja ha bloqueado, de facto, la tramitación de la norma. Una vez el procedimiento fue puesto en marcha por el pleno, la iniciativa pasa a comisión y se abre un plazo para que los grupos presenten enmiendas al texto. Pero la Mesa ha ampliado nada menos que 19 veces dicho plazo, lo que, en la práctica, impide que la tramitación esté avanzando.

Un cambio en la interpretación

La izquierda ha denunciado en repetidas ocasiones esta práctica, que afecta tanto a esta como a otras muchas propuestas presentadas desde el inicio de la legislatura. No obstante, los consistorios aseguran que aunque lo ideal, a su juicio, sería aprobar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno tiene en su mano aliviar la presión sobre las cuentas de los ayuntamientos inmediatamente y sin hacer ni un solo cambio normativo. ¿La clave? Cambiar la "interpretación" que hacía el ministro Montoro de la regla de gasto, que según Jorge García Castaño, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid), no tenía "ni siquiera base normativa".

"Nosotros creemos que la regla de gasto debería eliminarse, pero simplemente haciendo una interpretación coherente con la que hace la Unión Europea sería suficiente" por ahora, explica a este respecto Fernando Rivarés. El concejal zaragozano apunta dos diferencias: en España, señala, "el déficit y el superávit" que deben tener los ayuntamientos "se calcula por año y no por legislatura, como en la UE", y además la interpretación europea dicta que "los gastos no habituales, por ejemplo las multas a pagar por condenas judiciales por acciones de anteriores equipos de Gobierno, no se computan" al ahora de hacer el cálculo del techo de gasto.

Óscar Puente, por su parte, también carga contra la aplicación indiscriminada de la regla de gasto. "No entiendo que si un ayuntamiento paga a los proveedores, no incrementa su deuda por encima del umbral establecido dentro de cada ejercicio y no genera déficit extra no pueda gastarse el dinero en lo que necesite", denuncia el alcalde de Valladolid. En su caso concreto, afirma, "el ayuntamiento tiene una deuda de menos del 40%, y encima genera superávit, y en lugar de gastar el dinero en lo que me hace falta, tengo que guardarlo o gastarlo en lo que no necesito". Puente, además, coincide con los ediles madrileño y zaragozano: "La regla es interpretativa por parte de Hacienda, y yo estoy convencido de que hay otra manera de interpretarla", asegura.

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La FEMP y Unidos Podemos se reunirán con el Gobierno

Que el descontento con la regla de gasto es generalizado entre los ayuntamientos lo demuestran también las quejas que sostiene al respecto la FEMP desde hace años. La organización liderada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya presionó para que Hacienda aumentara el número de inversiones consideradas financieramente sostenibles y, por tanto, permitidas para los ayuntamientos. Pero el objetivo final es librarse de esos grilletes y que los consistorios saneados tengan libertad para usar su "superávit sin la limitación de lo financieramente sostenible", en palabras del propio Caballero. Y, en cuanto al techo de gasto, el desacuerdo también es evidente: "No podemos estar con una norma que se vuelve obsoleta, que es ineficiente y que prima la ineficacia", sostuvo Caballero en febrero.

Vista la situación, los Gobiernos municipales urgen al nuevo Ejecutivo central para que tome medidas. El nuevo presidente, Pedro Sánchez, ha acordado reunirse con la FEMP para discutir las reivindicaciones de los municipios, y Unidos Podemos ha solicitado ya una reunión a Nadia Calviño y María Jesús Montero. "Tenemos mucha confianza en lo que pueda hacer el nuevo Gobierno, y vamos a darles un poco de tiempo, pero no mucho", afirma Jorge García Castaño, que plantea que lo más importante es que Hacienda cambie la interpretación de la regla de gasto "rápidamente para poder invertir ya este año". "Como muy tarde, el 15 de diciembre hay que cerrar la caja, así que la ministra tiene que tomar decisiones ya", sostiene por su parte Fernando Rivarés.